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El carcelazo a los funcionarios de AIS

Miguel Emilio La Rota
abril 14, 2011

Publicado en: La Silla Vacia

La decisión de este lunes de detener a los ex-funcionarios del Ministerio de Agricultura es arbitraria.

 

La decisión de este lunes de detener a los ex-funcionarios del Ministerio de Agricultura es arbitraria. No respeta la presunción de inocencia, ni las exigencias legales para encerrar a alguien mientras transcurre el juicio.

No sé si alguno de los cuatro es inocente o culpable. En aras de la transparencia, revelo que conozco a Camila Reyes, con quien estudié en el pregrado. Pero no conozco en detalle los argumentos a favor o en contra, que asumo serán estudiados en el juicio. Y ese es justamente el asunto: la decisión de detener a alguien durante el proceso es, en buena medida, independiente a lo que se discute en el juicio acerca de los méritos para absolver o condenar.

Para que las personas no paguen cárcel antes de ser declaradas culpables, la prisión sin condena es excepcional. Sólo aplica si es necesaria para evitar que la persona se escape, manipule pruebas del proceso, o resulte peligrosa para la sociedad o la víctima.

Para cumplir estos requisitos, la ley establece criterios. Por ejemplo, para decidir si es probable que el imputado se vuele, se deben considerar sus lazos con la comunidad que le hagan más difícil huir. O para saber si la persona es un peligro para la comunidad, se deben tener en cuenta sus antecedentes penales y si podría continuar la actividad delictiva.

La Ley también dice que para detectar si existe un peligro para la sociedad, el juez debe considerar la gravedad del delito que presuntamente cometió. Pero la Corte Constitucional señaló que en todo caso es necesario valorar si la detención cumple con los fines últimos de la detención. La gravedad del delito, por sí misma, no implica la detención preventiva.

El fiscal tiene que fundamentar cuidadosamente su solicitud para justificar la excepción a la libertad y el juez ha de decidir con pruebas acerca de si se cumplen estos requisitos. Pero el lunes esto no sucedió. Tanto el Fiscal como el Juez esgrimieron un argumento genérico acerca de la gravedad de la corrupción de AIS y el daño causado a la comunidad. El fundamento para la detención fue que el delito era muy grave. No se refirieron específicamente a las razones por las que se cumplían los requisitos legales. No tuvieron en cuenta la jurisprudencia de la Corte. El Juez ni siquiera estudió por separado si se presentaban los criterios para cada uno de los imputados.

Los cuatro han puesto la cara durante todo el proceso. No trabajan más en el Ministerio. Algunos tienen niños pequeños. No tienen antecedentes. No hacen parte de una organización criminal. Nos los acusan de enriquecerse ellos mismos. ¿De dónde sale la prueba de que representan un peligro para la comunidad si quedan libres durante el proceso? ¿Qué peligro hay para la sociedad que pasen el juicio en su casa?

Lo que sucedió con AIS es rechazable y quienes hicieron trampa deben ser juzgados. Pero, con decisiones arbitrarias no se puede compensar la debilidad de la administración de justicia para investigar y vencer en juicio a los cerebros de los grandes delitos.

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