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El mapa político de la crisis de la CIDH

Dos días después de que en las redes y los medios se viralizara la crisis de la CIDH, se empezó a conocer la reacción de los Estados de la OEA. 

 

El primero en aparecer fue México, que en voz de su ministra de relaciones exteriores, dejó claro que no tenía intención de mover un dedo para evitar la inminente parálisis del órgano de protección regional.

Un día más tarde, en la sede de la OEA en Washington, se reunieron los Estados en el Consejo Permanente, con la participación del Presidente de la CIDH, el Profesor James Cavallaro, y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. El personal de la CIDH llenó las gradas de los invitados, equipados con carteles de #SalvemosLaCIDH. 

Cavallaro presentó el diagnóstico, repitió las cifras y reiteró la sentencia: la crisis financiera es insostenible. Su propuesta fue una estrategia de tres escalas: a corto plazo, financiar los programas que se cerrarán si no se consigue el millón de dólares necesario antes del 15 de junio; a mediano plazo, obtener financiación para el plan estratégico 2016-2020 de la CIDH (plan que no se conoce todavía ¡y vamos ya a mediados de 2016!); y a largo plazo, lograr un aumento significativo del presupuesto regular de la CIDH. 

Las respuestas de los Estados, enmarcadas en el casi indescifrable lenguaje diplomático, se pueden dividir en cuatro tipos: 

(i) Solidaridad vacía: representada en aquellos países (Como Chile, Colombia y Uruguay) que repitieron incesantemente que no tenían conocimiento de que la situación fuera tan grave, pero que no dudaban en que era necesario apoyar a la “joya de corona” del sistema interamericano. Pero al final de cuentas, al terminar su intervención, no se comprometieron a nada. 

(ii) Compromiso vago: El segundo grupo fue el de Panamá y Antigua Barbuda que pasaron de la retórica a comprometerse con fondos. Lo que hace vago el compromiso es que, o no se conoce su monto (como en el caso de Panamá), o podría ser tan irrisorio, que si bien es un compromiso político, materialmente puede ser insignificante (es el caso de Antigua, que se comprometió a dar el 10 por ciento de su cuota de la OEA. Algo muy importante en términos simbólicos, pero que en términos materiales terminaría siendo 2,500 dólares americanos) 

(iii) Oposición: Evidente en aquellos países que plantearon que había que estudiar en detalle el porqué de la crisis e indagar seriamente si se debía a una falta de legitimidad de la CIDH por causa de sus actuaciones. El líder de esta posición fue México, que sigue cobrando por ventanilla el buen trabajo del Grupo de Ayotzinapa, y como respuesta ha revivido su tradicional práctica del “No te pago para que me pegues”. Esta posición fue seguida de manera expresa por Argentina y Paraguay. 

(iv) Silencio: De un grupo mayoritario de estados que ni se interesan en pedir la palabra por puro desinterés o para simplemente ver que pescan más tarde en río revuelto. 

La sesión cerró con la intervención del Secretario Almagro. Después de repetir la importancia y trascendencia de los derechos humanos y de la CIDH, defendió de manera vaga la autonomía y sostenibilidad financiera de la comisión. Su propuesta es que la CIDH y la Corte le presenten a la Asamblea General un proyecto de contribuciones para darles dicha autonomía. Algo que prácticamente sentencia la crisis, pues él bien sabe que una propuesta de este tipo difícilmente se haría efectiva y, si llega a hacerlo, no será este año.  Y lo sabe porque desde que llegó ha vivido tanto la crisis presupuestal de la OEA, como la aparatosa puesta en marcha de su secretaría de derechos humanos, que hoy más que nunca se ve que termina siendo competencia que debilita a la CIDH.  

Al menos se van sincerando algunos y van destapando sus cartas. Un grupo de estados, con México a la cabeza, parecen ir por un Fortalecimiento 2.0. Al mejor estilo de los tiburones que huelen sangre y atacan.  Otros saben que no es necesario ensuciarse las manos: su inacción es tan letal como un ataque directo, la retórica es igual de dañiña pues sin contribuciones materiales y significativas, el resultado será el mismo. 

El plazo crítico de la CIDH coincide con la Asamblea General de la OEA (máximo órgano de decisión), que se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana, a mediados de junio. Las decisiones políticas y las acciones concretas deben tomarse antes o durante dicha reunión.  

Para que eso pase hay que subirle el costo político a cada uno de los Estados desde ya. De lo contrario el debate de ayer se repetirá – tal vez agregando algunos pésames – en República Dominicana. Los gobiernos solo cambiarán su conducta si ven vigilados, si sienten presión ciudadana. 

La defensa de la CIDH debe pasar de las cartas generales y las fotos de solidaridad a la estrategia focalizada. A los Estados del lenguaje vacío hay que hacerlos responsables y mostrarles que la cuestión es con hechos; a quienes mostraron un compromiso inicial hay que concretarlos, ir de la palabra a la chequera; a los que atacan y piden cuentas es necesario confrontarlos, desmentirlos en los que no sea cierto y rendirles cuentas en su llamado a transparencia; y finalmente, a los que ni fu ni fa, hay que despertarlos.

La tarea de demócratas y defensores de derechos humanos es entonces identificar en cuál línea se matricula cada Estado y actuar en concordancia. Para eso vale la pena no perder de vista algunos puntos básicos:

– La cuestión no es plata, esa es la excusa: Para los Estados de la región (que es un grupo de 34 países) diez millones de dólares es sencillamente lo que vale un almuerzo. La excusa más trillada es que la situación actual de la región limita su capacidad de actuación. Falso. Cualquiera de ellos podría sacar solo esa suma y por supuesto que en conjunto la alcanzan fácilmente. Pero para contestar estos argumentos hay que preparar antes: la incidencia más eficaz se hace con datos certeros. Por ejemplo, de los presupuestos del Estado, de las cancillerías, con comparaciones de lo que significa esto visto en perspectiva. 

– La obligación es de los Estados: La responsabilidad de financiar a la CIDH es de los Estados de la región. Decir que la culpa de la falta de financiación es de la propia CIDH es como la defensa del victimario en la culpa de su víctima. Es la retórica del circulo vicioso: si la CIDH respondiera más prontamente los estados confiarían más en ella y darían mayores recursos… Sí claro, pero para que eso suceda los Estados deben permitirle que cumpla su mandato con los fondos adecuados. Y, obvio, la CIDH como una entidad pública debe responder de manera transparente los requerimientos sobre presupuesto. Pero partiendo de que los tenga! 

– Siempre se ha sabido, pero no se ha hecho nada: Que es la excusa de: “Uy, si tan solo hubieras venido ayer, hoy ya es demasiado tarde”. Primero, los Estados han sabido de siempre el problema. No ha habido nada más periódico (y cansón) que la CIDH todas las oportunidades posibles hablando de su falta de presupuesto. Segundo, no es cierto que los presupuestos del Estado sean tan inflexibles que no puedan encontrarse fondos para liberar transcurridos solo cinco meses del año. Es una cuestión de voluntad política, si la hay se puede lograr.  

La CIDH tiene también tareas. Como señalé en otro lado, la responsabilidad política es del órgano colegiado y como tal debe actuar. Hoy es el mejor momento para mostrar que la CIDH es una, pero hecha de siete. Una, en mensaje y unión, pero siete con el overol puesto y tocando puertas. Es también necesario que además del meme se pase a contestarle a los Estados opositores de manera concreta (no con la ya clásica respuesta de: está en nuestro informe, ya lo hemos publicado). La batalla es por dejar marca en el debate público y para eso no hay como responder de manera directa y concreta. Hacer pública la información que debería tener este carácter ayuda. Por ejemplo, si es cierto que hay un plan estratégico hacerlo público, desagregar la ejecución del presupuesto y publicarlo, etc. 

Una oportunidad de incidencia concreta se vive hoy y mañana con la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos de Mercosur (RAADH). El Instituto de Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos está impulsando una declaración de la RAADH sobre compromiso financiero para la CIDH. Algo que sería un buen paso para cobrar luego medidas materiales que viabilicen este compromiso político. El gran obstáculo es que la RAADH usualmente recurre a la regla del consenso (todos tienen que estar de acuerdo) y Venezuela va a ser el gran escollo. La lucha está entonces en que la resolución salga, así sea con la oposición de Venezuela.

De Washington a Montevideo y de allí a cada uno de los países, con un punto de llegada que debería ser Santo Domingo. Incidencia enfocada en capitales para tener fuerza regional. Nada más representativo del sistema interamericano. 

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