EL CIERRE DE LA REVISTA CAMBIO HA producido reacciones políticas y sociales de todo tipo.

No es para menos; con la escasez de medios de comunicación independientes que hay hoy en Colombia, semejante decisión no sólo afecta la calidad del periodismo sino la del sistema democrático. Ante la gravedad de ese hecho, Javier Darío Restrepo, uno de los periodistas más autorizados y respetados del país, dijo lo siguiente: “Hay una forma de terrorismo más dañina que la que explota bombas, que al fin y al cabo sólo destruye edificios, y es la que silencia periodistas, revistas y periódicos”.

Con toda la admiración que profeso por Javier Darío Restrepo, me parece que su afirmación es desatinada. Uno puede decir muchas cosas a propósito del cierre de la revista Cambio: que los dueños de El Tiempo son unos hipócritas, que están vendidos al gran capital, que su menosprecio por el periodismo serio e independiente es tan grande como su indolencia por las instituciones democráticas, etc.; todo eso puede ser dicho en este debate. Pero otra cosa es decir que son unos terroristas. Más aún, uno podría aceptar, en gracia de discusión, que una mala política, un mal gobierno o un mal periódico, a la larga, le hacen tanto daño a una sociedad como una bomba puesta por un terrorista. Pero de ahí no se puede concluir, ni mucho menos, que lo que causa ese daño social sea un acto terrorista. Algo va de hacer explotar un avión o de masacrar campesinos, a cerrar un periódico.

En un país que tiene grupos armados ilegales en los dos extremos de su espectro político siempre existe la tentación de que cada posición democrática acuse a su opuesta de estar aliada con el grupo ilegal que está de su lado del espectro. Es muy fácil para la extrema derecha legal acusar a la izquierda de guerrillera y para la extrema izquierda legal acusar a la derecha de paramilitar. El primero en contaminar el debate político con este tipo de imputaciones fue el presidente Uribe y los miembros de su gobierno. Periodistas, líderes de Derechos Humanos y hasta profesores universitarios han sido acusados de complicidad con el terrorismo. Algunos representantes de la izquierda más radical, por su parte, reaccionan tachando al Presidente de paramilitar y a su gobierno de mafioso. Pero este tipo de lenguaje no sólo contamina el debate democrático, sino que, al incluir a los actores armados en el debate político, les proporciona cierta legitimidad y, por esa vía, contribuye a la reproducción del conflicto armado.

Uno de los bienes más valiosos que tiene una sociedad ordenada y democrática es el rechazo unánime que allí existe a los actos terroristas. Con la misma fuerza con la que se promueve el disenso en la política se defiende el consenso en contra del terrorismo. Pero en Colombia ambas cosas son precarias y ello justamente porque los actores sociales y políticos, empezando por el mismo Gobierno, incorporan el lenguaje propio de la descalificación terrorista al lenguaje propio de la crítica política.

Ahora que nos adentramos en la campaña presidencial quizá valga la pena recordar las siguientes palabras de Fernando Savater: “Las guerras se alimentan ante todo de palabras… El silencio y el olvido de las palabras guerreras acaban mejor con los conflictos armados que cualquier bienintencionada conferencia de paz. Echar más palabras a la guerra no es como lanzar aceite al agua tormentosa sino como echar leña al fuego”.