Por Sofía Forero Alba y Christy Crouse

El pasado 8 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un estado de excepción tras los disturbios ocurridos en varias cárceles del país y la fuga de José Adolfo Macías, alias “Fito”. Mediante dicha declaratoria, facultó a las fuerzas militares para encargarse de tareas de seguridad interna como estrategia inmediata para hacer frente a los problemas de seguridad. La crisis de seguridad es el resultado de otras causas más profundas que vienen presentándose en el país en años recientes. Su solución pasa por la implementación de políticas integrales y de largo plazo que incorporen una perspectiva regional y tengan en el centro la protección de los derechos humanos. 

¿En qué consiste el problema de seguridad en Ecuador? 

En las últimas dos semanas, la situación de violencia en Ecuador se ha desbordado. A raíz de la fuga de Macías, quien es uno de los líderes de “Los Choneros”, una de las organizaciones criminales más relevantes en el país, se incrementaron fuertemente los actos violentos. Estos actos incluyen el secuestro de policías, explosiones de vehículos, motines carcelarios, retenciones de funcionarios en las cárceles y hasta el asalto violento de un canal de televisión en vivo. También fue asesinado el fiscal que estaba investigando el asalto del canal. 

Pero aunque esta ola de violencia es espantosa, no es inesperada si tomamos en cuenta el  contexto de seguridad en el país durante esta década. El país ha experimentado en los últimos años: un avance del poder de las organizaciones criminales que tienen una fuerte participación en el narcotráfico; la incapacidad del sistema penitenciario de controlar la delincuencia en su interior; y serias amenazas a la democracia y la gobernabilidad, incluyendo el asesinato a un candidato presidencial en 2023. 

Estos y otros factores han contribuido a una escalada de la violencia letal en el país. En una columna reciente, Rodrigo Uprimny señaló la creciente tasa de homicidios en Ecuador con más de 7.600 asesinatos, muy por encima de los 4.600 en 2022 y los 2.100 en 2021. Se pasó de 7 homicidios por 100.000 habitantes en 2020 a más de 43 el año pasado. UNICEF ha subrayado que fueron registrados al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes en el país en 2023, un aumento del 640% respecto a la cifra de 2019. 

Como resultado, Ecuador es el lugar más inseguro de América Latina, como lo sugiere una encuesta de percepción de Gallup, y por eso muchas personas han comenzado a migrar. 

En este contexto, el presidente Noboa decretó un estado de excepción para responder a estas amenazas a la seguridad pública y ordenó al ejército salir a las calles para restablecer el control y la seguridad. En el decreto nombró la situación como un “conflicto armado interno” y declaró el estado de guerra contra unos veintidós grupos criminales que operan en su territorio. Esta declaración implica un uso excepcional de las fuerzas militares –mucho menos restringido que en la normalidad– por parte del estado en contra de las amenazas señaladas. Esto puede tener graves consecuencias en los derechos y libertades de las personas. 

Seguridad y democracia en América Latina 

La seguridad en Latinoamérica es de alta complejidad y gravedad ya que afecta la calidad de vida democrática de las poblaciones. Aunque se vive de forma diferenciada en los distintos países, es un problema regional en su esencia y requiere soluciones colaborativas porque los actores ilegales actúan de forma transnacional, la criminalidad y las diferentes formas de violencia de las que hacen uso no se circunscriben a fronteras concretas. Los problemas de seguridad –como este de Ecuador– tienen efectos de onda que tocan a los países fronterizos como Colombia y otros de la región. 

Las problemáticas de seguridad que no han sido atendidas ni resueltas de fondo son una constante, convirtiéndose en una preocupación fundamental para las personas en varios países de la región. Cada vez es más  evidente que las personas están dispuestas a ceder ciertos derechos y libertades si, a cambio, los gobiernos prometen implementar políticas eficientes  para controlar el crimen. Estas estrategias suelen asumir la fórmula de la mano dura y generan  amenazas a  los derechos humanos. En la mayoría de los casos, resultan en detenciones arbitrarias que vulneran el debido proceso y la presunción de inocencia, a la vez que no son transparentes con la información relacionada con seguridad. Este, por ejemplo, es el caso de El Salvador, donde el gobierno de Bukele decretó un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, que continúa hasta la actualidad, y que ha cometido graves vulneraciones de derechos humanos con la justificación de resolver los problemas de seguridad asociados a las pandillas.  

El Latinobarómetro, es un estudio de opinión pública que se aplica anualmente en 18 países de América Latina y mide, entre otros, el apoyo y la satisfacción con la democracia. Para el año 2023, sus resultados muestran que sólo el 28% de los habitantes de la región estaba satisfecho con el desempeño de la democracia, mientras que el 69% estaba insatisfecho. Además, en este mismo año, el 17% de las personas entrevistadas consideró que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”, lo que evidencia un aumento respecto del 13% en 2020. 

En Ecuador, particularmente, solo el 12% está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en su país, respecto al 87% que está insatisfecho, y el 19% considera que un gobierno autoritario puede ser preferible en algunos casos. 

Esta evidencia sugiere que en América Latina las personas están dejando de respaldar la democracia y los valores que la sustentan. Esto parece asociado a la percepción de que la democracia no ha logrado satisfacer las demandas ciudadanas en temas socialmente valorados como relevantes, como la seguridad.

La agenda de seguridad y los derechos humanos 

En Ecuador, Noboa ganó las elecciones presidenciales anticipadas con la promesa de enfrentar la criminalidad y el narcotráfico. No obstante, son varios los riesgos en materia de derechos humanos cuando la seguridad se enfrenta a través de un estado de excepción. Esta figura le permite al presidente, de manera extraordinaria y transitoria, expedir medidas o acciones para enfrentar una crisis sin pasar por algunos controles o procedimientos que se aplican ordinariamente. 

Las políticas de securitización y militarización generan enormes riesgos porque las fuerzas militares no están capacitadas para manejar labores de seguridad interna. Desde hace varias décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que “dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”. 

Además, los combates entre fuerzas armadas y grupos criminales pueden afectar de manera desproporcionada a la población. Pueden, por ejemplo, causar muertes o daños graves a la integridad personal, o favorecer detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas e incluso promover tratos discriminatorios.En el caso de Ecuador, particularmente, se ha venido observando una militarización de la policía en las décadas recientes, así como una securitización de la política criminal, lo que pone en riesgo los derechos humanos y erosiona las bases del gobierno civil.  Al final, ya ha sido demostrado en otros países que han aplicado las mismas políticas, cómo México, que éstas no reducen la criminalidad ni resuelven los problemas de fondo. 

¿Salidas a la actual crisis en Ecuador? 

La crisis de seguridad en Ecuador es una problemática que permite pensar los desafíos que está enfrentando la democracia en la actualidad: las personas se sienten inconformes con su desempeño y están dispuestas a ceder libertades si, a cambio, los gobiernos ofrecen seguridad. Pero también hace que sea evidente, cada vez más, que hay problemáticas que son transversales en América Latina y deben afrontarse atendiendo a una perspectiva regional, como la seguridad, el narcotráfico o la corrupción. Estos son fenómenos que tienen implicaciones graves en muchos países de la región y, cada vez más, la criminalidad, violencia y demás problemas asociados a la seguridad operan sin los límites que proporcionan las fronteras, excediendo la capacidad de los gobiernos y los marcos jurídicos con que cuentan los países para enfrentarlos. 

Noboa tiene razón en que esta problemática excede las fronteras de Ecuador y requiere de cooperación internacional, pero las acciones para combatirla deben ir mucho más allá del apoyo en armamento o inteligencia, sino trabajar en la implementación de políticas integrales, que ataquen problemas de fondo. A su vez, que estas políticas tengan un enfoque regional y haya un esfuerzo de coordinación entre los países, porque es un fenómeno que lo requiere y ya se ha evidenciado que las medidas nacionales resultan insuficientes. En este sentido, no hay que olvidar que la protección de los derechos humanos es esencial, mucho más en los estados de excepción, y que cualquier medida o acción concreta para enfrentar estas crisis debe ejecutarse en el marco de su garantía plena.