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El Ministerio para la Equidad de Género que no fue

Annika Dalén
octubre 2, 2014

Publicado en: Semana.com

Con la restructuración del gabinete presidencial, Santos nuevamente muestra su poco compromiso con los temas de equidad de género.

 

El año pasado, el Estado Colombiano fue examinado por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la instancia de la ONU encargada de verificar el cumplimiento de los compromisos de dicha convención por parte de los Estados.

Después de estudiar el informe de Colombia y los informes alternativos presentados por la sociedad civil, el Comité emite recomendaciones cuyo acatamiento será examinado dentro de cuatro años, en la próxima revisión de avances.

De estas recomendaciones, la número 12a está sustentada en la preocupación del Comité por la baja asignación de recursos y la limitada capacidad de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, frente a la cual se recomienda el otorgamiento de rango ministerial a dicha Consejería. Esto con el fin de “aumentar su visibilidad y su eficacia; mejorar su capacidad de influir en la formulación, el diseño y la aplicación de las políticas de igualdad de género, y fortalecer su papel de coordinación en todos los niveles de gobierno, en particular en el nivel ministerial”.

En agosto de este año, el presidente Santos anunció su gran reforma al gabinete presidencial, con la creación de cuatro ministros consejeros de la Presidencia –los llamados “Superministros”–: el de Gobierno y Sector Privado, el de Posconflicto, el de Derechos Humanos y Seguridad, y el de Comunicaciones. Los superministros conformarán, junto con el presidente, el Comité Ejecutivo de la Presidencia, y Santos afirmó que serán su “equipo de asesoría y ayuda permanente”.

Esta reforma suprimió a la vez las anteriores 12 Altas Consejerías Presidenciales, creadas al inicio de su primer período presidencial, y sus funciones quedaron repartidas entre otras instancias idóneas del Estado o como entidades independientes con nombres nuevos. La entonces Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer pasó a ser Consejería, sin “alta”, pero con las mismas funciones, y quedar dentro del despacho del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, es decir, el ministro consejero de la Presidencia de la República. Por medio de un decreto del 12 de septiembre que pasó bastante inadvertido, la anterior alta consejera y plenipotenciaria en la mesa de negociaciones en La Habana, Nigeria Rentería, fue nombrada en el cargo de consejera dentro del despacho.

En su primer período presidencial, Santos se demoró casi un año en nombrar una funcionaria a cargo de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer –fue la última consejería de las 12 que tuvo una persona en propiedad en la dirección de la entidad. Ahora, nuevamente, Santos muestra su poco compromiso con la equidad de género. Ni una sola vez mencionó el tema en su discurso de posesión como presidente, ni en la instalación del nuevo Congreso. Solamente tres ministerios tienen una mujer a cargo –lo mínimo necesario para cumplir con la ley de cuotas. La delegación del Gobierno en la mesa de negociaciones de La Habana tiene dos mujeres (que se integraron después y no hicieron parte de la conformación inicial) y la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas tiene sólo una.

Ahora, en vez de acatar la recomendación concreta de la instancia de seguimiento a una convención que el Estado colombiano se ha comprometido a cumplir, anuncia una reforma institucional que termina metiendo la coordinación de las políticas y la transversalización del enfoque de género dentro de un portafolio revuelto de temas administrativos, de transparencia y de juventud.

Colombia cuenta con una ambiciosa política pública nacional de equidad de género para las mujeres, adoptada el año pasado por el CONPES 161, la cual está en cabeza de la Consejería. Esperamos que el Comité de la CEDAW no tenga que decir en el 2017, cuando Colombia presente su próximo informe, que si bien el Estado parece haber tenido buenas intenciones con la política pública de equidad de género, nunca hicieron las adecuaciones institucionales necesarias para poder promover, vigilar y evaluar eficientemente su implementación.

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