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El fiscal y la refrendación

Rodrigo Uprimny Yepes
marzo 13, 2016

Publicado en: El Espectador

El fiscal general pidió a la Corte que declarara inconstitucional el llamado plebiscito para refrendar el acuerdo de paz. Su tesis es que la posibilidad de someter ese acuerdo a una votación ciudadana, que sea vinculante, desconoce que el presidente tiene plenas competencias para negociar la paz y que la Constitución no requiere que el acuerdo de paz sea refrendado.

 

La tesis del fiscal parte de premisas ciertas pero su conclusión es discutible.

Es cierto que el presidente puede autónomamente llegar a un acuerdo de paz con las guerrillas. Y es cierto que no existe obligación constitucional de que exista refrendación ciudadana del acuerdo para que éste pueda ser implementado. Pero que la refrendación no sea constitucionalmente obligatoria no quiere decir que esté constitucionalmente prohibida pues la falta de obligación no equivale normativamente a una prohibición.

Yo puedo no tener la obligación de ir a un partido de fútbol pero eso no quiere decir que me esté prohibido hacerlo, pues puedo tener el permiso (aunque no el deber) de asistir al evento. Y esa diferencia se aplica también a las autoridades, a pesar de que éstas sólo puedan hacer aquello que les está permitido. Que el Congreso no esté obligado a gravar las transacciones financieras no significa que le esté prohibido hacerlo pues está facultado (aunque no obligado) a poner ese tipo de impuestos.

Que la Constitución no obligue a refrendar un acuerdo de paz no significa entonces que sea inconstitucional que una ley faculte al presidente a realizar esa consulta ciudadana, pues el Congreso puede desarrollar distintos mecanismos de participación. Y esa posibilidad no viola las competencias del presidente de negociar la paz pues la ley lo faculta (no lo obliga) a realizar ese tipo de consulta.

Es pues válido que la ley cree un mecanismo para consultar a la ciudadanía sobre el acuerdo de paz, como ya lo dijo la Corte en la sentencia C-784 de 2014, en donde estudió el tema de la refrendación y concluyó que “escoger un mecanismo de participación democrática para terminar el conflicto y transitar hacia la paz es una opción que interpreta cabalmente la filosofía de la Carta”.

Ahora bien, al parecer (pues el comunicado de la Fiscalía es bastante escueto) la objeción del fiscal no es tanto a que haya una consulta sobre el acuerdo de paz sino a que su resultado sea jurídicamente vinculante. Y aquí su objeción es más pertinente pues ¿qué sucede si la ciudadanía se pronuncia negativamente sobre el acuerdo? ¿Significa eso que hay que seguir la guerra? ¿Y no sería eso entonces una violación del derecho a la paz y de las competencias presidenciales de negociar la paz?

Pero si esas son realmente las objeciones del fiscal, la conclusión no es que sea inconstitucional la refrendación ciudadana de los acuerdos de paz sino que debe interpretarse la fuerza vinculante del pronunciamiento ciudadano en forma compatible con las competencias del presidente y el derecho a la paz, lo cual es perfectamente posible.

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