El Espectador habla sobre “Jueces sin Estado” la nueva investigación de Dejusticia

Por: Dejusticianoviembre 10, 2008

Relatos de cómo los actores del conflicto minan el trabajo de jueces y fiscales en el país.


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Administrar justicia en una ciudad como, por ejemplo, Bogotá, es relativamente sencillo. Procedimental, dirían algunos. Los juzgados están congestionados, los funcionarios se quejan de la excesiva carga laboral; pero fuera de estos asuntos, de forma general, se podría afirmar que la justicia funciona. No obstante, otra es la suerte cuando ésta tiene que ser administrada en zonas donde la ley la imponen los actores del conflicto y no el Estado. Así lo dejan ver los testimonios de algunos fiscales y jueces que, desde los Montes de María hasta el Putumayo, observan cómo la justicia no es más que un adorno. Dichos relatos fueron recogidos por un grupo de investigadores, liderados por Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional y de Los Andes, que acaba de darlos a conocer en el libro Justicia sin Estado, trabajo apoyado por Dejusticia, la Fundación Konrad Adenauer y The John Merck Foundation.Esta frase de uno de los entrevistados es la que mejor resume la impresión que jueces y fiscales se han llevado al ejercer en zonas ‘rojas’: “Nadie habla de la capacidad de los actores armados para neutralizar la labor de la justicia”. El Espectador presenta algunas de estas historias.* Nombres modificados.Los códigos vs. la realidadRoberto Mora*, abogado de la Universidad Cooperativa de Pasto, es un juez promiscuo de La Hormiga (Bajo Putumayo), un sector estratégico para los actores del conflicto. Con asombro, observa cómo en el vecino municipio de San Miguel se consigue desde coca y armas hasta secuestrados, y mientras el casco urbano de este pueblo está controlado por los ‘paras’, los alrededores le pertenecen al frente 48 de las Farc. “Aquí todo el mundo tiene que ver con la coca”, expresa Mora. “Los códigos no están hechos para una realidad tan complicada como ésta, pero la ley es la ley. Lo que pasa es que no es fácil”. Recuerda, por ejemplo, cuando procesó a un pequeño de 11 años de edad que se desplazaba con 14 bultos de cocaína, de 72 kilos cada uno. Y a pesar de su desacuerdo con el narcotráfico, admite que en La Hormiga es más que un negocio: es una forma de vida. A Mora lo han amenazado tres veces. La primera, por capturar a un reinsertado que trabajaba para un reconocido ‘narco’ de la región. La segunda, cuando embargó a un hombre que resultó ser narcotraficante. En aquella ocasión, la Policía tuvo que sacarlo de la diligencia con un chaleco antibalas. La última vez fue en un consejo de seguridad. “No fue directamente contra mí, sino contra todos los funcionarios del Estado”, explica.La amenaza surgió con la aparición de unas fosas comunes, llenas de cadáveres de guerrilleros. “Los paramilitares eran los responsables de estas fosas. Entonces la guerrilla dijo que los había mandado a matar Uribe y que todos los que trabajaran con él estaban aliados con los paramilitares y eran objetivos de guerra. Es la filosofía de la guerrilla. Si usted no está con nosotros, está contra nosotros”.“Nunca abrí un proceso penal”De los 19 años que Rubiela Giraldo* lleva en la Rama Judicial, permaneció siete en Pinillo, en el sur de Bolívar, a donde sólo se llega en chalupa por el río Magdalena. Rubiela llegó a una zona que, a principios de los años 90, era un territorio totalmente dominado por las guerrillas de las Farc y el Eln. Dos alcaldes fueron ajusticiados antes de su llegada. “Imagínese lo complicado que fue para mí empezar como juez en semejante zona”, exclama.Para que el juzgado funcionara, Rubiela necesitaba la colaboración, “por no decir que el permiso”, de los comandantes guerrilleros. La mayoría de los casos que adelantaba eran procesos ejecutivos, de campesinos que hipotecaban sus propiedades y posteriormente no tenían cómo responder ante los bancos. No obstante, era la guerrilla la que terminaba decidiendo si el campesino perdía su tierra o no.“Yo nunca abrí un expediente de oficio por causas penales, era muy peligroso”, manifiesta la abogada. Una de sus pocas condenas fue por lesiones personales y daño en bien ajeno, luego de que dos chalupas se estrellaran en la mitad del río. No obstante, la sentencia no se pudo ejecutar por falta de Fuerza Pública, pues en Pinillos, donde el 90% de la población está en zonas rurales, en esa época ni siquiera había policía para efectuar capturas. Al final, la guerrilla arregló el asunto. “Ellos ejercían más justicia que nosotros”, anota la jueza.Por una decisión contra ‘La Gata’Joaquín Granados* fue juez promiscuo en Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, en donde mandaba el frente 37 de las Farc. “Nadie me hacía caso. El verdadero juez era el comandante de las Farc, no yo”. Posteriormente, los paramilitares arribaron a la zona. El abogado fue trasladado a María la Baja, en donde, dice él, “no se movía una hoja si los paramilitares no lo querían, y eso, claro está, incluía el juzgado”. El cambio a un fallo suyo que profirió en favor de una tutela que fue interpuesta por violación al debido proceso, en la licitación para adjudicar el negocio del chance en Bolívar le trajo problemas. “Me di cuenta de que había fallas graves de procedimiento, por eso la concedí. Entonces empecé a recibir llamadas de La Gata (Enilce López): sufragios, llamadas… Sufrí mucho y mi familia también. Lo más triste es que revocaron mi decisión y le adjudicaron el negocio a ella”.“Y así se hacía justicia” José David Zambrano* fue nombrado juez en Murindó (Urabá antioqueño) unos meses después de obtener su cartón como abogado en la Universidad de Antioquia, en 1973. “A mí no me importaba que estuviera lejos. Yo siempre había querido ser juez”, dice. El sueño de Zambrano era “administrar justicia”, pero pronto se percató de que para los empleados del municipio, estar allí era una especie de castigo, y de que su despacho no era en realidad suyo, sino del frente 35 de las Farc. “Al juzgado no iba nadie”, recuerda el jurista.De Murindó, el juez Zambrano fue trasladado a San Pedro de Urabá, en donde lo recibió la comisaría política del Epl. “No hay problema que se quede en el pueblo. Pero eso sí, entienda que aquí los que administramos justicia somos nosotros”, le dijeron. Y así fue su trabajo. Se limitaba a hacer trámites formales, a fallar, en sus palabras, pendejadas. “En el juzgado éramos como la Corte Penal Internacional: subsidiarios, trabajábamos por encargo… los que mandaban eran los del Epl”. En 1985, Zambrano fue trasladado a Buritacá, en el occidente de Antioquia. “¡Listo!, dije, con la esperanza de que las cosas mejoraran”. Pero no fue así. No se había posesionado y ya sabía que en la cabecera urbana mandaba el Ejército y en las zonas rurales el Epl. Todo pasaba por los comisarios políticos de ese grupo guerrillero. El juez se limitaba a realizar oficios y a archivar procesos. “Y así se hacía justicia”.Años más tarde, Zambrano llegó a Medellín y cumplió su sueño de estar con casos “grandes y peliagudos”: ingresó en el programa de justicia regional (jueces sin rostro). Sin embargo, su decepción fue aún mayor: “Todo estaba hecho para que hubiera impunidad… la justicia era mera formalidad”. Hace poco, Zambrano fue trasladado a Barranquilla, en donde, comenta con un poco de frustración, tiene algunos casos de paramilitares, pero nunca ha podido condenar a un “pez gordo”.

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