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El derecho a la trampa

Mauricio García Villegas
diciembre 12, 2006

Publicado en: El Tiempo

El autor considera que una de las causas más importantes de la debilidad de nuestras instituciones es la cultura del incumplimiento, que parece generalizada en Colombia.

 

Por estos días, cuando profesores y estudiantes nos sometemos al ingrato ritual de los exámenes finales, un colega me comentaba lo difícil que era evitar que los alumnos se copiaran. De inmediato puse de manifiesto mi disgusto con esa práctica. “Me siento engañado cuando veo que un alumno hace trampa”, le dije. “Yo no pienso lo mismo”, me respondió sorpresivamente. “Siempre he creído -dijo- que los alumnos tienen derecho a intentar ganar el examen por medios prohibidos; lo que pasa es que uno también tiene derecho a descubrirlos y a castigarlos por eso.”

Recordé entonces la película ‘El gran escape’, con Steve McQueen, que cuenta la historia de unos prisioneros en un campo de concentración nazi que no solo tratan de escapar a cada momento, sino que ponen de presente, ante quienes los custodian, su intención e, incluso, su deber de intentar escapar.

Estoy seguro de que para mi colega la situación de sus alumnos no es igual a la de los prisioneros de El gran escape. Para mí tampoco. El primero es un caso de viveza tramposa; el segundo, un caso de rebeldía. Sin embargo, creo que hay algo que comparten estas dos situaciones: ambas ven la relación entre el que manda y el que obedece como una competencia. No hay autoridades, sino enemigos. No hay reglas, sino imposiciones. Ambas, aunque por razones diferentes, repudian las reglas.

Colombia no es un campo de concentración, pero aquí muchos creen tener una especie de derecho a la desobediencia. Para ellos, la sociedad está dividida en dos bandos. El de los que mandan -gobernantes, patronos, jefes, profesores, etc.- y el de los que obedecen. Ninguno de los dos está allí por razones de mérito. La suerte, la astucia o el dinero explican “el derecho” a mandar, tanto como el infortunio o la pobreza explican el “deber” a obedecer.

Para estos insumisos, la sociedad es vista como una competencia, en la que solo ganan los más astutos. El fraude y la corrupción son expresiones naturales de esa emulación, en donde ni la moral ni lo público cuentan. La multa, la cárcel o la muerte son fatalidades del juego; no son castigos sociales. Se crea así una cultura del incumplimiento gallardo, que desprecia al ciudadano obediente. La cultura del antisapo, tan difundida en nuestro medio, tiene mucho que ver con este desprecio por la autoridad y por las reglas.

Es cierto que en Colombia abundan las situaciones en las que se justifica pensar que quienes nos mandan son más enemigos que gobernantes. Sin embargo, también creo que parte del desmadre nacional está en que todos nos sentimos autorizados para invocar cualquier tipo de razones como suficientes para no obedecer. Con esa actitud, no es nada difícil justificar -incluso de buena fe- la viveza tramposa como un acto de rebeldía.

Un requisito importante para lograr una sociedad ordenada y pacífica consiste en reconocer que debemos acatar las normas, incluso cuando -dentro de ciertos límites, claro- ellas tienen un contenido con el cual no estamos de acuerdo, o incluso un contenido injusto.

Creo que parte importante de la debilidad de nuestras instituciones proviene de esa cultura política, que no solo ve en la autoridad a un enemigo, sino que supedita la obediencia a la justicia. (La objeción de conciencia es una excepción, no una regla.)

Claro que el opuesto a esta cultura que desprecia la autoridad y las reglas me parece igualmente reprochable. Me refiero a ese pretendido unanimismo entre gobernantes y gobernados -al estilo José Obdulio Gaviria- a través del cual se busca desvanecer la oposición política en una especie de confusión entre la exaltación patriótica y la alabanza al gobierno.

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