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El gobierno Santos a favor de las libertades

Mauricio Albarracín
noviembre 18, 2015

Publicado en: El Espectador

Este noviembre será recordado como un mes liberal.

 

La Corte Constitucional en dos decisiones sin precedentes autorizó la adopción de hijos por parejas del mismo sexo y el reconocimiento de hijos biológicos de estas parejas. Días después, se abrió un nuevo debate sobre la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas y el Gobierno prepara un decreto para regular el uso de la marihuana con fines científicos y terapéuticos. Además, unas semanas atrás, el país también había presenciado un debate sobre la eutanasia legal, a propósito del caso del señor Ovidio González, papá del caricaturista Matador.

Todos estos debates tienen una larga tradición de movilización social y política. Muchas de estas discusiones iniciaron en los años noventa y solo hasta hoy vemos los resultados. Sin duda, la Corte Constitucional ha sido el lugar de estas luchas por las libertades con el impulso de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el gobierno del presidente Santos ha surgido como un apoyo importante en estas luchas recientes. Hace mucho no teníamos un gobierno realmente liberal en asuntos como políticas de sexualidad o de drogas. Los ministros Alejandro Gaviria de salud, Yesid Reyes de justicia y Juan Fernando Cristo de interior han demostrado con palabras y acciones concretas su compromiso con el cumplimiento de algunas promesas constitucionales.

El ministro de salud ha sido el más destacado defensor de las libertades desde su cartera. Nos ha demostrado que la salud es un área técnica pero con una profunda relación con la vida y la libertad. Alejandro Gaviria ha usado buena ciencia y buenos argumentos legales para avanzar en temas como la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo, la regulación de la eutanasia y de la marihuana con fines médicos o científicos. La semana pasada, defendió con claridad la despenalización del aborto, señaló los obstáculos que viven las mujeres para acceder a este derecho y ha buscado salidas concretas para el acceso a procedimientos y medicamentos. Su honestidad intelectual y capacidad de dar debates con altura demuestran que un ministro puede mantener un equilibrio entre la técnica de la gestión y el cambio social para el bien común.

Por su parte, el ministro del interior ha sido un vocero importante para los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Por ejemplo, Juan Fernando Cristo ha sido un apoyo importante para Alba Reyes, la madre del joven Sergio Urrego quien se suicidó después de un proceso de discriminación en su colegio. El ministro del interior también ha sido un vocero público en defensa del matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo. Aunque todavía tiene pendiente creación de la política pública LGBT, espero que este compromiso se cumpla pronto.

Finalmente, el ministro de justicia ha sido un buen ejecutor de los cambios en políticas de sexualidad y drogas. Por una parte, ha sido un defensor legal en la Corte Constitucional de las libertades. Defendió con claridad ante el alto tribunal el derecho al matrimonio igualitario y el derecho de los padres del mismo sexo a registrar a sus hijos. Por otra parte, desde su despacho y con el apoyo del ministro del interior, regularon el cambio de sexo en la cédula para beneficiar a las personas trans. Esta regulación ha beneficiado a cientos de personas que hoy pueden vivir su identidad legal tal y como viven su identidad real. También ha abierto debates importantes en relación con una nueva perspectiva en la política de drogas para que esté más basada en los derechos, la evidencia y la salud pública. De hecho, su cartera también está comprometida con el decreto del uso de la marihuana con fines médicos y estuvo involucrada en la suspensión de las fumigaciones con glifosato.

La principal herramienta del Gobierno nacional para garantizar estas libertades ha sido a través de decretos reglamentarios y decisiones administrativas que desarrollan las órdenes de la Corte Constitucional. Por eso, no es extraño que el procurador esté en una guerra jurídica para anular todas estas regulaciones en el Consejo de Estado. Los decretos que garantizan las libertades son fundamentales para la ciudadanía porque hacen parte de un círculo virtuoso entre una Corte Constitucional que protege los derechos y un gobierno que establece los mecanismos para implementarlos. La Corte ya no está sola en estas tareas, el Gobierno ha demostrado con las decisiones recientes que tiene una enorme capacidad para desarrollar la Constitución.

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