El gobierno Trump ha decidido concentrarse en la persecución del crimen internacional duro de carteles de drogas y migrantes. Para hacerlo, no sólo ignoró el conflicto de intereses flagrante de Elon Musk con control de DOGE y sus millonarias empresas que conllevará una cleptocracia, sino que decidió suspender la sanción del crimen transnacional de cuello blanco de sobornos y coimas.  Hoy me concentro en los primeros impactos de esta suspensión.

Con la excusa de que se crea una cancha desequilibrada para los negocios gringos, Trump suspendió por 6 meses en febrero pasado el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) que prohíbe a las personas naturales y jurídicas con lazos en EEUU pagar u ofrecer coimas para conseguir negocios fuera de Norteamérica. Alega la Casa Blanca que hay implementación excesiva de esta ley, con lo que se ha perjudicado la competitividad de sus empresas en el mercado global, generando imposibilidad de acceder a minerales y puertos estratégicos. Pero todos sabemos que lo que quiere Trump es beneficiar a las grandes empresas gringas que quieren sacar a los chinos de la competencia, pagando mejores coimas que ellos y con ello seguir retrocediendo éticamente para que se aplique la ley del más fuerte. 

Según la Universidad de Stanford, la FCPA había mantenido un cierto control y recuperado al menos 24 Billones de USD en la última década, por concepto de sanciones frente a extorsiones o sobornos de aproximadamente 11,2 Billones de USD, pagadas en países como China, Brasil e India que al parecer eran los países más propensos a este tipo de corrupción. En el 2020, Airbus pagó 3,6 Billones de USD como sanción al soborno en el extranjero y ahora se suspenden investigaciones como una en curso contra el grupo de uno de los hombres más ricos de Asia, Gautam Adani.

La FCPA ha impulsado una estrecha cooperación en materia de recopilación de pruebas y procesamientos a lo largo de los años entre las autoridades estadounidenses y sus homólogas en Brasil, Colombia, México, Perú y otras jurisdicciones. La aplicación de la FCPA ha ganado un nivel de tracción en América Latina que no se ha visto en otras partes del mundo, como se desprende de la creación de la oficina del FBI en Miami. Importantes empresas latinoamericanas, como Petrobras, Braskem, Odebrecht, LAN Airlines, Embraer, Grupo Aval y Cemex, han sido objeto de investigaciones o de la aplicación de la FCPA en los últimos años. Esto se debe a su condición de empresas que cotizan en bolsa en los EE. UU. o al hecho de que los esquemas de corrupción en los que estuvieron involucradas afectaron a los EE. UU.

La FCPA no sólo es éticamente idónea porque impide caer en la ley de la selva donde los negocios se los gana el más grande que paga la coima más alta y el que menos escrúpulos tenga, sino que también protege tanto a las empresas norteamericanas como a las internacionales, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas, porque elimina las barreras que resultan de estas coimas que sólo pueden pagar las grandes empresas. Además, la FCPA impulsó una tendencia internacional en la que las empresas con programas de compliance han jugado un rol clave en la lucha contra la corrupción y su suspensión puede afectar seriamente o revertir esta tendencia, disminuyendo la presión sobre otras naciones para adoptar y aplicar leyes similares. Nos toca entonces buscar sucedáneos.

En Colombia nos queda la opción de disuadir al corrupto y recuperar pérdidas de la corrupción a través de las indemnizaciones del daño colectivo a la sociedad al igual que el de las víctimas individuales. Sin embargo, se trata de una posibilidad que está apenas en camino. En los tribunales colombianos la cosa no pinta bien porque el Consejo de Estado se ha empeñado en enterrar el rol indemnizatorio de la acción popular, creada legalmente para combatir las afectaciones a derechos colectivos y la exprocuradura Margarita Cabello dejó voluntariamente de representar a las víctimas colectivas en el caso de corrupción Odebrecht-Aval. 

En el nivel global, sigue quedando el factor disuasivo de la jurisdicción extraterritorial de algunas normas norteamericanas como el Foreign Narcotics Kingping Act  y el Anti-Money Laundering Act, aunque desafortunadamente no están concebidas para la lucha contra el crimen internacional de cuello blanco. Y, como veremos del artículo sobre la fórmula italiana y de la entrevista de la Profesora Roht-Arriaza, debemos insistir en la combinación de todas las formas legales de lucha contra la gran corrupción.