Defender derechos

Las y los accionantes de esta tutela son -en su mayoría- víctimas del conflicto armado. Hombres y mujeres que hoy promueven diferentes causas como la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), el derecho a la tierra y el territorio, los derechos ambientales, la sustitución de cultivos de uso ilícito, los derechos étnicos, culturales, el derecho a la educación y, en general, la construcción de paz a nivel territorial. | Paula Thomas, Dejusticia

El Derecho a Defender Derechos: Representantes de movimientos sociales y organizaciones de DDHH presentamos tutela para exigir protección de nuestros líderes sociales

Este martes 10 de diciembre, día Internacional de Derechos Humanos, diferentes plataformas de DDHH y organizaciones de la sociedad civil interponemos una tutela para que el juez declare un Estado de Cosas Inconstitucional frente a la violencia contra líderes y lideresas sociales.

Por: Dejusticiadiciembre 10, 2019

En medio de un contexto generalizado y masivo de violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, plataformas de DDHH  y organizaciones de la sociedad civil nos unimos a un grupo de líderes sociales del Cauca, Chocó, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba y Medellín, para presentar, ante el Tribunal Superior de Bogotá, una acción de tutela que busca exigirle al Estado Colombiano que proteja su derecho a defender los derechos humanos.

Las y los accionantes de esta tutela son —en su mayoría— víctimas del conflicto armado. Hombres y mujeres que hoy promueven diferentes causas como la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), el derecho a la tierra y el territorio, los derechos ambientales, la sustitución de cultivos de uso ilícito, los derechos étnicos, culturales, el derecho a la educación y, en general, la construcción de paz a nivel territorial.

Sus liderazgos tienen lugar en contextos de violencia con presencia de actores armados ilegales y se agravan por los incumplimientos del gobierno al Acuerdo Final de Paz. La falta de garantías para la defensa de derechos los pone en alto riesgo y les vulnera sus derechos a la integridad personal, a la libertad de asociación, de reunión, de expresión, su derecho a la participación política y a defender derechos humanos, entre otros.

Esta situación motivó a que líderes /sas sociales y organizaciones  nos uniéramos este martes 10 diciembre para presentar esta acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá. Una demanda en la que participan la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; la Coordinación Colombia- Europa-Estados Unidos; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; junto con la Asociación Nacional de Afrocolombianos (AFRODES), la Comisión Colombiana de Juristas y Dejusticia.


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Durante los últimos tres años, (durante la etapa final de los diálogos de paz y después de la firma del Acuerdo Final de Paz –AFP-),  han sido asesinadas cada mes, en promedio, doce personas defensoras de derechos humanos. Según el último informe anual del Programa Somos Defensores, en 26 de los 32 departamentos de Colombia se registraron casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Es decir, hubo asesinatos en el 81,2% de los departamentos del país; en los cuales confluyen, según los informes de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, los siguientes factores: (i.) Son territorios que históricamente han sufrido el accionar de grupos armados al margen de la ley; (ii.) se encuentran en proceso de implementación de varios programas derivados del Acuerdo Final de Paz; (iii) hay disputa de varios actores armados legales e ilegales, y (iv.) tienen factores de pobreza y exclusión profundos; y, (v) la mayoría de las personas asesinadas hacían parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y/o comunales.

Otro dato importante a tener en cuenta es que existen diferencias en el número de violaciones reportadas. Según  la Defensoría del Pueblo, desde el 1 de enero de 2016 al 17 de mayo de 2019 fueron asesinados 486 líderes; según Indepaz, desde el 1 de enero de 2016 al 8 de septiembre del 2019 fueron asesinados 777; y, según el Programa Somos Defensores fueron 426 los asesinatos entre el 1 de enero de 2016 al 31 de septiembre de 2019. Sin embargo, hay acuerdo sobre la gravedad del fenómeno, la necesidad de adoptar medidas que hagan frente a la situación, y sobre la existencia de un subregistro de los asesinatos.  Pero los homicidios no son la única forma de violencia contra las personas defensoras. Atentados, desaparición forzada, violencia sexual, estigmatización y amenazas individuales y colectivas, entre otras vulneraciones, también se viven a diario.

Estas cifras hacen que Colombia, lamentablemente, se destaque por ocupar los primeros puestos en los países con más defensores de derechos humanos asesinados en el mundo, así como lo afirmaron los informes del año 2018 de Front Line Defenders y de Global Witness.

 



 

Los argumentos de la tutela

El litigio que presentamos tiene dos objetivos. Primero, el reconocimiento del derecho a defender derechos humanos y de las obligaciones que el Estado tiene respecto de éste. Y, segundo, la exigencia del cumplimiento de las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo Final de Paz. Esto, sustentado, por un lado, en que el Estado tiene la obligación de cumplir el AFP de buena fe y, por el otro, en que las garantías de seguridad en él contenidas son las medidas que mejor cumplen las obligaciones que tiene el Estado respecto del derecho a defender derechos humanos.

Por ello, un grupo de líderes sociales y las organizaciones aliadas, entre las que se encuentran la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Reiniciar, la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Marcha Patriótica, con el apoyo de La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, recogimos en esta tutela los casos de defensores y defensoras de derechos humanos de diferentes departamentos del país, quienes, debido a la labor que ejercen, han sufrido diversas agresiones y, como consecuencia, la vulneración de varios de sus derechos fundamentales y de su derecho a defender derechos.

La acción de tutela muestra, además, que existe una correlación entre la violencia que sufren las y los defensores de derechos humanos, la persistencia del conflicto armado y los esfuerzos de implementación del Acuerdo Final de Paz.

Frente a la problemática, el Estado colombiano ha estado brindando a los líderes protección a través de esquemas de seguridad, lo cual no es suficiente ni adecuado, pues: las agresiones no disminuyen porque en lugar de atacar las causas del riesgo, se reacciona aisladamente a cada ataque; las medidas que se adoptan no se compadecen del contexto territorial en el que se viven y trabajan las personas defensoras; y las medidas de protección no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial y/o cultural.

Es importante señalar que esta situación no es exclusiva de las y los accionantes, sino que, por el contrario, estos casos son expresión de la violencia generalizada en contra de la mayoría de quienes defienden derechos humanos en Colombia.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha afirmado la importancia de la defensa de los derechos humanos en Colombia y de los altos riesgos que tiene ejercer tal actividad en el país. Como consecuencia, reconoció el derecho fundamental a la seguridad personal. Este derecho se ha materializado en Colombia en un modelo de protección donde no se adoptan medidas que garanticen el ejercicio de la defensa de derechos, que prevengan las vulneraciones a la libertad de reunión, de locomoción, de asociación, de participación política, de manifestación pacífica y pública, y que protejan colectivamente a las organizaciones y las comunidades, entre otras, como lo señala la Declaración de Naciones Unidas.

Por otra parte, aunque en desarrollo del Acuerdo de Paz se crearon modelos de protección que responden de manera contextual a las situaciones de los defensores y defensoras en territorios rurales y/o apartados, estas no han sido implementadas.

En la acción de tutela se sostiene que la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO) y la negativa gubernamental a implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz vulneran, tanto el mandato constitucional establecido en el Acto legislativo 02 de 2017 que impone a las autoridades el deber de cumplir de buena fe lo acordado en el AFP, como las obligaciones internacionales del Estado respecto del derecho a defender derechos humanos. Esto último, dado que el PAO no establece programas de largo plazo contra la estigmatización, de garantía de la protesta social, de prevención, o de investigación, sanción y juzgamiento contra quienes atenten contra las personas que defienden derechos humanos. En general, no se adoptan medidas en pro de la generación de un ambiente favorable para defensa de los derechos humanos.

Como consecuencia de lo anterior, se solicita al juez constitucional que: declare el Estado de Cosas inconstitucional respecto de la grave situación de seguridad que enfrentan quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en el país , y que, en consecuencia, ampare los derechos fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos; tome medidas estructurales para superar la crisis y retenga competencia para hacer seguimiento al cumplimiento de lo ordenado. Específicamente se le pide que se pronuncie  sobre la obligación de las autoridades de cumplir las medidas contenidas en el Acuerdo Final de Paz, y también que reconozca judicialmente la obligación de construir, junto con la sociedad civil, una política pública que garantice integralmente el derecho a la defensa de derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos que presentamos esta acción de tutela rechazamos la presentación que el Gobierno ha anunciado para el día de hoy de una Política Pública sobre este tema, pues su elaboración es parte de un proceso inacabado, donde la participación de la sociedad civil ha sido precaria, y su contenido ignora los cambios de contexto generados por la firma del Acuerdo de Paz, así como las necesidades reales de las personas defensoras.

 

Los accionantes de la tutela:

 

1. Deobaldo Cruz: Líder de la Asociación Campesina de Puerto Asís, Putumayo

Deobaldo pertenece a la Asociación Campesina de Puerto Asís (ASOCPUERTOASIS), en Putumayo, y es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Cumbre, corregimiento de la Carmelita. Su liderazgo se caracteriza por la defensa y protección del territorio, específicamente, frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. En junio de 2019, Deobaldo perdió su ojo izquierdo luego de ser herido con un perdigón lanzado por el ESMAD durante una operación en la que los campesinos pedían que suspendieran los procesos de erradicación forzada de cultivos y se cumpliera lo pactado en el Acuerdo de Paz.  Esta situación ha generado en la comunidad de la vereda la Cumbre miedo de ejercer cualquier reclamo de derechos y decepción por la forma en la que el gobierno resuelve las diferentes problemáticas sin tener en cuenta los protocolos que incluyen el respeto por los derechos humanos de las comunidades y el respeto por el Acuerdo de Paz.

 

2.  Martha Lucia Giraldo: Representante del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado, Valle del Cauca. 

Martha hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) desde el año 2008, año en el que también asumió la secretaría técnica del Capítulo del Valle del Cauca de esa organización. Martha ha sido víctima de aproximadamente diecinueve amenazas y entre ellas, ha recibido panfletos firmados por las Águilas Negras donde se le declara “objetivo militar”. Debido a lo anterior, Martha ha visto la necesidad de restringir sus libertades. No puede elegir a qué territorios va a hacer actividades de promoción, respeto y garantía de derechos. Así mismo, Martha es víctima de la ejecución extrajudicial de la que fue objeto su padre José Orlando Giraldo Barrera por parte del Ejército Nacional que lo presentó como guerrillero dado de baja en combate el 11 de marzo de 2006.

 

3. Oscar Gerardo Salazar Muñoz: Miembro de la Cumbre Agraria Campesina étnica y Popular- Marcha Patriótica, Cauca y Macizo Colombiano.

Oscar es defensor de Derechos Humanos, directivo sindical, líder de organizaciones campesinas del Cauca y del Macizo Colombiano. Realiza su labor de defensa de derechos humanos en el movimiento político Marcha Patriótica del Cauca, departamento en donde han sido asesinados más de 60 personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a dicho movimiento, entre el año 2016 y 2019. Oscar ha defendido los derechos del campesinado como grupo cultural y sujeto de especial protección constitucional. A partir de este liderazgo, ha defendido la participación de las comunidades en las políticas extractivistas y a la política minero-energética, lo cual considera es lo que más lo ha puesto en riesgo. Debido a las constantes amenazas, Oscar cuenta con esquema de protección otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde el 13 de marzo de 2018. El 17 de agosto de 2019 hombres armados dispararon contra el líder y a su esquema de seguridad.

 

4. Isabel Cristina Zuleta: Presenta la tutela en nombre propio y en representación del Movimiento Ríos Vivos, de Antioquía. 

Isabel es representante legal de Ríos Vivos y presidenta de la organización de mujeres Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida. Ríos Vivos es un movimiento ambientalista que agrupa a 15 organizaciones sociales de base que tienen presencia en el norte y occidente del departamento de Antioquia, en los municipios de Ituango, Briceño, Toledo, San Andrés, Valdivia, el Bajo Cauca, Tarazá, Caucasia y La Mojana. Su trabajo gira en torno a la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y en los Derechos Civiles y Políticos vulnerados por la construcción de la represa de Hidroituango.

Al 20 de diciembre de 2018, el Movimiento Ríos Vivos había recibido: 27 amenazas, 2 asesinatos de líderes, 20 casos de seguimientos y vigilancias, 4 casos de hostigamientos, 2 casos de desalojos forzados, 18 casos de estigmatizaciones y señalamientos, 10 casos de discriminación por parte de funcionarios del Estado en contra de integrantes del Movimiento Ríos Vivos, 6 casos de destierro y desarraigo, 1 caso de retención ilegal, 6 casos de ataques a la vida e integridad física por parte de la Hidroeléctrica Hidroituango, 1 caso de empadronamiento, 1 ataque con explosivos, 2 casos de desplazamiento masivo por el desarrollo y 5 ataques generalizados que incluyen agresiones verbales, físicas y raptos ilegales. A pesar de las denuncias por la estigmatización que han hecho las autoridades, hasta el momento no se ha tenido resultado de las investigaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría por estos hechos denunciados.

Debido a las amenazas, la persecución y estigmatización que vive en su contra, Isabel Cristina y los demás miembros, han tenido que cambiar su forma de vivir y de relacionarse con otra gente. El peligro afecta la periodicidad de las reuniones y la cantidad de personas que participan en el proceso organizativo, ya que muchas personas se han salido de la organización debido a las amenazas y a las agresiones.

 

5. Fabián de Jesús Laverde Doncel: Vocero de la Comisión de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, Casanare.

Fabián es vocero a nivel nacional de la comisión de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular..Desde el año 2006, se vinculó a la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) y empezó a realizar acciones en defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado, de las empresas petroleras y de las comunidades campesinas e indígenas, principalmente, en los departamentos de Casanare y Boyacá. El 25 de marzo de 2017, mediante un mensaje de texto vía celular se amenazó de muerte a los dirigentes de Congreso de Pueblos, lo cual implicaba a Fabián como parte de la dirigencia de esta organización. El colectivo de defensores al que pertenece también ha sido víctima de hurto de equipos como cámaras de vigilancia instaladas para protegerlos. Fabián afirma que tanto él como sus familias han estado en zozobra constante por los recurrentes hostigamientos. Debido al contexto de guerra y las agresiones recibidas, Fabián ha visto afectada su participación en la promoción, garantía y protección de los derechos en los diferentes lugares del departamento, pues no ha podido acompañar de manera directa a las comunidades.

 

6. Arnobi Zapata: Asociación de Campesinos Del Sur de Córdoba, Córdoba

Arnobi es también el presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y ejerce la vocería de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam- desde marzo de 2019. En 2016, mientras socializaba los avances de las negociaciones del Acuerdo de Paz, dispararon tres veces a su casa y le dejaron un panfleto donde le advirtieron que si seguía hablando del tema las próximas balas “se las meterían en la cabeza”.  A partir de este hecho, Arnobis y su familia se desplazaron a Montería bajo las medidas de protección de la Policía Nacional. Aunque su esquema de protección ha servido para minimizar riesgos, la forma como se hacía el trabajo organizativo tuvo que cambiar. Antes se realizaba de vereda en vereda, pero con los esquemas de protección y por las condiciones de seguridad no es imposible trasladarse a los territorios y es más difícil acercarse a la gente, que se atemoriza cuando hay presencia de escoltas. Actualmente, las reuniones deben realizarse en los cascos urbanos de los corregimientos por la presencia de los grupos armados en las veredas, lo que dificulta la entrada de los líderes por las amenazas de las cuales son víctimas.

 

7. Alejandro Palacio: Representante de los estudiantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Alejandro es también el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES). En 2018, a medida que se prolongó el paro nacional universitario que los estudiantes promovieron, hubo un aumento en las protestas y también en las amenazas a líderes estudiantiles, la criminalización, la estigmatización y el abuso policial. Fue tal el nivel de señalamiento y de estigmatización que en la calle le gritaban a Alejandro comunista, guerrillero, castrochavista y “ojalá te maten”. Por esto, Alejandro decide interponer denuncia ante la Fiscalía y pronunciarse.  El 10 de noviembre de 2018, la Unidad Nacional de Protección (UNP) decide otorgarle esquema de protección de emergencia a Alejandro, sin embargo las amenazas continúan. El 20 de noviembre de 2019, Alejandro Palacio fue nuevamente amenazado a través de un panfleto de las Águilas Negras-Bloque Capital D.C. Si bien el esquema de protección le ha brindado seguridad a Alejandro, también lo hace más visible por donde transita. Ésto, unido con la estigmatización que ha sufrido como líder estudiantil, ha provocado reacciones violentas por parte de personas que se lo encuentran por la calle. Sin embargo, él es consciente que necesita el esquema de seguridad para poder proteger su vida e integridad física.

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