El drama de los indígenas yukpa en Cúcuta: un caso que puede llegar a la Corte Constitucional

Por: Dejusticiaagosto 27, 2018

Dejusticia, el Servicio Jesuita a Refugiados y la Organización Nacional Indígena de Colombia le solicitaron al Alto Tribunal seleccionar una tutela que tiene como fin proteger los derechos de estas comunidades indígenas que se vienen desplazando desde Venezuela.

indígenas
Los primeros yukpa llegaron a Colombia en junio del 2017 y después de varios meses de divagar por las calles de Cúcuta se asentaron en el barrio El Escobal, ubicado junto al paso fronterizo Francisco de Paula Santander. / | Juan Arredondo

A las miles de personas que cruzan de lado a lado la frontera en la ciudad de Cúcuta, por cuenta de la crisis social y económica que se vive en Venezuela, se suma otra tragedia humanitaria: la del pueblo Yukpa.

Se trata de alrededor de 500 miembros de esta etnia que habita la Serranía del Perijá, el complejo montañoso que comparten Colombia y Venezuela a la altura de los departamentos de Norte de Santander, Cesar y sur de La Guajira. Los yukpa huyen de la crisis en el vecino país, dado que sus asentamientos se extienden a ambos lados de la frontera, y solicitan al estado colombiano ayuda humanitaria y ser reconocidos como un pueblo binacional.

Y es que, como ha resaltado el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), una de las pocas instituciones que los ha acompañado en su tragedia, las condiciones de los indígenas yukpa en Cúcuta son realmente alarmantes y ameritan una urgente atención. Desde que empezaron a llegar del estado de Zulia, en Venezuela, viven en cambuches de palo y plástico a orillas del río Táchira, justo al cruzar el puente internacional Francisco de Paula Santander, uno de los dos puentes de la ciudad que une a ambos países. Allí se encuentran expuestos a las inclemencias del clima, a enfermedades derivadas de un río en lamentable estado y, últimamente, a las balas que amenazan sus vidas.  

En un esfuerzo por proteger sus derechos, el 2 de mayo de este año dos caciques del pueblo Yukpa, con apoyo del SJR, presentaron una acción de tutela para exigirle al estado colombiano que les garantizara a las comunidades indígenas los derechos a la vida e integridad personal, la igualdad, la atención humanitaria de emergencia, la salud, el saneamiento básico y el mínimo vital. 

El juez encargado de estudiar este caso negó la tutela al considerar, entre otras cosas, que éste no era el mecanismo para exigir la defensa de esos derechos y más adelante fue negada la impugnación. Ahora, Dejusticia, el SJR y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) piden a la Corte que seleccione esta caso para revisión.

Un asentamiento vulnerable

Se dice que la zona ocupada por las comunidades es escenario de una fuerte disputa territorial entre el Clan del Golfo, el autodenominado Ejército Paramilitar de Norte de Santander (EPN), los Rastrojos y el frente Germán Velasco Villamizar del ELN, por el control de las trochas donde se trafican armas, sustancias de uso ilícito, productos de contrabando y hasta personas. Debido a esta situación, algunos indígenas se han trasladado a albergues y a otras partes de la ciudad, pues temen que a su desgracia se sumen las balaceras que ocurren a plena luz del día.

Cúcuta

A principio del 2018 dos niños yukpa murieron en Cúcuta: uno falleció el 23 de marzo por su alto grado de desnutrición, gastroenteritis y un paro cardiorrespiratorio; y el otro menor, murió el 9 de abril por un cuadro clínico de vómito e infecciones gastrointestinales. /Foto: Juan Arredondo

Las comunidades señalan que la muerte de dos niños por enfermedades relacionadas con desnutrición, la desaparición de otros dos miembros de la etnia y varias amenazas son el resultado de la falta de atención oportuna e integral por parte de las entidades estatales encargadas del tema, como la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y los Ministerios del Interior y de Relaciones Internacionales. (Lea aquí nuestra crónica: Los yukpa vivieron un año en Cúcuta y apenas nos enteramos). 

De acuerdo con la ONIC y el SJR, que el Estado adelante medidas de “retorno digno”, consistentes en transporte hasta un municipio fronterizo y la entrega de dinero y alimento para el viaje de regreso a sus lugares de origen, no garantiza que la lamentable situación que enfrentan las comunidades indígenas se resuelva.  Sus constantes regresos a Cúcuta se deben a la escasez de recursos en su territorio: en esta ciudad colombiana por lo menos hay arroz para comer.

Durante una visita a Cúcuta, periodistas de Dejusticia reportaron que en Venezuela los yukpa tardaban hasta tres meses sacando tres sacos de yuca, por los que recibían un millón de bolívares, apenas suficientes para comprar un kilo de arroz. El rumor de que en Cúcuta por lo menos había disponibilidad de este grano, los hizo tomar lo necesario para emprender camino a Colombia: tres días de viaje en burro, buses y largas caminatas con la esperanza de hallar alimentos.  (Lea aquí: Los yukpas, el pueblo indígena que migró a Colombia en busca de arroz). 

Además del hambre, la ONIC ha denunciado que las operaciones de desalojo forzoso de las zonas que ocupan han resultado en fuertes enfrentamientos entre los indígenas y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Lo anterior demuestra la ausencia de respuestas con enfoque étnico, agrava sus ya de por sí difíciles condiciones de vida, y se suma a los actos discriminación y xenofobia que han debido soportar como población pobre y migrante proveniente de Venezuela.

¿Por qué pedimos que se seleccione la tutela?

El 22 de agosto, Dejusticia, el SJR y la ONIC solicitaron a la Corte Constitucional la selección de la tutela presentada presentada por los caciques yukpa, argumentando que este caso implica la protección urgente de los derechos mínimos necesarios para que los pueblos originarios puedan vivir dignamente, especialmente cuando también han sido víctimas de la violencia armada. (Conozca la solicitud a la Corte)

Indígenas

Los bajos del puente Francisco de Paula Santander, el segundo paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, se convirtieron en la morada de un grupo de indígenas yukpa, que aprovechaban este sitio estratégico para pasar mercancía entre los dos países./ Foto: Juan Arredondo

De igual forma, las organizaciones sostienen que se violaron los precedentes de la Corte y distintas instancias internacionales sobre el derecho a la salud de la población migrante y la atención humanitaria de emergencia a poblaciones étnicas.  En la sentencia T-210 de 2018, la Corte indicó que, de acuerdo al principio de no discriminación, “el Gobierno colombiano tiene la obligación de adoptar medidas eficaces para garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental de todos los migrantes, sin importar su situación de irregularidad”.

Así mismo, en el auto 004 de 2009, la Corte abordó las afectaciones a los pueblos indígenas por el desplazamiento y la violencia, y reconoció la obligación del Estado de atenderlos mediante un enfoque diferencial. Cabe anotar que el pueblo Yukpa fue reconocido por este auto como víctima colectiva del conflicto armado.

Por último, las organizaciones señalan que el caso de los yukpa es un asunto novedoso para el análisis judicial y la materialización de un enfoque diferencial, ya que se trata de un pueblo indígena binacional, que ha migrado de su territorio a causa de la crisis en Venezuela y que vive en condiciones de miseria en una ciudad de frontera.

El próximo jueves 30 de agosto la Corte Constitucional tiene la oportunidad de estudiar el drama de los yukpa: el pueblo indígena que migró a Colombia en busca de arroz.

 

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