Un año nefasto para la justicia colombiana.

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Llegó diciembre con su alegría, con su agobiante montonera y bueno, también, con sus infaltables balances de año. A riesgo de caer en el lugar común, me lanzo al agua con mi propio balance de la justicia colombiana. Conclusión: la justicia peló el cobre y perdió el año.

Son muchos los frentes que uno podría analizar: el fracaso de la reforma a la justicia, los líos del paro judicial, la paradoja de Santoyo (allá lo condenan, aquí levantan su sanción disciplinaria), la demora de la Corte Constitucional para decidir la tutela de las mamás lesbianas, en fin… Aquí, sin embargo, me quiero concentrar en un problema, a mi juicio estructural y de los más graves, que este año se hizo evidente: el clientelismo judicial.

Traigo a colación tres ejemplos de las altas cortes, supuestamente las más transparentes y visibles.

Primero, la reforma a la justicia. La oposición de las Cortes a una reforma escandalosa duró hasta que les dieron gusto y se incluyeron en el proyecto beneficios personales para los magistrados actuales. Les prometieron periodos más largos y un aumento en la edad de jubilación, y con eso comieron callados. De la férrea oposición a la reforma, las altas cortes pasaron a un silencio cómplice.

Segundo, la nominación del procurador. El Consejo de Estado y la Corte Suprema se pelearon por quién nominaría primero a Ordóñez para que fuera relegido Procurador. La Suprema ganó el pulso cuando – sin ni siquiera hacer convocatoria pública, ni concurso, ni audiencia- se adelantó y lo nominó. Pero el Consejo de Estado no se quedó con las manos vacías: tanto consejeros de Estado como magistrados de la Suprema consiguieron puestos para familiares suyos en la Procuraduría. No se pueden quejar.

Tercero, el famoso carrusel de nombramientos. Dos perlas para ilustrar la cosa: Francisco Ricaurte y Pedro Munar terminaron este año su periodo como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de irse lograron que sus mismos compañeros los eligieran como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura (la Corte Suprema elige dos de los seis magistrados de la Sala Administrativa). Desde el nuevo cargo, además de dirigir la Rama Judicial, Ricaurte y Munar podrán elaborar listas de candidatos a partir de las cuales la Corte Suprema elige sus propios magistrados. ‘Yo te nombro, tú me nombras’, negocio redondo.

Los tres casos son graves, pues se trata de funcionarios de las altas cortes, que cumplen funciones de cierre y administración de la Rama Judicial. Tampoco son casos nuevos; son síntomas de problemas históricos profundos que este año se hicieron evidentes y que en años anteriores parecían ajenos al caso colombiano.

No sorprende, entonces, que la opinión pública le pase cuenta de cobro a la justicia. Según la más reciente encuesta Gallup, la desfavorabilidad del sistema judicial alcanzó este año niveles exorbitantes: mientras que el promedio histórico había sido de 47,4% hasta 2011, en 2012 llegó a 71%, la cifra más alta desde que Gallup incluyó esta pregunta en su encuesta bimensual (marzo de 2005).

En resumidas cuentas, este año la justicia peló el cobre. Una buena parte de las altas cortes vendió su independencia judicial -tan útil en épocas aciagas que a veces creemos superadas- a cambio de beneficios personales. En lugar de seguir los principios de transparencia e independencia, la justicia dejó en 2012 una imagen de mangualas y captura política.