En los próximos días deben ser elegidos los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Los 9 magistrados serán designados mediante el sistema de elección diseñado por la reforma política de 2003. Esto significa que serán elegidos por el Congreso de la República en pleno, de listas presentadas por los partidos o por coaliciones entre ellos.

La prensa escrita ya ha hecho cábalas acerca de cuál será la nueva composición del Consejo. Así, hace un mes, en El Tiempo se anticipaba que si los partidos de la coalición uribista presentaban una lista única, se quedarían con siete de los nueve asientos. Luego, la revista SEMANA hablaba de que si los uribistas iban unidos, se quedarían con seis cargos, mientras que el Partido Liberal podría elegir dos y el Polo se quedaría sin representantes, a no ser que lograra hacer una alianza para estos fines. Finalmente, en una edición reciente de El Tiempo, se comentaba que los partidos de La U, el Liberal y el Conservador tenían asegurados cada uno dos puestos, al tiempo que Cambio Radical tendría uno y que los dos restantes cupos debían disputarse entre el Polo Democrático, Alas Equipo Colombia y Convergencia Ciudadana. Por eso, en el último informe se hablaba de que ya estaban empezando las conversaciones entre distintos partidos para crear alianzas que les permitieran hacerse a más puestos en el Consejo.

Todos estos vaticinios y estrategias podrían ser hasta divertidos si no estuviéramos hablando del Consejo Nacional Electoral, es decir, de uno de los organismos encargados de garantizarles a todos los que participan en las elecciones condiciones de transparencia, honestidad e imparcialidad en el manejo de la organización electoral. Pero como sí estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, lo que todo esto causa es angustia.

Como van las apuestas, todo indica que la coalición uribista obtendrá la mayoría calificada en el Consejo (seis de nueve cupos), con lo cual podrá tomar todas las decisiones que desee. La pregunta es simple: ¿Contribuye esta situación a generar confiabilidad en las elecciones y el proceso democrático? La respuesta es también fácil: No, de ninguna manera.

La situación política del país se ha transformado profundamente en los últimos años. La aprobación de la reelección inmediata y el temor de que se reforme nuevamente la Constitución para permitir más reelecciones ?de la manera que fuere? han vuelto a despertar sospechas acerca de si las elecciones pueden ser manipuladas a favor de un candidato. Desde esta perspectiva se debe valorar positivamente que en las últimas elecciones el triunfo del Presidente Uribe haya sido abrumador, pues ello impidió que surgieran dudas acerca de la pureza de las elecciones. Quién sabe qué hubiera ocurrido si los resultados hubieran sido tan apretados como los que se presentaron en México o en Costa Rica.

De otra parte, es claro que el sistema de partidos está en un proceso de transformación. Ya no tenemos el bipartidismo puro del pasado y, lo más importante, se observa la posibilidad de que se consolide una fuerza de izquierda ?el Polo Democrático Alternativo?. La pregunta es: ¿el control del Consejo Nacional Electoral por parte de la coalición que domina el Congreso de la República contribuye a que los partidos en la oposición afiancen su creencia en las reglas de la competencia electoral y profundicen sus convicciones democráticas? Creo que también en este caso la respuesta es no.

En realidad, los cambios políticos producidos exigen modificar la concepción que ha predominado en Colombia sobre la organización electoral. Desde hace décadas, en el país ha regido el concepto de que la organización electoral debe estar en manos de los partidos políticos, para que se controlen entre ellos mismos. Esta fue la decisión que se tomó en 1948 para ponerles punto final a las acusaciones recíprocas de fraude que se hacían los Partidos Liberal y Conservador. Y en vista de que la fórmula funcionó ?tanto, que en los últimos decenios solamente la elección presidencial de 1970 ha sido fuertemente cuestionada?, se decidió mantenerla en la Constitución de 1991, intentando compaginarla con el propósito de abrir el espacio político a otros partidos.

Pero el modelo de dominio partidista sobre la organización electoral ofrece muchos problemas. Este esquema no ofrece garantías para los partidos nuevos, ni para los pequeños que están en crecimiento ni para los partidos regionales que no cuentan con representación en el Congreso de la República. Además, el modelo partidista puede conducir a que un partido o una alianza dominen el organismo electoral ?como parece que ocurrirá ahora? y favorece el surgimiento de discusiones indeseables acerca de la imparcialidad del organismo electoral y de la credibilidad de los resultados electorales.

Por eso, todo indica que lo que se requiere ahora es repensar el modelo de organización electoral colombiano. Este camino ya se inició en la reforma política de 2003, en la cual se decidió que el Registrador ya no será nombrado por el Consejo Nacional Electoral sino por los presidentes de las altas cortes judiciales, luego de un concurso público. Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes por resolver, entre los cuales se encuentran si tiene sentido mantener la actual división de funciones entre el Consejo y la Registraduría y si se debe crear un órgano judicial electoral especializado. Para ello, sería de gran ayuda mirar los distintos modelos de organización electoral existentes en la región.

Pero soy consciente de que éste es un propósito más a mediano plazo y con muchos obstáculos, como lo muestra el hecho de que aún no ha sido posible dictar un nuevo Código Electoral o reglamentar la reforma política.

Por ahora queda por decir que lo ideal para la democracia colombiana sería que el Consejo Nacional Electoral no quedara en manos de la coalición uribista. La opinión pública y el mismo presidente Uribe deberían exigirlo. Se trata de impedir el retorno del fantasma del fraude electoral. En realidad, lo que está en juego es nada menos que la legitimidad de los procesos electorales y del mismo sistema democrático. Por eso, es necesario que en la elección de los miembros del Consejo prime la concepción de que este organismo debe ofrecer garantías a todos los partidos. Para ello, el Congreso de la República y los partidos deberían nombrar expertos de carácter independiente, que sean capaces de generar confianza y consenso. ¿Será muy ingenuo de mi parte confiar en que ello suceda?