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Deforestación en un cultivo de coca en Colombia. | EFE

Un debate emergente para la política de drogas: el cambio climático y derecho a un ambiente sano

El sistema de Naciones Unidas no puede ignorar por más tiempo los llamados a alinear sus objetivos de política de drogas, cambio climático y protección del derecho a un ambiente sano.

Por: Luis Felipe CruzMarzo 27, 2024

Los derechos de las comunidades campesinas que cultivan hoja de coca, amapola o marihuana no son la prioridad en las sesiones de la Comisión de Estupefacientes que se celebra cada año en la sede de las Naciones Unidas en Viena. No obstante, en la CND 67 se expresó un creciente interés en avanzar en la conexión entre la política de drogas y los derechos humanos en general, particularmente en la relación entre el derecho a un medio ambiente sano, la naturaleza y los impactos del mercado ilegal en la emisión de gases de efecto invernadero. 

Pero aún persiste la falta de una visión desde el sur global y la coherencia entre las agendas que promueven las Naciones Unidas. El énfasis en el medio ambiente o el cambio climático, como conceptos abstractos, distrae de un enfoque fundamental: el derecho a un medio ambiente sano, supone la existencia de poblaciones cultivadoras de plantas ilegales que deben ser atendidas por los Estados. 

A continuación, se presentan algunos casos donde se aprecia la relación entre el derecho al medio ambiente y política de drogas en países como Colombia, Sudáfrica o Marruecos, pero que invitan a una reflexión al interior del sistema de Naciones Unidas para hacer más coherentes las políticas que impulsa. 

Política de drogas, mercado ilegal y medio ambiente

En los países de la cuenca del Amazonas existe un nexo entre la política de drogas, el crimen organizado transnacional, la deforestación y la minería ilegal. Mientras que en Colombia la mitad de las hectáreas de coca están ubicadas en zonas con algún tipo de protección ambiental. En Sudáfrica, por su parte, a causa de las acciones de erradicación de los cultivos de cannabis, también se ha visto un desplazamiento a zonas remotas y ecológicamente sensibles. Hasta el momento se han planteado las relaciones entre la política de drogas, la deforestación y el deterioro de los ecosistemas causados por el mercado ilegal de cocaína, sin llegar a un diagnóstico del problema de fondo: la guerra contra las drogas ha creado un mercado que afecta el medio ambiente y la política de drogas ha causado daños al derecho a un ambiente sano. 

Sabemos, por ejemplo, que a pesar de que la economía ilegal tiene un impacto reducido en la suma global del impacto ambiental, porque la extensión de los cultivos de uso ilícito es mínima con respecto a otras economías agrícolas, sí tiene un impacto considerable en la escala local, donde la producción de pasta base y el procesamiento de la hoja de coca no tiene una buena disposición de residuos y se presentan otros impactos que terminan afectando incluso el nivel de vida de las poblaciones rurales. 

Los cultivos de cannabis en la zona del Rif, al norte de Marruecos, han ejercido una presión ambiental sobre un sistema ecológico ya de por sí frágil, a través de la deforestación, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. En Sudáfrica, las áreas tradicionales de cultivos de cannabis o “dagga” enfrentan niveles de desempleo extremadamente altos, y es habitual que las familias extensas dependan de los ingresos de una sola persona para sobrevivir, lo que ha impulsado la creación de grandes áreas de monocultivo, a pesar de las aspersiones de glifosato. 

El valor estimado por la UNODC para las emisiones de carbono en la fabricación de cocaína a nivel mundial es de 8,9 millones de toneladas de CO2e por año. Para el cannabis, la huella de carbono total emitido por la producción en interiores se ubica en el rango de entre 2.300 y 5.200 kg de CO2e por kilogramo de flor de cannabis seca, mientras que en exteriores la cifra es apenas de entre 22,7 y 326,6 kg de CO2e por kilogramo de flor seca. 

De acuerdo con la Coalición internacional de reforma a la política de drogas y la justicia ambiental, existen tres vías claves en las que la política de drogas impide la justicia climática. La primera tiene que ver con la manera como la guerra contra las drogas ha impulsado la producción de drogas hacia áreas cada vez más cercanas a las áreas protegidas. En segundo lugar, genera un mercado ilegal que permite la reinversión de los beneficios de la producción de drogas en otras actividades extractivas (minería, extracción de madera, ganadería extensiva, etc.). Y la tercera, directamente causando daños a través del uso de pesticidas en las acciones de erradicación. 

El hecho de que el desarrollo alternativo siga siendo pensado como una estrategia de generación de recursos a partir de actividades agropecuarias, cuando la prohibición ha desplazado los cultivos a áreas sensibles ambientalmente, es un ejemplo de que las agendas de desarrollo, protección ambiental y de política de drogas no están conectadas. También es difícil pensar en regulaciones del cannabis que no atiendan las preocupaciones medioambientales, el uso intensivo de agua o la exclusión de pequeños cultivadores, lo que plantea serios problemas para avanzar en el desarrollo sostenible de las regiones pobres donde se cultivan las plantas.  

El sesgo agropecuario de la sustitución de cultivos ilícitos en los países productores de coca, amapola o cannabis, es problemático, porque implica cambio de usos de los suelos en los ecosistemas protegidos, o en su peor versión, implica que las familias que están dentro de zonas protegidas son dejadas de lado porque los estados dan mayor énfasis a la protección de los ecosistemas antes que dar derechos a las personas que habitan en ellos. Por ejemplo, la agenda de cooperación para prevenir la deforestación en la Amazonía colombiana puede llevar a un modelo de desarrollo alternativo en el que las familias cocaleras son obligadas a pactar acuerdos de conservación que limitan el acceso a la tierra y otros derechos sin solucionar el ingreso de las familias.

Oportunidades para la coherencia 

La guerra contra las drogas no sólo causa impactos, además la existencia misma de los mercados legales o ilegales de cannabis u otras sustancias pueden generar un uso intensivo de los recursos naturales que plantean un conflicto por su acceso en regiones especialmente vulnerables al cambio climático. Es pertinente hablar del mundo posterior a la «guerra contra las drogas», donde las consecuencias de la política antidroga tienen que medirse incluso en escenarios regulados. La conexión entre el medio ambiente y la política de drogas no se limita a la fumigación aérea con glifosato o a la huella de carbono del mercado ilegal.

El sistema de Naciones Unidas no puede seguir apartando la vista a los llamados por reformar la política de drogas y esto incluye un mandato para alinear las políticas de drogas, de cambio climático y de protección al derecho al medio ambiente sano al interior de las Naciones Unidas. Para lograr esta reforma articulada y coherente del sistema debemos entender mejor los impactos que tiene la economía ilícita de las drogas y las estrategias usadas para hacerles frente en el derecho al medio ambiente sano. Es decir, en medio de las tensiones entre los espacios de Naciones Unidas de Viena y Ginebra, la política de drogas no puede ignorar por más tiempo el hecho de que las poblaciones donde se está implementando la guerra contra las drogas también son quienes más han visto afectados el derecho al medio ambiente sano. 

La primera oportunidad es la implementación de la posición común del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la aplicación de la política internacional de fiscalización de drogas, que promueve los medios de subsistencia a través de políticas de drogas orientadas al desarrollo a largo plazo en las zonas rurales, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. La segunda oportunidad es el seguimiento del informe sobre desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar el problema de las drogas, que preparó la OHCHR para la CND 67 en el que señaló como uno de los retos de la política de drogas el disfrute del derecho a un medio ambiente limpio y sano como derecho humano universal.

Y la última oportunidad, es el proceso de observación general sobre los derechos económicos, sociales y culturales que adelanta el Comité DESC. Es una ventana para reconocer los efectos de la política de drogas y del mercado ilegal sobre los DESC de las poblaciones rurales, en particular el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al trabajo, la seguridad social y el derecho a un medio ambiente sano. Y de paso, garantizar que las iniciativas de protección del medio ambiente estén en consonancia con las políticas de drogas basadas en los derechos humanos para evitar repetir los errores perjudiciales de la guerra contra las drogas dentro de las estrategias de conservación del medio ambiente.

Si queremos políticas de drogas que aborden los retos medioambientales y protejan los derechos de las poblaciones campesinas a un medio ambiente sano, debemos considerar la cuestión como un asunto de derechos humanos y no sólo como un problema de economía ilegal o de aplicación de la ley. Esta perspectiva nos impulsa a perseguir fines alternativos, por ejemplo, la provisión de derechos para las personas ligadas a la siembra de plantas declaradas ilícitas. 

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