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El matrimonio no basta: más allá del reconocimiento legal

Sean Luna McAdams
julio 7, 2015

Publicado en: Global Rights Blog

Para leer esta entrada en inglés haga clic acá. Los Estados Unidos se convirtió en el vigésimo segundo país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario a nivel nacional, luego de la decisión de la Corte Suprema de ese país Obergefell v Hodges.

 

Se une así a países como Argentina, Brasil y Sur África, que han tenido igualdad en materia matrimonial por hasta una década. El movimiento LGBT de los Estados Unidos es fácilmente el mejor financiado del mundo – solo entre la entidad sin ánimo de lucro y la fundación de la Campaña de Derechos Humanos tienen activos que llegaron a USD$30 millones en el 2014. De hecho, se estima que solo en el 2012 los proponentes del matrimonio igualitario gastaron USD$33.9 millones. Así que ahora que el matrimonio igualitario es legal en los Estados Unidos, quizá es hora de que estas organizaciones puedan dar buen uso a estos recursos aprendiendo de sus pares del Sur Global quienes, además de abogar por el matrimonio igualitario han peleado por los derechos de las minorías sexuales y reproductivas en asuntos urgentes en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) tanto para sus comunidades como para la sociedad en general.

Aunque la tasa de violencia contra minorías sexuales en los Estados Unidos ha disminuido, gente de color y personas trans se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia. Fuente: National Coalition of Anti-Violence Programs.

Esto es particularmente importante considerando el telón de fondo de la violencia ampliamente extendida contra las minorías sexuales más vulnerables de los Estados Unidos, particularmente las mujeres negras trans, y probabilidad de las reacciones violentas dado el fallo progresista. Mientras varios han propuesto el uso de crímenes de odio como solución legal, las prisiones han demostrado ser una herramienta increíblemente contundente para atender problemas sociales. En cambio, deberíamos concentrarnos en las causas subyacentes de la vulnerabilidad: la distribución inequitativa de los servicios sociales como la educación y la salud.

Educación

En Argentina, los activistas de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) han abogado por la educación sexual inclusiva a nivel nacional. Esta ley, aprobada en el 2006, requiere que el currículo de la educación sexual que se enseña tanto en los colegios públicos y privados en Argentina incluya elementos de diversidad sexual que aborden tanto la orientación sexual como la identidad de género. En Estados Unidos, en cambio, solo 12 estados requieren que la educación sexual cubra la orientación sexual  (ninguno de estos requiere educación sobre identidad de género), y más de la mitad requiere que se promueva la abstinencia y se espere al matrimonio para tener relaciones sexuales. ¿Quizás sea hora de invertir unos cuantos millones de dólares en una campaña que abogue por una reforma nacional a la educación sexual? Esto no solo ayudaría a enfrentar de raíz y desde la educación algunas de las causas de la discriminación, sino que también haría frente a las impresionantes tasas de suicidio y  los  altos índices de embarazo dentro de la juventud LGBT.

Activistas de la Asociasión Travestis Transexuales Transgéneros de Argentina y de la FALGBT celebran el convenio con la Universidad Nacional de Avellana. Fuente: FALGBT.

El trabajo de la FALGBT no se detiene ahí. Lxs activistas trans también han trabajado con los gobiernos provinciales y federales para implementar programas y talleres especiales de entrenamiento que puedan darle a la población trans más opciones en el mercado laboral.  Recientemente han trabajado con una universidad pública en Buenos Aires para aumentar la educación terciaria para las comunidades trans y para incentivar la investigación académica en diversidad sexual. Gracias a décadas de discriminación formal e informal y de sufrir por los estigmas existentes tanto en las escuelas como en el trabajo, muchas personas trans tienen un mayor riesgo de quedar desempleados, de vivir en pobreza y de recibir menos educación formal y entrenamiento profesional. Estas iniciativas buscan crear mayor acceso a la educación para las comunidades trans y, por tanto, atender una de las fuentes de desigualdad que enfrentan. 

Salud

El Treatment Action Campaign (TAC) lucha para el acceso universal a tratamientos que salvan vidas. Las mujeres lideran al frente. Cerca del Parlamento, Ciudad del Cabo, 2003. Fuente: Flickr Creative License vía Louis Reynolds.

En Suráfrica y Brasil, los movimientos que buscan lograr mayor acceso a tratamientos antiretrovirales (ART, por sus siglas en inglés) tienen dentro de sus filas de coaliciones diversas a prominentes activistas LGBT. El Treatment Action Campaign (TAC) en Suráfrica necesariamente ha traído a la luz las implicaciones de derechos humanos de la propiedad industrial ilimitada de los medicamentos, ayudando a movilizar globalmente a activistas en defensa de el derecho humano a acceder a medicamentos necesarios para salvar sus vidas. Los activistas de TAC han ayudado a asegurar que las personas negras y de bajos ingresos viviendo con VIH en la Suráfrica  post-Apartheid tengan acceso a las medicinas que necesitan. La historia es similar en Brasil, donde una coalición diversa de organizaciones LGBT, católicas, feministas y de derechos de afro-brasileros, entre otras, han logrado exitosamente convencer al gobierno de que provea ART socializado. En contraste, en los Estados Unidos, los activistas han celebrado nuevos tratamientos como Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)  mientras ignora cómo este extiende las patentes de medicamentos que eran originalmente para ART (los usos secundarios de la misma sustancia médica extiende su patente otras dos décadas en el derecho de patentes de los Estados Unidos). Esto significa que las personas de bajos ingresos en los Estados Unidos tendrán que esperar más tiempo para acceder al uso de medicamentos genéricos para tratar el VIH. En efecto, una encuesta que adelantó el Black Youth Project muestra que lxs jóvenes negrxs en los Estados Unidos tienden a citar VIH/SIDA sobre el matrimonio igualitario como el asunto más importante que deberían abordar las organizaciones LGBT. Tal vez sea hora de que el movimiento en Estados Unidos LGBT integre de manera efectiva la justicia en salud a su abogacía más convencional, para lograr que todas las personas tengan acceso a la medicina que necesitan para sobrevivir.

Podría seguir hablando de la reciente ley anti-discriminación de Buenos Aires, los esfuerzos de la FALGBT para incluir protección labora a nivel nacional para la población LGBT, la brecha salarial de la población LGBT o las altas tazas de indigencia de la juventud LGBTQI. Todo esto sirve para mostrar que para alcanzar la verdadera igualdad, necesitamos empezar a pensar en cómo crear un marco efectivo para la protección social de las minorías sexuales centrado en los más marginalizados. Sostengo que la protección social provee un reconocimiento en un eje distinto pero igual de importante – lo que Axel Honneth llama reconocimiento social en una “comunidad de valor.” El reconocimiento legal es importante, pero no es la única forma de reconocimiento que necesitamos como seres humanos. José Reinaldo de Lima Lopes sostiene que el derecho al reconocimiento implica que los grupos estigmatizados tienen el derecho a que esos estigmas se remuevan. Si el estigma que cargan las minorías sexuales y reproductivas ha estado fundado en la falta de reconocimiento legal, pero también en la distribución inequitativa de servicios sociales como la educación y la salud, entonces debe abogarse en ambos campos. De esta manera, tal vez podamos empezar a valorar institucionalmente la diferencia, y no solo exigir la igualdad. Los activistas del Sur Global han desarrollado estrategias innovadoras para enfrentar estos asuntos. Podemos hacer un movimiento y una comunidad más fuertes y más inclusivos siguiendo sus huellas.

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