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Discutamos sobre independencia judicial

Carolina Villadiego Burbano
enero 27, 2016

Publicado en: Instituto de Justicia Procesal Penal de México

Son diversas las noticias sobre los ataques contra la independencia judicial en la región. Pero una gran dificultad cuando se quiere discutir en torno al tema es que todo se mete en una misma canasta, entorpeciéndose no solo el análisis de las vulneraciones que sufre en cada país, sino la posibilidad de debatir seriamente sobre ella.

 

Son diversas las noticias sobre los ataques contra la independencia judicial en la región. Pero una gran dificultad cuando se quiere discutir en torno al tema es que todo se mete en una misma canasta, entorpeciéndose no solo el análisis de las vulneraciones que sufre en cada país, sino la posibilidad de debatir seriamente sobre ella.

El gran reto al que nos enfrentamos es comprender que la independencia judicial no tiene una sola acepción, sino distintas dimensiones, cada una con numerosas formas de afectación y garantía. Como lo ha dicho Owen Fiss, algunas de esas dimensiones son: i) la imparcialidad del juez al decidir un caso, ii) su autonomía interpretativa para apartarse de un precedente judicial, y iii) la independencia orgánica del Poder Judicial en sí mismo.

En México, por ejemplo, se escucha que la imparcialidad de los jueces está comprometida por la corrupción y el crimen organizado. En Venezuela el fiscal del caso contra el líder de la oposición Leopoldo López denunció presiones del gobierno para utilizar pruebas falsas. En Ecuador los jueces sienten afectada su independencia por procesos disciplinarios del Consejo de la Magistratura. En Argentina hubo voces según las cuales el gobierno de Kirchner fomentó la crisis del Consejo de la Magistratura. Y en Colombia los jueces cesan sus actividades porque, según ellos, el modelo de gestión que quiere implementar el Consejo de la Judicatura atenta contra su independencia.

¿Todas estas situaciones son equiparables? No lo creo. No es lo mismo que un fiscal denuncie que el gobierno lo obligó a fabricar pruebas contra una persona procesada o que los jueces sean intimidados por el crimen organizado, a que estos digan que su independencia es afectada porque el órgano que administra el Poder Judicial define modelos de gestión que no les gustan.

Como se ha visto, es cierto que la región atraviesa dificultades en esta materia, pero no todas significan lo mismo ni son necesariamente equiparables: es momento de debatir seriamente acerca de las distintas dimensiones de la independencia judicial y sus límites legítimos en un Estado de Derecho, así como sobre las mejores formas de garantizarla.

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