Lon Fuller cuenta el siguiente caso ficticio. Resulta que cinco espeleólogos quedaron atrapados en una cueva por causa de un derrumbe. Se organizó entonces una expedición de rescate, pero el terreno era frágil y diez hombres fallecieron en el intento. Dos semanas después se estableció contacto con los atrapados y se les anunció que el rescate no podría llevarse a cabo antes de diez días, lo cual significaba que morirían de hambre. En ese momento se interrumpió la comunicación. Treinta días después fueron liberados, pero uno de ellos no estaba. Al ser preguntados por la suerte del quinto hombre, los rescatados explicaron que, ante la inminencia de su muerte, habían decidido escoger al azar a uno de ellos, matarlo y alimentarse de su carne. Fueron entonces conducidos al tribunal. Pero los jueces nunca pudieron ponerse de acuerdo. Dos de ellos sostuvieron que debían ser condenados por homicidio; otros dos argumentaron que, bajo esas circunstancias, la ley penal era inaplicable.

La semana pasada, Antanas Mockus le preguntó al entonces candidato Samuel Moreno lo siguiente: «¿Estaría usted dispuesto a comprar cincuenta votos para salvar a Bogotá de un político corrupto que compra cincuenta mil?». A lo cual, el candidato respondió con un contundente sí. El caso planteado por Mockus se parece al caso de Lon Fuller. En ambos, la pregunta es la misma: en esas circunstancias, ¿se justifica desobedecer la ley? Y en ninguno de los dos casos hay acuerdo sobre la respuesta correcta. Pero hay una diferencia: el primero es un caso extremo, dramático; el segundo, en cambio, es menos grave.

Como Samuel Moreno, buena parte de los colombianos piensa que hay muchas razones para desobedecer las leyes. Eso se demuestra en una encuesta sobre cumplimiento de la ley hecha por Antanas Mockus en varias ciudades del país. A la pregunta «¿Estaría usted dispuesto a desobedecer la ley cuando esta ‘es la única manera de ayudar a la familia’?», el 41 por ciento de los encuestados en Bogotá respondió que sí; en Santa Marta, el 58 y en Casanare, el 77. Más sorprendentes aún fueron los porcentajes de personas dispuestas a desobedecer «cuando es la única manera de alcanzar los propios objetivos». A pesar de lo prosaico de este objetivo, el 20 por ciento dijo que sí en Bogotá; el 46 en Casanare, y el 38 en Santa Marta.

La opinión de Moreno puede ser mayoritaria, pero va en contra de la solución que los Estados constitucionales han dado a este problema. Ella consiste en prohibir -salvo, claro está, normas inicuas frente a las cuales existe un derecho a la desobediencia civil- que los ciudadanos se planteen la posibilidad de violar la ley cuando creen que tienen buenos motivos para hacerlo. La razón es simple. Cuando el cumplimiento de la ley depende de las motivaciones subjetivas, solo una pequeña parte de la población cumple. Peor aún, incumplen los funcionarios encargados de aplicar las leyes. Los políticos justifican la corrupción con la retórica de la justicia social; los policías torturan para defender a la sociedad de los criminales, o los presidentes se pasan las leyes por la faja para salvar la patria.

El problema con la desobediencia fundada en motivaciones subjetivas -en Estados básicamente justos, claro está- es que cada uno sobreestima la gravedad de las circunstancias que le toca vivir. Lo prosaico se vuelve de vida o muerte. Todos creemos que nuestro caso es tan dramático como el de los espeleólogos atrapados en la caverna. Por eso nos sentimos salvadores con derecho a incumplir. El problema es que, si todos razonamos de esa manera, la sociedad, como la caverna del cuento de Fuller, se derrumba.

* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de Dejusticia