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El momento de las víctimas en La Habana

El nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC es un hecho histórico, pero es apenas el comienzo de una negociación que nos afecta a todos y en especial a los millones de víctimas. ¿Qué se acordó, qué falta y cuáles son los grandes desafíos pendientes?

 

Del “quizás, quizás” a un acuerdo crucial

Una de las preguntas principales que ha rondado a los diálogos de paz con las FARC es si el acuerdo final reconocerá a las víctimas del conflicto y hasta dónde los beneficios para la desmovilización de esta guerrilla garantizarán los derechos de esas víctimas.

Es grande el miedo a que se retroceda en la conquista histórica que ha significado el reconocimiento de las víctimas del conflicto interno en Colombia. Un temor reforzado por la respuesta de Jesús Santrich a la pregunta de si las FARC estaban preparadas para pedir perdón por sus delitos: en medio de una risa retadora, Santrich tarareó el estribillo de la famosa canción “quizás, quizás, quizás”, y se fue apoyado en el brazo de Iván Márquez.

Es la primera vez que las FARC reconocen abiertamente que sus acciones han tenido víctimas y que es su deber enfrentar las consecuencias de la guerra.

A la indignación e incertidumbre que causó esta respuesta se sumaron otros hechos preocupantes. Uno de ellos fue la falta de participación directa de las víctimas y sus organizaciones en los diálogos, pese a que varias habían solicitado expresamente ser recibidas por las partes en Cuba.

Además, el hecho de que históricamente las FARC se hayan negado a reconocer el derecho internacional y el nacional, hacía prever que las conquistas jurídicas de las víctimas podrían no ser una de sus prioridades.

Por estas razones el acuerdo dado a conocer por las partes el pasado 7 de junio fue recibido con amplio beneplácito por muchas víctimas del conflicto. El acuerdo ha sido además considerado histórico, porque es la primera vez que las FARC reconocen abiertamente que sus acciones han tenido víctimas y que es su deber enfrentar las consecuencias de la guerra.

Para sumarle al simbolismo, el acuerdo fue alcanzado días antes del tercer aniversario de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la principal estrategia estatal para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto.

Lo que dice el acuerdo

El documento publicado por las partes no es un acuerdo definitivo sobre el tema de las víctimas, sino una declaración de los principios sobre los cuales se abordará la discusión. En este sentido, se trata más de un reconocimiento simbólico del valor de las víctimas que de un acuerdo sobre las formas concretas como las partes garantizarán sus derechos.

En esta declaración se incluyen principios como:

– La necesidad de reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo como personas que han sufrido, sino como sujetos de derechos.

– El compromiso de reconocer la responsabilidad tanto del Estado como de las FARC frente a las víctimas y el compromiso de que los acuerdos de paz no pueden implicar un intercambio de impunidades.

– La ratificación de que las partes deben satisfacer los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

– El reconocimiento de que los derechos humanos no son concesiones que otorgan a las víctimas ni el Estado ni las guerrillas, sino que son inherentes a todas las personas, y que el Estado está en la obligación de garantizarlos, así como la guerrilla tiene la obligación de no violarlos.

– La mención de que entre los múltiples derechos violados en el conflicto se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales. Derechos que generalmente son pasados por alto en este tipo de discusiones.

Además de estos principios, el acuerdo trae algunos anuncios operativos más concretos:

– Crear una comisión de “esclarecimiento histórico” previa, que no reemplazará una posible comisión de la verdad futura.

– Invitación a representantes de víctimas a presentar sus puntos de vista en La Habana.

Alcance de lo acordado

Las principales implicaciones de esta declaración son políticas.

– Primero, las FARC reconocen de manera explícita que la paz y la reconciliación solo serán posibles si se reconoce el sufrimiento de las víctimas y se adoptan medidas concretas y eficaces para satisfacer sus derechos y resarcir los daños que han soportado.

– Segundo, se reconoce a todas las víctimas del conflicto. Con esto se reafirma lo dispuesto en la Ley de Víctimas: no importa de dónde vengan las balas o los abusos, las víctimas merecen igual reconocimiento y respeto.

– Tercero, las FARC reconocen los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, al aceptar la existencia de graves violaciones a estas normas y las víctimas derivadas de ellas. Este punto será central para discutir el tema de la justicia transicional, que deberá ceñirse a las limitaciones resultantes de los derechos prioritarios de las víctimas.

En este mismo sentido, uno de los puntos más importantes de la declaración es el que no habrá un “intercambio de impunidades”, lo cual deberá desarrollarse en el punto sobre justicia transicional. Si se toma en serio el derecho a la justicia de las víctimas, las FARC deben someterse a un proceso de individualización de responsabilidades.

– Cuarto, la reafirmación del compromiso de esclarecer lo sucedido en el conflicto tiene una importancia capital y va más allá de una simple comisión destinada a limpiar el mal nombre de la guerrilla.

Desde hacía meses las FARC venían planteando una comisión de esclarecimiento cuyo estudio comenzara décadas antes del inicio del conflicto armado. En opinión de esta guerrilla, el informe del Centro de Memoria Histórica, ¡Basta ya!, empieza a contar los horrores del conflicto sin adentrarse en sus causas y deja mal paradas a las FARC; algo que según ellos se contrarrestaría si se explican las causas que los llevaron a las armas.

Una comisión así corría el riesgo de convertirse en el único mecanismo de esclarecimiento, sin tocar en profundidad el desarrollo del mismo y sus muchas maneras de afectar a las víctimas. En buena hora entonces, el acuerdo señala que habrá un proceso de esclarecimiento más allá de esta comisión inicial.

Lo que falta por acordar

Como el acuerdo es una declaración de principios, en realidad falta todo por abordar. Es un punto de partida porque falta discutir y acordar por cuales medios van a ser atendidos los derechos de las víctimas.

Allí entran los desafíos tanto de acordar un modelo operativo para hacer que estos principios se hagan realidad, como aquellos de poner en marcha los mecanismos que acuerden.

– Uno de estos desafíos será el de articular los nuevos acuerdos con los mecanismos que ya existen. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras previó un complejo juego de mecanismos que están en marcha. Su ejecución ha requerido grandes esfuerzos y sus resultados hasta ahora son tímidos frente a la magnitud del problema, pero enormes frente a lo que había antes.

Cualquier acuerdo debe partir de lo construido y agilizar y ampliar el acceso de las víctimas a estos mecanismos. Pero la práctica ha demostrado las dificultades de echar andar un sistema como este.

– Una segunda duda sobre lo que viene es quién asumirá el costo de la reparación de las víctimas. Uno de los grandes fracasos del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares radicó en la incapacidad del sistema de Justicia y Paz para recuperar los bienes mal habidos, y la restitución ha tenido que ser solventada con el patrimonio público.

Hay que partir de este error para llegar a un acuerdo que ofrezca mecanismos serios y verificables de entrega de bienes y compromisos de reparación por parte de los combatientes que se desmovilicen.

– El tercer punto (uno de los más difíciles) es cómo articular esta declaración de principios con la responsabilidad individual de los combatientes que han cometido violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y al DIH.

La cuestión es más sencilla cuando se trata de reconocimientos generales, pero más difícil cuando se trata de la judicialización y el castigo individual de los responsables. Si de veras existe compromiso con el derecho a la justicia de las víctimas, las partes deben excluir cualquier acuerdo político que evada la justicia.

Si bien los derechos de las víctimas no deben impedir la paz, la paz no puede implicar el pisotear los derechos de las víctimas. La tesis de las FARC en el sentido de que la justicia colombiana es ilegítima y que por tanto no puede juzgarlos, debe quedar olvidada con el compromiso ya asumido de no pactar impunidades mutuas.

– Finalmente esté el reto de generar confianza pública en este anuncio cuando por años se han negado los derechos de las víctimas. Cuando las declaraciones como las de Santrich han sido la regla y ahora se presenta un acuerdo justo en una coyuntura electoral.

De la seriedad con la que las partes asuman su diálogo con las víctimas, tanto las que irán a La Habana, como las que día a día envían mensajes a las partes, se podrá corroborar qué tanto están dispuestas las FARC a abandonar su “quizás, quizás, quizás”. El acuerdo habla de reconstruir la confianza de las víctimas, y esta puede ser la última oportunidad para ello.

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