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El crimen organizado contra los jueces

Carolina Villadiego Burbano
diciembre 11, 2016

Publicado en: Instituto de Justicia Procesal Penal

México se estremeció por el reciente asesinato del juez Vicente Bermúdez, ocurrido en el espacio público, a plena luz del día. Bermúdez fue conocido por adoptar decisiones judiciales en casos contra el crimen organizado, como los relacionados con Joaquín Guzmán Loera y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desafortunadamente, no es el único caso de un juez asesinado en México, ni este es el único país de la región donde ha ocurrido algo así.

 

En un Estado donde los jueces son asesinados por el crimen organizado y los perpetradores ni siquiera se esconden, la independencia judicial está en vilo y se revela su incapacidad de protegerlos, enviando un mensaje de desamparo frente a quienes deben adoptar decisiones complejas

En un escenario en el que su vida llega a pender de un hilo ?y quizá las de sus familias también?, es posible que algunos de ellos eviten los casos de crimen organizado, se declaren impedidos o adopten decisiones menos contundentes.

Además, dicho Estado envía una señal equivocada en la lucha efectiva contra la impunidad y por la prevención del delito, dando de una imagen difícil de desmontar: Que no hay forma de combatir y juzgar a la delincuencia organizada, lo cual causa no solo que la ciudadanía esté menos convencida de colaborar con las autoridades (prestar testimonio, brindar información o denunciar), sino una cultura en la que se considera que la delincuencia organizada es «intocable».

Como si fuera poco, tal situación propicia políticas de «mano dura», reactivas y populistas, que deterioraran la garantía de los derechos y es aprovechada para que algunos «pesquen en río revuelto»: Se aprueban leyes que endurecen penas, se propone sacar el ejército a la calle y militarizar a la policía, y se detiene para investigar, en vez de que investigar antes de detener.

En suma, el asesinato de jueces es un delito muy grave, que debe ser investigado y sancionado, algo fundamental para preservar la independencia judicial y, particularmente, la imparcialidad en casos concretos. La justicia debe estar a la altura de este reto, investigar y sancionar severamente a la delincuencia organizada, enviando la señal de «cero impunidad».

Las instituciones públicas deben proteger a los jueces, pues en un Estado democrático el sistema judicial tiene que ser robusto, confiable y eficaz, lo que será imposible de lograr si aquellos son asesinados por la delincuencia organizada a la que deben juzgar y condenar.

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