El incremento en la criminalidad femenina en Colombia tiene todo que ver con la desigualdad de género, con la violencia sistémica de la que son destinatarias las mujeres y con la pobreza que las impulsa a buscar recursos para la supervivencia en las esferas más bajas del crimen. En el informe “Mujeres en prisión: violencias que atraviesan muros” de la Comisión de Seguimiento a la vida en Prisión, de la cual Dejusticia hace parte, se elaboró un diagnóstico sobre el inventario de violencias que sufren las más de 16.000 mujeres privadas de la libertad en el país, en un sistema carcelario construido por y para hombres, donde se les invisibiliza y violenta por medio de múltiples mecanismos. 

El informe desarrolla cómo las desigualdades de género en términos de capital social, político y económico, unido a un mayor incremento en las cargas de cuidado, han influido en un aumento de los actos delictivos cometidos por mujeres en América Latina. Cinco de los diez delitos más cometidos por las mujeres en Colombia son delitos económicos. En primer lugar, están los delitos relacionados con drogas, seguidos por el concierto para delinquir y el hurto. En el quinto lugar está la extorsión y en el décimo la estafa.

En la investigación se hace referencia a eso que la literatura ha denominado como feminización de la pobreza, que explica cómo la discriminación de género permea todas las esferas de la sociedad, haciendo más pobres a la mujeres. 

Inventario de violencias: lo que sufren las mujeres en prisión 

Las mujeres privadas de la libertad en Colombia ocupan espacios pensados, operados, habitados y construidos para hombres. Espacios donde no son vistas, donde sus necesidades diferenciales no se reconocen, donde las vulnerabilidades se multiplican y se reproducen e intensifican las múltiples violencias que sufren las mujeres fuera de la prisión.

Un primer problema tendría que ver con el sufrimiento que implica para las mujeres verse alejadas de sus familias porque son trasladadas a prisiones lejanas de su núcleo cercano. Seguido por un espiral de violencia sexual, tortura y lesiones. En el informe, la Comisión de Seguimiento a la Vida en prisión narra cómo los complejos penitenciarios no solo impiden que las mujeres sean vistas desde el exterior, sino que también ocultan las violencias de las que son víctimas en el interior. 

Las cifras de delitos violentos contra mujeres en prisión son poco representativas. Esto es una muestra de la desatención, negligencia y ausencia de garantías para la denuncia sin retaliaciones. La ausencia de datos oficiales robustos sobre la violencia basada en género en prisión revela la invisibilización de las mujeres y la vulneración impune de sus derechos en el sistema carcelario. Hay literatura que lo sostiene y fuentes no oficiales que también dan indicios de ello.

Estigmatizadas, desempleadas y empobrecidas: situación de las mujeres al recuperar su libertad

A pesar de que la reincorporación social en la doctrina legal es uno de los componentes de los fines de la pena, al salir de prisión, las mujeres enfrentan varios tipos de violencia y discriminación como consecuencia de haber sido encarceladas. Usualmente, las personas que recuperan su libertad deben acudir a la acción de tutela para que se les protejan sus derechos a la intimidad, trabajo, dignidad humana, habeas data, entre otros para que se retiren sus antecedentes del sistema. 

En el informe se hace referencia a casos de mujeres cuyos antecedentes continúan visibles en la Rama Judicial, en la Policía y en la Procuraduría, años después de haber cumplido con sus condenas. Esto representa un enorme obstáculo en el acceso a derechos como el trabajo, el debido proceso, la resocialización y a la igualdad, pues las mujeres sufren múltiples exclusiones producto del estigma social.

Las mujeres que recuperan su libertad enfrentan una doble condena: La primera, que comparten con los hombres, proviene de los estándares del “buen ciudadano”. Sin embargo, la segunda recae solo sobre ellas y se refiere a la desviación del estándar machista de lo que es “una buena mujer”. Esta situación genera una fuerte discriminación social. Debido a la deficiente política de resocialización en las cárceles, la sociedad asume que estas mujeres aprenden comportamientos negativos durante su estancia en prisión, lo que perpetúa la discriminación social en su contra al salir en libertad. 

Ante la imposibilidad de acceder a un empleo digno se desprenden una serie de barreras para obtener servicios y derechos, como los relacionados con su salud, educación, mínimo vital, y todos aquellos que les permite tener una vida digna. 

Te invitamos a descargar el informe “Mujeres en prisión: violencias que atraviesan muros” donde se abordan otros asuntos derivados de esta crisis, como la desatención de la salud mental de las mujeres en prisión, los juicios y dolores de la maternidad, y el tratamiento estigmatizante que reciben los familiares por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.