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Dios y política

Dejusticia
octubre 5, 2008

Publicado en: Semana

La tradicional hostilidad entre el pensamiento liberal y la religión no deja ver que entre los dos hay coincidencias.

 

Cada quien en su casa es libre de creer lo que quiera. Esta sencilla frase resume lo que pensaban, y lo que piensan, los liberales sobre la religión. Para ellos las creencias religiosas deben estar confinadas a la esfera individual, y por tanto, deben excluirse de los asuntos públicos y del Estado. Esto no les permite ver que la participación política de la religión y algunas doctrinas liberales pueden ser similares, y que son más los puntos de encuentro que las diferencias.

Las participaciones de la religión en la política no siempre han sido afortunadas. A lo largo de la historia puede verse que han servido para dar sustento ideológico a regímenes injustos. También los jerarcas religiosos han guardado un prudente silencio frente a los abusos cometidos por las dictaduras y otros regímenes totalitarios y no se puede olvidar que en algunas ocasiones algunos creyentes han tomado las armas para defender la religión de los ataques del gobierno, y en otras, han encontrado una justificación suficiente para atacar al gobierno y lograr su emancipación. Sin embargo, la intromisión de la religión en la política en muchas oportunidades ha sido valiosa.

Recordemos algunos ejemplos.

El Cardenal Paulo Arns, de la ciudad de San Pablo, fue un comprometido defensor de los derechos humanos en la época de la dictadura brasileña. Denunció los abusos del poder, y colaboró en la redacción del informe donde se dieron a conocer las torturas a las que fueron sometidas varias personas durante el régimen. Esta contribución fue muy importante para la transición de la dictadura a la democracia en Brasil.

En el Salvador Monseñor Arnulfo Romero se convirtió en la voz de aquellos que padecían los rigores de la guerra civil. Condenó la violencia estatal y desestimó el camino guerrillero para hacer los cambios sociales que necesitaba su país. En uno de sus sermones le pidió abiertamente a los soldados no disparar contra los campesinos porque “son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”.

Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla” Al día siguiente de esta declaración fue asesinado por un francotirador de uno de los grupos paramilitares apoyados por el gobierno de El Salvador.

El 15 de agosto de 2008 el ex obispo Fernando Lugo tomó posesión del cargo de presidente en el Paraguay que rompió con el dominio de 60 años del Partido Colorado. El mensaje de su discurso de posesión es de esperanza y renovación para la desgastada política paraguaya. Su compromiso con los más desfavorecidos en la diócesis de San Pedro, una de las más pobres de Paraguay, lo llevó a asumir el liderazgo de una coalición de diversos partidos políticos para ganar la Presidencia de la República y poner al Estado al servicio de los más necesitados.

En sus propias palabras: “Recurro a una frase de Josué de Souza para anunciar que yo renuncio a vivir en un país donde unos no duermen porque tienen miedo y otros no duermen porque tienen hambre”

Estas experiencias son un llamado a repensar el papel de la religión en la política. Si la religión se hubiera quedado en casa, tal y como quieren los liberales, a lo mejor miles de personas no se habrían movilizado a pedir a sus gobiernos el respeto por los derechos humanos y la situación sería aún peor. Las intervenciones de los religiosos y religiosas en comunidades aisladas y pobres les permitieron a ciudadanos y ciudadanas concientizarse de sus derechos y exigirlos.

Esto no puede ser objeto de reproche por parte de los liberales, pues ellos también reclaman y exigen al Estado respeto por los derechos humanos. En esto concuerdan. Por tanto, en vez crear antagonismos, que no son fructíferos para los dos, deberían tratar de comprender sus diferencias e ir detrás del objetivo común: el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.

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