EL ESCRITOR CHECO MILÁN KUNDEra expresó el deber que tienen las sociedades de recordar las atrocidades con una hermosa frase de uno de sus personajes: «La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido».

Kundera ilustra esa afirmación en El libro de la risa y el olvido con el siguiente relato, basado en hechos históricos: en febrero de 1948, el dirigente Gottwald, quien sería después presidente de Checoslovaquia, se asomó a un balcón en Praga para anunciar el inicio del régimen comunista. A su lado estaba otro dirigente, Clementis, quien se quitó su gorro de piel y lo puso en la cabeza de Gottwald, pues nevaba y hacía frío

Como era un momento histórico, miles de copias de la foto de Gottwald, hablando al pueblo desde el balcón, con su gorro de piel y acompañado por Clementis, fueron difundidas. Pero cuatro años después, Clementis fue acusado de traición y ahorcado. El gobierno quiso igualmente eliminarlo de la historia y su imagen fue suprimida de las fotografías. Desde ese momento, Gottwald empezó a aparecer sólo en el balcón. Y como dice Kundera, “lo único que quedó de Clementis fue el gorro sobre la cabeza de Gottwald”

El deber de hacer memoria busca entonces que las víctimas del terror no queden reducidas a fragmentos o imágenes desvanecidas, como el gorro de Clementis en la cabeza de Gottwald.

Invoco este pasaje literario e histórico para resaltar la importancia de los cuatro informes presentados en la III Semana de la Memoria por el Grupo de Memoria Histórica (GMH), del cual formo parte.

Cada uno de estos informes presenta casos paradigmáticos de formas de terror ocurridas en Colombia en las últimas décadas. La violencia contra los funcionarios judiciales que intentan cumplir sus funciones, ilustrada por la masacre de la Rochela, perpetrada por una alianza de militares y ‘paras’ en el Magdalena Medio el 18 de enero de 1989; el desprecio de las Farc al derecho humanitario y sus ataques indiscriminados a la población civil, que ocasionaron la masacre de Bojayá el 2 de mayo de 2002; la violencia contra las mujeres y las poblaciones indígenas, ejemplificada por la masacre de Bahía Portete, en La Guajira, ejecutada el 18 de abril de 2004 por un grupo paramilitar contra mujeres Wayuu. Y el informe “tierras en disputa” que recoge las memorias de despojo y resistencias campesinas en Córdoba, Sucre y en los Montes de María entre 1960 y 2010.

Estos cuatro informes, y los otros anteriores del GMH, intentan recuperar la memoria de esas atrocidades, para ilustrar, a partir de esos casos paradigmáticos, las lógicas del terror en Colombia, pero igualmente de las resistencias sociales y políticas a esas expresiones de violencia. La esperanza es que la comprensión de esas atrocidades y la preservación de su memoria eviten su recurrencia.

Pero también estos informes buscan recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas específicas de esos casos, con el fin de que su recuerdo no se desvanezca, como lo han pretendido los victimarios. Colombia no puede permitir que el recuerdo de nuestras víctimas sea simplemente algo parecido al gorro de Clementis.

Sería como matarlas una vez más, como nos lo hizo comprender la líder Wayuu, Telemina Barros Fince, quien representó a las víctimas de Bahía Portete en la instalación de la Semana de la Memoria el martes pasado. Nos explicó que en la cosmovisión Wayuu uno moría tres veces: la primera era la muerte física, la segunda ocurría cuando morían los familiares y la tercera cuando se perdía la memoria del fallecido. Las dos primeras muertes son inevitables; la tercera es evitable y depende de nuestro deber de memoria. ¿Permitiremos los colombianos esa tercera muerte de nuestras víctimas?