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El cierre de los espacios cívicos: ¿Qué está pasando y qué podemos hacer?

Camila Bustos
abril 17, 2017

Publicado en: Global Rights Blog

Además de la amenaza del populismo, los derechos humanos se enfrentan a otro fenómeno distinto, pero relacionado: la reducción de los espacios de la sociedad civil en todo el mundo.

 

A principios de este año, el Informe de Riesgos Globales creado por el Foro Económico Mundial informó sobre “una nueva era de libertades restringidas y un mayor control gubernamental.” Freedom House y el Monitor de CIVICUS han recopilado datos sobre las crecientes restricciones a la libertad de reunión, expresión y asociación alrededor del mundo en la última década. El crecimiento global de gobiernos populistas y su impacto en los derechos humanos también ha sido bien documentado. Sin embargo, además de la amenaza del populismo, los derechos humanos se enfrentan a otro fenómeno distinto, pero relacionado: la reducción de los espacios de la sociedad civil en todo el mundo. Esto se refiere a un patrón global de represión contra las organizaciones de la sociedad civil por medio del cual los gobiernos utilizan diferentes métodos para reducir el espacio cívico, lo cual también lo hace muy difícil de definir y combatir.

Como alguien que ha trabajado en organizaciones sin ánimo de lucro, a menudo doy por sentado el significado del término “sociedad civil”. No hay una sola definición, ya que el término es altamente discutido, históricamente fundado, y dependiente del contexto. Sin embargo, en aras de la brevedad y el pragmatismo, lo usaré a lo largo de esta entrada para referirme a cualquier grupo, asociación u organización que no forme parte del aparato estatal (por ejemplo, departamentos, agencias, ministerios, etc.) o del sector privado.

El cierre de los espacios de la sociedad civil se ha convertido en un tema muy debatido, en su mayoría siendo los activistas, académicos y defensores de derechos quienes discuten sus causas y efectos. Este fenómeno mundial apunta a las serias amenazas contra las libertades cívicas y los derechos políticos – a través de restricciones a la financiación extranjera, obstáculos en el registro de organizaciones, detenciones arbitrarias y campañas de difamación contra las ONGs –  que han hecho que los financiadores y las organizaciones cuestionen sus estrategias actuales. En Dejusticia, también hemos estado trabajando para entender mejor y proponer soluciones a este problema.

CIVICUS Monitor 2017. 

Monitor de CIVICUS, 2017.

Aunque se ha escrito mucho sobre esto recientemente, esto no es un fenómeno nuevo. Las organizaciones que desafían el status quo rara vez han tenido la libertad completa para operar y han enfrentado históricamente la represión por parte de los gobiernos, particularmente por aquellos que no son democráticos.

Reconocer y comprender mejor este fenómeno y el contexto actual es muy importante para quienes se preocupan por los temas de justicia social, ya que el cierre del espacio cívico en todo el mundo socava los derechos humanos de tres maneras principales. En primer lugar, de manera directa, el cierre de espacios de organizaciones que trabajan para defender los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales o culturales afecta ampliamente la protección de los derechos. Segundo, en el acto de reprimir a individuos u organizaciones, los gobiernos también están violando sus obligaciones de derechos humanos a través del uso de la violencia, el acoso y las amenazas. En tercer lugar, al descuidar o no proteger a los actores de la sociedad civil, incluidos los defensores de derechos humanos, los Estados están violando directamente los derechos económicos, sociales y culturales.

Las estrategias utilizadas por el gobierno varían dependiendo de la región y el país. A continuación, presento algunos ejemplos de este fenómeno

Después de que la revolución de 2011 no asegurara la democratización en Egipto, el gobierno lanzó una campaña para reducir los espacios de la sociedad civil, despojando a las organizaciones de fondos, siguiendo de cerca sus actividades, amenazando a los activistas con ser procesados y utilizando campañas de difamación para enmarcar a la sociedad civil como el enemigo público.

En Turquía, el gobierno bajo Recep Tayyip Erdogan, especialmente después del intento de golpe del año pasado, ha tenido mucho interés en acabar con la oposición. Ha reducido el sector de servicios públicos, ha atacado a periodistas y académicos, ha cerrado casi 140 medios de comunicación y ha suspendido a 370 ONGs debido a sus presuntos vínculos con la oposición.

En las Filipinas, muchos temen que la guerra contra las drogas del presidente Duterte sea parte de un plan más amplio para silenciar la disidencia. Basándose en narrativas similares que pintan a la oposición como poco fiable, corrupta o anti-nacional, Duterte incluso ha respaldado la muerte de periodistas “corruptos”.

A pesar de su carácter democrático, en Kenia hubo esfuerzos en el 2015 para aprobar una ley que habría requerido un límite del 15% de la financiación extranjera para cualquier organización. La propuesta habría causado la pérdida de 240.000 trabajos, la pérdida de acceso a servicios básicos para millones en todo el país y la posible desaparición de todo el sector de ONGs que trabajan en derechos humanos y rendición de cuentas.

Members of civil society and gender organizations marching in the street of Nairobi on Thursday, October 31, 2013, to protest against rape case unpunished by police. Photo credit: Avaaz

Miembros de la sociedad civil y organizaciones de genero marchan en Nairobi en el 2013 para protestar en contra de la impunidad de policías acusados por violaciones. Foto: Avaaz

El fenómeno no se limita sólo a los países del Sur Global. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la policía de Ferguson, Missouri violó los derechos de manifestantes al usar tácticas militares para disipar las protestas sociales y también impidió los esfuerzos de rendición de cuentas. Durante la administración anterior de Canadá bajo el Ministro Harper, la Agencia de Ingresos dirigió una campaña contra las ONGs que participan en “actividades políticas”. Esto resulto en varias organizaciones cambiando sus discurso e incluso cerrando del todo.

Si bien hay similitudes en todos estos países, hay características únicas en cada uno, lo que complica aún más el hallazgo de soluciones. Por lo tanto, el problema requiere nuevos y más innovadores tipos de resistencia.

Estrategias como aprovechar las contra-narrativas que puedan movilizar a la opinión pública, trabajar en las principales causas de la represión, utilizar la tecnología para aumentar la visibilidad del fenómeno, establecer formas alternativas de registro, establecer una plataforma para intercambiar formas en las que el fenómeno se manifiesta globalmente  y re-imaginar radicalmente la forma en que funcionan las redes y las coaliciones son sólo algunos de los diferentes enfoques que se han sugerido para tratar este problema.

Algunos de los factores que impulsan el fenómeno están relacionados entre sí y deben abordarse de manera conjunta. Por ejemplo, el cuestionamiento sobre la legitimidad de organizaciones puede surgir del hecho de que una organización depende únicamente de fuentes externas de financiación. Por lo tanto, la búsqueda de nuevas formas de apoyo financiero también puede aumentar la legitimidad y la confianza en las organizaciones.

Por supuesto, no existe una solución única, pero debemos seguir haciendo más visible este problema sistemático y entender cuáles pueden ser las formas más eficaces de responder.

Foto: Alisdare Hickson

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