Tambalea proyecto defendido a capa y espada por el ex ministro Andrés Felipe Arias.

La publicitada ley del Estatuto de Desarrollo Rural de 2007, defendida a capa y espada por el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias —hoy candidato presidencial—, y de la que se dijo que revolucionaría las políticas de desarrollo del sector, pondría orden en la titulación de tierras, reformaría el Incoder y sería la salida para enfrentar el desplazamiento de campesinos al mejorar sus oportunidades, hoy tambalea en la Corte Constitucional. La razón: las comunidades indígenas y afrodescendientes nunca fueron consultadas por el Ejecutivo durante el trámite de la norma en el Congreso.

Con esta tesis, defendida hasta el viernes pasado por el magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba —quien salió de la corporación junto con tres magistrados más por período cumplido—, el jurista pidió que se declarara la inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural. Su ponencia recoge los conceptos del departamento de Derecho de la Universidad del Rosario, el Centro de Estudios de Derecho DeJusticia, la Organización Nacional Indígena (ONIC), la Comisión Colombiana de Juristas, entre otros, que coinciden en que la ley desconoció abiertamente el derecho de consulta a las comunidades afrodescendientes e indígenas en asuntos que las afectaban de manera directa.

La ponencia del magistrado Córdoba dejó consignado que se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reza que, previo a cualquier acto legislativo que afecte comunidades indígenas o ‘afros’, éstas deben ser enteradas y consultadas. En este caso respecto al uso y derechos que tienen sobre sus territorios y las disposiciones del Estatuto de Desarrollo Rural que afectan el destino que se les pueda dar a esos lugares para la explotación económica de particulares. De acuerdo con la tesis de Córdoba, se intentó una consulta con las comunidades cuando la ley estaba prácticamente ‘cocinada’, lo cual es un vicio de inconstitucionalidad.

La semana pasada los magistrados de la Corte se enfrascaron en un álgido debate en torno a la ponencia de Jaime Córdoba. Los detalles de la candente sesión fueron conocidos por El Espectador. A favor de que se tumbara el Estatuto de Desarrollo Rural se mostraron los magistrados Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas y Clara Elena Reales. En contra votaron Marco Gerardo Monroy, Humberto Sierra, Nilson Pinilla y Gabriel Mendoza. El magistrado Mauricio González se declaró impedido por haber promovido la norma cuando fue secretario jurídico de Palacio.

Al no existir mayoría, la Corte dejó para esta semana el estudio nuevamente del polémico Estatuto de Desarrollo Rural y nombró como conjuez al abogado Rodolfo Arango. Con una particularidad: la votación podría cambiar radicalmente ya que los magistrados Araújo, Córdoba, Monroy y Vargas salieron de la corporación el viernes pasado y fueron reemplazados por Juan Carlos Henao, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio. Esta candente discusión será el primer gran ‘chicharrón’ al que se verán enfrentados.