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El derecho contra la discriminación por elección sexual

Diana Esther Guzmán Rodríguez, Nina Chaparro González
septiembre 22, 2014

Publicado en: Razón Pública

Ante las evidencias de la penosa situación de las personas discriminadas por ejercer sexualidades no normativas, el derecho aparece como una opción en Colombia para garantizar sus posibilidades de vivir plenamente.

 

La discriminación mata
Durante el mes de agosto de 2014 los medios de comunicación colombianos reportaron al menos cuatro noticias que muestran la enorme discriminación y exclusión que enfrentan hoy en día las personas con orientación sexual o identidad de género diversa.

A pesar de las marcadas diferencias entre los episodios y entre las personas que los vivieron, estos tienen en común que se trata de hechos que muestran que la discriminación mata, bien sea porque obliga a negarse, porque arrebata derechos, o porque, al final, lleva literalmente a la muerte.

Por eso, una reflexión importante que deberíamos hacer como sociedad es cómo podemos enfrentar esa discriminación y cómo podemos comprometernos a superarla.

Cuatro noticias
La primera noticia la protagonizaron Verónica Botero y Ana Leiderman, dos mujeres que desde hace años conviven en pareja y que como expresión del amor que sienten decidieron formar una familia y tener hijos.

Se casaron en Alemania y tuvieron a su hija por inseminación. Al volver a Colombia y querer registrarla, el ICBF solo permitió que la niña llevara el apellido Leiderman, de la madre biológica. Finalmente, la Corte Constitucional, después de cinco años de espera injustificada, decidió que las mujeres podían registrar conjuntamente a su hija biológica-adoptiva.

Casi enseguida apareció otro boom mediático en primera plana: cientos de voces críticas se levantaron contra la constatación pública de que las dos ministras, Cecilia Álvarez y Gina Parody, tienen en la actualidad una relación sentimental.

Y a los pocos días, un ex congresista anunció que demandaría a las congresistas Claudia López y Angélica Lozano del Partido Verde, pues según él estarían inhabilitadas para ejercer su cargo público por el hecho de ser pareja. Víctor Velásquez, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Colombia, y miembro del PIN, demandó a las congresistas en mención por considerar que según el Artículo 179 de la Constitución estarían inhabilitadas para ser funcionarias públicas.

Y la última noticia, desplegada por todos los medios del país y que Héctor Fabio Cardona analiza con detalle en esta misma edición de Razón Pública, fue que Sergio Urrego, un joven de 16 años, víctima de discriminación por las directivas de su colegio, se lanzó de una terraza del centro comercial Titán Plaza para acabar su vida.

La discriminación rampante
Los vasos comunicantes entre estos hechos saltan a la vista. Todos ellos se explican, al menos en parte, porque nuestra sociedad no considera aceptable un proyecto de vida común entre dos mujeres o entre dos hombres, porque no parece natural, porque contradice la lógica de lo que culturalmente hemos aprendido como normal, por miedo o por desconocimiento.

Y si defenderse de la discriminación todavía no es una opción, la violencia y la exclusión se convierten en parte de la vida y pueden llevar hasta el extremo de perderla. Aunque cada vez hablamos más de igualdad, esta sigue siendo para muchos y muchas una utopía.

Estos casos reflejan claramente la discriminación que padecen las personas con sexualidades no normativas (es decir, aquellas que se apartan de lo que consideramos como normal, que en nuestra sociedad es la heterosexualidad) en diferentes facetas, y permiten reflexionar sobre lo que esta implica.

Pero los únicos afectados por la discriminación no son quienes la padecen a diario. Nuestra sociedad, al discriminar, genera entornos violentos que afectan a los niños y niñas que empiezan a explorar su sexualidad y a desarrollar sus identidades.

También violenta a quienes siempre han tenido miedo de vivir lo que sienten, e incluso a quienes acaban por reproducir la exclusión, pues hasta a ellos les causa la carga enorme de odiar y rechazar, aunque podrían amar y aceptar.

Se trata de sufrimientos que nadie tendría por qué vivir y que podríamos evitar si lográramos reflexionar profundamente sobre la sexualidad, más allá de lo que las religiones y hasta el derecho nos han dicho que son normas aceptables de comportamiento.

Entonces podríamos desarrollar una cultura donde pudiéramos aceptar las diferencias y reconocer el amor y los proyectos de vida diferentes al heteronormativo como opciones de vida que diversas y liberadoras.

El papel del derecho
El problema radica en que seguimos sin tomar la decisión de luchar contra la discriminación. Nos hemos acostumbrado a ella, a pesar de lo dolorosa y destructiva que es. Y aunque son cada vez más quienes se atreven a marchar por la igualdad y a respetar la diferencia, Colombia parece estar lejos de garantizar igualdad para las personas con sexualidades no normativas.

De hecho, estos casos nos traen a la memoria el nombre el informe de la organización Colombia Diversa: “Todos los deberes, pocos los derechos”, del año 2009. Parece que todos los deberes para personas con sexualidades diversas se aplican sin miramientos en la lógica de igualdad, pero cuando se pretenden reconocer derechos, por ejemplo en temas de adopción o matrimonio, existe una diferencia abismal.

De esa forma, llama la atención cómo el derecho es usado para exigir deberes a las personas gais en una interpretación tan amplia que rompe los límites de la misma legalidad (como que un noviazgo en donde no se comparte lecho puede ser considerado como una unión marital de hecho), pero para reconocer derechos la interpretación se cierra tanto que ni siquiera pasa por el filtro de lo razonable y lo proporcional.

En todo caso hemos dado algunos pasos. La exclusión que padecen las personas LGBTI está menos extendida, y algunos de los pasos más significativos que ha dado Colombia en los últimos años hacia la igualdad han sido impulsados por el derecho que a su vez ha sido impulsado por la movilización social.

Hoy, gracias a los movimientos sociales LGBTI que impulsa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reconocemos, al menos formalmente, que las personas tienen derecho a la libre opción sexual, que no es legítimo excluir a las personas por su orientación sexual o identidad de género, que las parejas del mismo sexo tienen derechos y que no es posible que sigan estando en el mismo nivel de desprotección jurídica en el que han estado hasta ahora.

Y aunque existe una enorme brecha entre estos avances jurídicos y la práctica, que se ve reflejada en los hechos precedentes, también hemos tenido algunos cambios que pueden ser tangibles.

Por ejemplo, hoy los manuales de convivencia en los colegios no pueden imponerles sanciones a los niños y niñas por expresar una sexualidad no normativa, y algunos colegios han avanzado efectivamente en dirección de la inclusión.

Las expresiones de afecto entre personas del mismo sexo son menos perseguidas (al menos en algunos lugares), y cuando lo son hay reacciones sociales que van en sentido contrario. Cada vez más personas se atreven a hablar de igualdad y a rechazar públicamente la discriminación. Además, algunas personas del mismo sexo han contraído matrimonio.

En estos cambios el derecho, promovido por la lucha social, ha sido clave. Aunque no tenga un gran poder transformador de la cultura, este ha logrado modificar parcialmente ciertas instituciones y crear espacios para el reconocimiento y exigibilidad de derechos. Además, ha contribuido a cambiar ciertas actitudes y moderar (aunque no eliminar) expresiones discriminadoras.

Aunque el derecho avanza con lentitud mientras la discriminación continúa silenciosamente a pasos agigantados, al menos hemos empezado a recorrer el camino para enfrentarla y edificar una sociedad diferente.

Pero la igualdad está lejos de ser una realidad. Por eso es importante seguir combatiendo la discriminación, pues esta solo conlleva marginación y sufrimiento, y causa hechos que duelen tan profundamente como la muerte de Sergio Urrego.

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