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El hijo pródigo

Vivian Newman Pont
enero 8, 2016

Publicado en: El Espectador

Un antiguo compañero de facultad escribe en un periódico y envía semanalmente sus columnas a los que fuimos parte del curso. 

 

Sus textos representan una parte del escenario político que se opone al Gobierno Santos y que en ocasiones me cuestiona, en otras me genera reservas, pero con frecuencia revela verdades a medias que habría que rebatir.

La crítica más pertinaz es, por supuesto, al proceso de paz. En los acuerdos logrados, este sector no ve la posibilidad seria de reintegrar a los miembros de una sociedad que tomaron un camino, que muchos consideramos equivocado y condenable, sino unos regalos excesivos derivados de berrinches guerrilleros. Sufren del eterno descontento del hermano mayor ante las medidas que toma el padre frente al regreso del hijo pródigo, como en la parábola bíblica. Sólo ven una entrega. Dicen que el Gobierno no ha ganado ni una sola. Dicen que en todo se ha cedido.

Esto último atenta contra la realidad de los acuerdos y amerita aclaración. A lo largo de estos tres años se ha morigerado, no sólo el discurso guerrillero, sino que las Farc, desde la delimitación de la agenda, se han tenido que tragar varias de sus aspiraciones. Menciono solo tres a fin de compensar en parte la desinformación:

Para comenzar, el acuerdo está estructurado sobre la idea de que hay temas que no se tocan, como el modelo económico. Lo negociado, a diferencia de la agenda interminable del Caguán, respondió a estos límites predefinidos que en si mismos fueron un logro. Así, se mantuvo la propiedad privada y la economía de mercado como fundamento de los acuerdos agrarios, por demás necesarios en un país con uno de los peores coeficientes rurales de distribución de la tierra. Para un grupo marxista leninista ésta es una concesión importante.

Segundo, las Farc se consideraban por encima de la justicia colombiana y entendían sus delitos como actos justos contra el enemigo de clase. Decía en 2013 el vocero de las Farc Santrich que “los tribunales colombianos no tienen el decoro y la competencia” para juzgar a la guerrilla. Sin embargo, en el acuerdo sobre justicia, se pacta una jurisdicción especial para la paz constituida por varios mecanismos que incluyen un tribunal conformado en su mayoría por colombianos y con sede en Colombia para investigar y sancionar los delitos cometidos en el conflicto, lo que incluye a la guerrilla.

Por último, pasaron de decir que eran víctimas, que ejercían el derecho a la rebelión y que por ende todo debe ser amnistiado, a aceptar que sus crímenes deben ser juzgados, que deben contribuir a la verdad y a la reparación, y que recibirán sanciones, que si son adecuadamente controladas, serán significativas. Sin olvidar su aceptación de una ley que delimite los delitos no amnistiables.

Se me queda por fuera su aceptación de la vinculación al narcotráfico, la apertura de archivos de inteligencia con las normas existentes, el mantenimiento del fuero especial presidencial, el real compromiso de colaborar con el desminado y con la sustitución de cultivos y claro, la cesión más obvia: que han dejado de disparar y están en vías de convertirse en actores políticos pacíficos.

En fin. Sé que es difícil aceptar las medidas que toma el Estado democrático cuando el hijo pródigo regresa, pero también cuesta creerle a este hermano mayor que desconoce la realidad de lo acordado.

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