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“El hiperpresidencialismo es una perversión del Estado de Derecho”

América latina ha hecho avances en sus sistemas jurídicos, pero no todos se ven en el escenario político. Según el entrevistado, porque esos cambios no son reclamados con fuerza por la sociedad.

 

El derecho, a pesar de una dialéctica en la que predomina su dimensión conservadora y dogmática, alberga también la capacidad de imaginar instituciones y aportes al cambio social. Esta potencia crítica requiere, para su actualización, de modificaciones en la educación jurídica y también de reformulación de las prácticas políticas. Para pensar esta tarea, evaluando a la vez los claroscuros de las reformas constitucionales concretadas en América latina en las últimas dos décadas, el destacado jurista colombiano César Rodríguez Garavito afirma que el poder de cambio del derecho deja de ser una promesa cuando la ciudadanía y sus organizaciones reclaman por su efectivización.

¿Qué desafíos implica pensar el derecho desde América latina? ¿Cómo sería posible dejar atrás esa mirada subalterna que hace a muchos de nuestros teóricos “ventrílocuos”, portavoces de los centros universitarios de los países dominantes? ¿Se puede modificar la división internacional del trabajo intelectual? Hay que tomar en serio el trabajo jurídico hecho en América latina -las investigaciones, las normas, las instituciones- y dejar de verlas como una mala copia de las europeas o las estadounidenses. Esto implica entrar en un diálogo horizontal, libre de complejos, con las mejores tradiciones jurídicas y los análisis producidos en los países del Norte global.

¿Se registraron avances en las prácticas jurídicas durante las últimas décadas en esa “resistencia” a la colonización institucional? Hay avances e innovaciones importantes, que son aportes latinoamericanos al derecho mundial. Por ejemplo, la garantía judicial de los derechos sociales (como la salud o la educación) y la protección multicultural de los derechos de los pueblos indígenas.

Usted suele hablar de “cambiar el mapa del derecho”. ¿Qué significa exactamente? Las normas jurídicas, como los mapas, son formas de imaginar y ordenar las relaciones humanas que, para ser eficaces, encogen la complejidad de lo real. Así como el cartógrafo traza sólo algunos detalles del terreno para hacerlo caber en un mapa legible de bolsillo, el jurista -sea legislador, juez, abogado o analista- escoge sólo una fracción de las prácticas sociales, para regularlas o entenderlas con un prisma legal. Todo mapa privilegia un centro geográfico, desde el cual proyecta la superficie terrestre. Tanto en la cartografía como en el derecho, ese centro ha estado en el Norte global. Cambiar el mapa implica mover el centro de proyección al Sur global y mirar las prácticas jurídicas desde la perspectiva de los grupos sociales marginados del goce de los derechos más básicos, desde la alimentación hasta la vivienda.

¿Qué balance se puede hacer del proceso de reformas constitucionales de los últimos veinte años? ¿Se percibe alguna lección a tener en cuenta de cara al futuro? A pesar de sus diferencias y vacíos, las reformas de las últimas dos décadas han afianzado la democracia en América latina y constitucionalizado la promesa de justicia social a través de cartas de derecho progresistas y de mecanismos institucionales para hacerlas realidad. La principal lección que dejan es que las normas constitucionales son poderosos instrumentos de cambio social cuando los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil se movilizan para reclamar su aplicación, tanto en los tribunales como en la calle.

¿Cuáles serían los mayores espacios de barbarie de la región? Son los muchos espacios creados por sociedades profundamente desiguales donde el Estado tiene escasa presencia intermitente y precaria: las villas miseria de Buenos Aires o Río de Janeiro, las tierras controladas por grupos paramilitares o guerrilleros en Colombia, las zonas dominadas por las mafias en Centroamérica o México, los enclaves de las economías extractivas donde impera la ley de los colonos o de las compañías mineras en Perú o Ecuador, entre otros. Son lugares donde impera la ley del más fuerte y las intervenciones esporádicas del Estado se reducen a la coerción y al mantenimiento del orden existente.

¿La crítica jurídica política y social sigue estando demonizada en la región, mientras persiste la inmunidad a los privilegiados? Aunque las ideas y movimientos críticos han logrado avances importantes, América latina sigue estando atravesada por dos realidades que contradicen los postulados de la democracia y los derechos humanos: la profunda desigualdad social y el legado del autoritarismo político. En este contexto, la famosa frase del expresidente brasileño Getulio Vargas -”Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”- sigue teniendo vigencia y es aplicada por los autócratas latinoamericanos del siglo XXI, tanto de derecha como de izquierda. El resultado es que, con casos excepcionales como el de Fujimori en Perú, los poderosos del Estado y el sector privado rara vez son alcanzados por la mano de la justicia, mientras que los sectores populares -los habitantes de las villas, los líderes de movimientos sociales-reciben con frecuencia tratamiento criminal.

¿La crítica jurídica debe priorizar el activismo por la igualdad? Por definición, la crítica no se conforma con el status quo. En América latina, la región más desigual del mundo, los críticos no tienen alternativa distinta de revelar y contrarrestar los patrones de desigualdad y discriminación por razones de género, raza, identidad étnica, clase social, orientación sexual, capacidad física y otros factores. En pleno siglo XXI, vivimos en sociedades atravesadas por desigualdades heredadas del siglo XIX, que fueron abolidas jurídicamente pero siguen vigentes en la práctica.

¿Qué rasgos de pluralismo jurídico hay en nuestra región? ¿Acaso el pluralismo cultural y el pluralismo nacional de las nuevas constituciones de América latina se complementan con la globalización? ¿O ellos refuerzan nuestro lugar periférico? Las décadas de la globalización han sido también las de la pluralización. Al tiempo que se han integrado los mercados y las instituciones, se han fortalecido los movimientos étnicos locales, muchas veces utilizando las herramientas de la globalización: las comunicaciones internacionales, las redes sociales, o las nuevas instituciones globales de derechos humanos dentro de la ONU. En América latina, el movimiento indígena es el ejemplo más claro de esta novedad, y las constituciones multiculturales de Bolivia, Ecuador y Colombia, sus expresiones jurídicas más nítidas.

El hiperpresidencialismo que domina en América latina ¿impulsa formas de populismo? ¿Qué hacer con los liderazgos fuertes y el personalismo? Tras la caída de las dictaduras, el hiperpresidencialismo se convirtió en la principal perversión del Estado de Derecho en América latina. Ha proliferado por derecha y por izquierda por igual: desde Menem, Fujimori y Uribe, hasta Chávez, Correa y Ortega. Todos han querido cooptar los demás poderes y perpetuarse en un gobierno de “hombres fuertes”. Por definición, el hiperpresidencialismo incumple la promesa del Estado de Derecho: que la ley se aplique a gobernantes y gobernados por igual. Contra él, es esencial mantener un Poder Judicial fuerte e independiente, como el que salvó a Colombia de una segunda reelección ilegal del ex presidente Uribe, o el que condenó en Perú a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad.

¿Qué riesgos presentan las reformas super abarcativas en el campo institucional? Presentan el riesgo de la ineficacia, es decir, de no ser capaces de cumplir lo anunciado y convertirse en una razón más de desencanto y desilusión ciudadana con las promesas de la democracia. Son los riesgos de lo que algunos autores han llamado “constitucionalismo aspiracional”: reformas que prometen resultados ambiciosos (por ejemplo, acceso universal y gratuito a la salud y la educación de calidad) que probablemente no pueden ser cumplidas estrictamente en el corto plazo (por restricciones económicas, burocráticas o políticas), pero que trazan una aspiración colectiva de largo plazo que los ciudadanos pueden exigir. Cuando los gobiernos, los jueces y los ciudadanos toman en serio las normas aspiracionales, pueden implicar avances profundos en la equidad social. Cuando no lo hacen, las normas quedan en el papel y el derecho pierde eficacia y credibilidad.

¿Existen mentalidades “incumplidoras” del derecho en la región? ¿Habría, acaso, una herencia cultural que tienda a llevarnos “al margen de la ley”? No creo que los latinoamericanos estemos programados culturalmente para incumplir la ley. Si bien pesan los rasgos de la herencia europea latina -que produjo dichos como “la ley es para los de ruana” y “se acata pero no se cumple”-, el cumplimiento de la ley no es sólo un asunto cultural. En mi opinión, depende fundamentalmente de rasgos del sistema jurídico y político: que los ciudadanos perciban que el orden legal es justo, que las leyes sean expedidas mediante procedimientos limpios y legítimos, que las autoridades sancionen prontamente a los incumplidores y que lo hagan sin distinciones de clase o estatus social.

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