La noticia de las ultimas semanas sobre la apertura del gobierno brasileño de una gran parte de una reserva natural en la selva tropical del Amazonas a la minería, me hizo pensar en conservación y los complejos problemas que trae consigo. Obviamente, casi todo el mundo reaccionó en contra de la minería e instó al gobierno a proteger y conservar el pulmón más importante del mundo. Sin embargo, me pareció que no hubo mucho debate sobre qué tipo de conservación sería ideal y cómo hacer que suceda. Algunos declararon ciegamente que la conservación era la mejor y única opción. Y esto me hizo reflexionar sobre la conservación. No deseo promover la minería sobre la conservación y creo que las políticas de Temer y otros gobiernos de América Latina sobre industrias extractivas deben ser revisadas, pero eso no quiere decir que la conservación estricta no deba ser cuestionada.

Evidentemente, cuando la decisión es entre la minería y la conservación, la mayoría de nosotros ciegamente optamos por la conservación. Sin embargo, como la mayoría de los problemas modernos, siempre hay una línea gris y no todo es tan bueno como parece. La conservación y las áreas protegidas no son la utopía que las revistas de aerolíneas y documentales de National Geographic nos tratan de vender. Una mirada más profunda a lo que una noción estricta de la conservación realmente implica para las comunidades y la forma en que generalmente inclina la balanza a los que tienen el poder, muestra que hay un lado oscuro de la conservación.

En primer lugar, vamos a hablar de los impactos que la protección de la biodiversidad y los recursos naturales tiene sobre las comunidades que han ocupado tradicionalmente estos ricos ecosistemas. Hace algunos años, en la celebración del 99 aniversario de los Parques Nacionales Naturales de Estados Unidos, Survival International , una organización de defensa de derechos indígenas, lanzó una campaña denominada “Alto a la estafa ”, que estaba destinada a desafiar “la destrucción de las tribus y sus tierras en nombre de la conservación». La campaña fue un recordatorio de que mucho antes de que los parques nacionales se convirtieran en un destino turístico muy popular, miles de comunidades indígenas y tradicionales fueron desalojadas violentamente de las tierras que habían habitado y ayudado a preservar durante décadas. El enfoque tradicional de conservación se ha retratado como incompatible con la presencia de las comunidades y ha empeorado la vida de miles de personas nativas.

Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos: Foto: nakashi

Hace más de cien años, los indios Ahwahneechee que residían en lo que ahora se conoce como el parque de Yosemite, fueron expulsados de su territorio por parte de soldados que “descubrieron” el valle; los que se quedaron o regresaron, fueron desalojados violentamente por las autoridades del parque en 1969. Y esta tendencia continúa hoy en día. En los últimos años, Dejusticia ha estado trabajando por la defensa de la comunidad Endorois en Kenia, que fue desalojada de sus tierras ancestrales para dar paso a una reserva nacional e infraestructura turística. Y tan solo el año pasado, el gobierno de Botswana anunció una política de «disparar sin previo aviso» que terminó perjudicando y matando a varios miembros de la tribu San, que han utilizado el gran parque del Kalahari Central como zona de caza antigua.

Esta situación está ocurriendo en Asia y África; comunidades indígenas y tradicionales continúan siendo maltratadas en el nombre de un erróneo método de conservación que trae un gran costo humano. Grupos Massai en Tanzania han sido desalojados de un área de 1.500 kilómetros cuadrados cerca de los parques nacionales Serengeti, Masai Mara y Ngorongoro. En 2009, 3000 Massais quedaron sin hogar. En el norte de Tailandia, miles de tribus étnicas Hmong y Karen han sido clasificadas como “ocupantes ilegales” de las tierras donde han vivido durante siglos y que ahora han sido designadas como parques nacionales o reservas naturales. En la India, la gente Baigal ha sido desplazada de la Reserva de Tigres de Kanha, a pesar de que no cazan tigres y han vivido de manera sostenible en esas tierras desde hace años.

Colombia, sin embargo, no escapa esta tendencia. A pesar de que las comunidades indígenas se les permite vivir en parques naturales (con limitaciones severas sobre lo que pueden y no pueden hacer), otros habitantes tradicionales, tales como las comunidades campesinas, no reciben el mismo trato. A pesar de que miles de familias campesinas viven en parques nacionales, algunas de ellas incluso décadas antes de que el parque fuera declarado, el gobierno insiste en que deben ser reubicadas y que sus prácticas (en algunos casos muy similares a las de las comunidades indígenas) no son sostenibles y amenazan la biodiversidad y la vida silvestre.

A Massai group in Kenya. Photo credit: Simon Cozens

La pregunta urgente es: ¿cuáles son los beneficios de este enfoque de conservación versus la gente? ¿El hecho de desalojar a los habitantes anteriores y tradicionales favorece la conservación? La ironía es que no parece estar funcionando. Un análisis reciente de 34 áreas protegidas en África encontró que la conservación ha desplazado a miles y dado lugar a violaciones de derechos humanos, pero que la vida silvestre sigue disminuyendo a un ritmo alarmante. Como el director del Rainforest Foundation del Reino Unido ha declarado, “no sólo es el modelo anti-personas que está siendo practicado injusto. Se margina a las mismas personas que han protegido los bosques durante miles de años y que representan una de nuestras mejores esperanzas para hacerlo en el futuro.”

Entonces, ¿quién se beneficia de este enfoque? Al parecer, los poderosos de siempre. Los gobiernos están recibiendo miles de recursos por la declaración de áreas protegidas; están aprovechandose de los mil millones de dólares ofrecidos por bancos globales, los gobiernos del Norte y las fundaciones de cambio climático y protección de la biodiversidad. Sin embargo, no están protegiendo a los guardianes naturales de estas tierras.

Y deberían. Los estudios del Instituto de Recursos Mundiales, entre otros, muestran que la mejor manera de proteger los bosques y los ecosistemas naturales es mediante el reconocimiento o la concesión de derechos sobre la tierra a las comunidades que los habitan. Áreas en las que los gobiernos protegen los derechos de comunidades tienen menores tasas de deforestación que aquellos en donde el enfoque de conservación versus gente se aplica. Además, asegurar la tenencia de los bosques de la comunidad también tiene beneficios económicos, tanto para la sociedad como para la población rural.

Por otra parte, si las comunidades están involucradas en la conservación y se pueden beneficiar, es más probable que la adopten y prevengan amenazas potenciales. Hay varios ejemplos que muestran que las comunidades y la conservación pueden coexistir. Por ejemplo, en la Amazonía colombiana, una comunidad indígena que ya tenía derechos territoriales sobre sus tierras le pidió al gobierno declarar un parque nacional sobre el territorio, por lo que tendría una mayor protección contra la minería. Esto demuestra que las comunidades pueden adoptar la conservación y que no son mutuamente excluyentes.

La conclusión es que hay muchos lados en cada historia. Después de una mirada más profunda a la idea de la conservación, no es tan fácil apoyar a los que dicen que el único futuro para la Amazonia es la conservación estricta. Por supuesto, la minería en la selva no es el camino a seguir. Pero insistir en un modelo de conservación que ha tenido un alto costo humano y que no ha tenido necesariamente los resultados esperados es también complicado. Tenemos que empezar a cuestionar la idea de conservación estricta, analizar el flujo de dinero y las dinámicas de poder que trae y trabajar en un nuevo modelo que funciona para las comunidades tradicionales que han actuado como guardianes de la naturaleza durante cientos de años y no contra ellos.

Foto destacada: Pajaro Rapazinho Estriado do Oeste bird. Foto: EFE/Fabio Schunck/World Wildlife Fund.