El debate por acceder a recursos para enfrentar los efectos devastadores que ocasiona la crisis climática en los territorios más vulnerables no es nuevo. Tras 30 años de negociaciones fallidas, el año pasado en el marco de la COP28 en Dubai, se aprobó la estructuración del Fondo para Pérdidas y Daños, un mecanismo que reconoce que quienes menos han contribuido al calentamiento global son quienes más lo están sufriendo y por ello deben ser compensados por los países que han generado la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los países en desarrollo abogaron desde el inicio de las negociaciones por un fondo independiente, pero el acuerdo final fue invitar al Banco Mundial para gestionarlo, por un periodo interino de 4 años.

Si bien el Banco Mundial permitirá agilizar el acceso a los recursos, esta institución despierta las alertas de las organizaciones de la sociedad civil por sus políticas de préstamos a menudo asociadas con condiciones perjudiciales para los países receptores.

Además, el Banco Mundial ha sido criticado por apoyar proyectos que, aunque tienen como objetivo el desarrollo, han tenido impactos negativos en el medio ambiente y las comunidades. Algunos proyectos han causado la destrucción de ecosistemas frágiles, la contaminación del agua o del aire y la pérdida de biodiversidad.

¿Por qué no es la solución que se esperaba?

Se calcula que anualmente el costo de los daños y pérdidas ascenderá a 400.000 millones de dólares para el 2030, según una proyección de OXFAM. Este monto puede variar según la disposición de los países desarrollados de estabilizar o reducir sus emisiones (escenario que no ha pasado). El monto de recursos que los países más contaminantes se han comprometido a aportar hasta ahora es de 700 millones de dólares, que no representan ni el 0.2 % de lo que se necesita.

“Esto nos pone en un reto de décadas donde somos beneficiarios de caridad para una condición que nosotros no creamos”, señaló Adrián Martines Blanco, director de La Ruta del Clima. 

Este Fondo se crea sin metas obligatorias, con base en las donaciones de los países que han generado los daños ambientales. Tampoco establece la responsabilidad jurídica en el aporte de recursos. No es producto de la responsabilidad y la reparación, sino que se acomoda a los arreglos desiguales de poder con los que el Banco Mundial ha sido gobernado.

¿Una señal de esperanza o una cortina de humo?

Si bien la creación del Fondo fue celebrada por las delegaciones, su efectividad aún es incierta. La justicia climática necesita soluciones acordes a la magnitud del problema y para eso el financiamiento será clave para que los países del Sur Global puedan recuperarse de los desastres ambientales, como el aumento del nivel del mar, las sequías, los huracanes, las inundaciones, las pérdidas de cultivos y la transformación de los ecosistemas.

“Ese miedo a los eventos extremos, o a perder nuestros territorios, como ha ocurrido con algunos pueblos indígenas (que además tienen una huella de carbono muy baja), lleva a otras pérdidas emocionales, personales, de identidad, que afectan el futuro para las próximas generaciones que tendrán que lidiar con un terreno hostil para la vida”, finalizó Adrián Martines Blanco, director de La Ruta del Clima.