El complejo de inferioridad

Por: Diego E. López Medinamarzo 30, 2007

En un reciente artículo del latinoamericanista Jorge Esquirol (Florida International University) se examina el profundo complejo de inferioridad que parece asaltar a las instituciones jurídicas de América Latina. Según el autor, el complejo de inferioridad consiste en demeritar sistemáticamente las propias instituciones frente a las de otros suponiendo, de un lado, que todo lo propio es disfuncional, politizado e ineficaz, mientras que se imagina, del otro lado, que las instituciones político-jurídicas de otros países prestigiosos son por naturaleza altamente funcionales, eficaces y despolitizadas.


|

En un reciente artículo del latinoamericanista Jorge Esquirol (Florida International University) se examina el profundo complejo de inferioridad que parece asaltar a las instituciones jurídicas de América Latina. Según el autor, el complejo de inferioridad consiste en demeritar sistemáticamente las propias instituciones frente a las de otros suponiendo, de un lado, que todo lo propio es disfuncional, politizado e ineficaz, mientras que se imagina, del otro lado, que las instituciones político-jurídicas de otros países prestigiosos son por naturaleza altamente funcionales, eficaces y despolitizadas.

Las fuentes de esta visión distorsionada son múltiples: así, por ejemplo, nuestra idealización del “primer mundo” jurídico es tan solo un ejemplo más del esnobismo cultural que permea nuestras actitudes cotidianas. Cuando se piensa en “Francia”, “Alemania” o “Estados Unidos” (así, entre comillas) es como si no estuviéramos al frente de sociedades reales, sino de entes abstractos que han llegado de manera mágica a resolver los múltiples problemas que aquí parecen irresolubles: en primer lugar, parece que en todos estos lugares el derecho es un intermediario técnico y neutral de la política y que la política allá no tiene largos tentáculos que le permitan alcanzar el derecho y “desnaturalizarlo”. Esta visión prístina e impoluta de otros sistemas normativos (en la que se desconocen o ignoran sus inconsistencias, yerros y disfuncionalidades) parece ser, además, la causa directa del bienestar económico del que disfrutan estas sociedades.

Según Esquirol, la idea que nuestro derecho es “fallido” se ha enraizado definitivamente en la imaginación tanto de legos como de profesionales del derecho. Que nuestro derecho sea “fallido” significa, en primer lugar, que no tiene el mismo “éxito” de sus contrapartes del norte: parece, en primer lugar, que muchas de nuestras normas se encuentran mal diseñadas y que, por tanto, son ineficaces para alcanzar los objetivos que dicen tener; se sostiene, en segundo lugar, que quienes practican el derecho, pero particularmente los jueces y funcionarios públicos, son marcadamente ineficientes y corruptos; finalmente, se piensa que la eficacia del derecho latinoamericano (es decir, la posibilidad que sus sanciones se apliquen de manera consistente frente al ilícito) está minada por niveles exorbitantemente altos de impunidad. En su formulación más radical se llega a decir que el derecho de América Latina tiene deficiencias tan serias que en realidad no cumple con los requisitos mínimos exigidos por el rule of law.

Sería tonto, y ciertamente esa no es mi intención, tratar de pretender que todo funciona bien. Sin embargo, es tan irreal decir que el sistema jurídico de Colombia es inmaculado, como aceptar que en toda comparación siempre salimos perdiendo. Creer, como hacemos, que las propias instituciones son sistemáticamente ineficientes y corruptas afecta la legitimidad de las mismas. Y la eficiencia y honestidad a la que se aspira es siempre un tema comparativo: ¿cómo son en realidad los paradigmas a los que aspiramos? ¿Tenemos en realidad una comprensión crítica y completa de los sistemas extranjeros, o sólo narraciones apologéticas del desarrollo institucional de estos países prestigiosos?
Para ilustrar esta tesis quisiera hablar brevemente de un tema común que enfrentan por estos días las justicias penales de los Estados Unidos y Colombia. En ambos países está sobre el tapete una intensa polémica sobre la autonomía política y técnica de los fiscales del sistema penal. En Colombia, bien lo sabe el lector, estamos discutiendo el papel que han tenido los grupos armados irregulares sobre la vida política del país y los niveles de responsabilidad que deben asumir los políticos por haber aceptado esa simbiosis de formas de lucha. Atacar este fenómeno exige, por tanto, tener capacidad de investigar y sancionar a políticos poderosos que buscarán evitar consecuencias en su contra. En la lucha contra la corrupción política se requiere, por tanto, de instituciones fiscales y judiciales autónomas e independientes que puedan soportar las múltiples presiones que este tipo de casos complejos generan.

El problema, sin embargo, tiene otra arista: investigar, incriminar y sancionar a políticos no solo los desfavorece a ellos personalmente sino que tiene inevitables consecuencias sobre sus propios partidos y dirigencias. Un excesivo enfoque en la “parapolítica” ha llevado a muchos (empezando por el Presidente de la República) a exigir un mayor balance en aras que, al mismo tiempo, también se investiguen los tentáculos de la “guerrillo-política”. La lucha contra la influencia de los violentos en la política puede terminar minando la legitimidad de partidos políticos de derecha o de izquierda según sus representantes locales o nacionales hayan tenido connivencias con alguna de las formas de violencia política que se presentan en el país.

Estas aguas traicioneras solo se pueden navegar institucionalmente con la ayuda de un sistema fiscal y judicial que sea tan independiente que no se le pueda reprochar inclinación partidista alguna. Considere el lector el problema profundo que al respecto se está dando en los Estados Unidos. Allá el Fiscal General del Presidente Bush es un miembro directo de su gabinete y no cuenta con las relativas garantías de independencia institucional del colombiano. El Fiscal Gonzales lucha desesperadamente por seguir en su puesto: se le reprocha el haber despedido a ocho fiscales federales por investigar casos de corrupción política de republicanos o por negarse a investigar a demócratas. El Washington Post, además, reportó que cerca de un tercio de los fiscales federales designados durante el período de Bush son aliados ideológicos y políticos.

Los fiscales deciden a quién investigar dentro del marco de sus posibilidades y recursos técnicos, políticos y morales y dentro de las garantías que les ofrece el marco institucional: ¿Investigamos a republicanos o a demócratas se preguntan en Estados Unidos? ¿Investigamos a los parapolíticos o a los guerrillopolíticos? ¿Cree el lector, por lo dicho, que están más cerca en los Estados Unidos de resolver la cuestión, siempre difícil, de quien entre los ratones le pone el cascabel al gato?

La comparación en derecho siempre ha sido enormemente desigual. Y me parece que ya es hora de ir mostrando los aspectos de falso espejismo que tiene esa desigualdad: la creencia ingenua que siempre hay un sistema superior o plenamente desarrollado que resuelve los problemas sin los detalles anti-estéticos de la política y de los choques de intereses. Los colombianos deberíamos emprender estudios más serios y más integrales de derecho comparado en los que abandonáramos el complejo de inferioridad como principal característica de nuestro interés por el derecho de otros. Cuando se dice, como se hace con frecuencia, que nuestro sistema jurídico es el del unrule of law, deberíamos hacer como el niño imprudente del cuento clásico que se dio cuenta que el emperador en realidad venía desnudo.

De interés:

Powered by swapps