El Palacio de Justicia y la reforma de 1910

Por: Rodrigo Uprimny Yepesnoviembre 8, 2010

POR UNA EXTRAÑA IRONÍA, LA SEMANA pasada se celebraron tanto los 100 años de la reforma constitucional de 1910 como los 25 años de la doble toma del Palacio de Justicia


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POR UNA EXTRAÑA IRONÍA, LA SEMANa pasada se celebraron tanto los 100 años de la reforma constitucional de 1910 como los 25 años de la doble toma del Palacio de Justicia.

Y es una coincidencia paradójica, pues ambos hechos han tenido un significado opuesto para la justicia y el Estado de derecho en Colombia.

El 6 de noviembre de 1985, el M-19 realizó su demencial toma y la llamó “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. O sea que en nombre de los derechos humanos, la guerrilla secuestró a los magistrados y los puso en grave peligro, para supuestamente presentar una “demanda armada” contra el presidente Betancur.

Por su parte, la Fuerza Pública realizó su violenta contratoma sin tomar las medidas básicas para proteger la vida de los rehenes. Todo esto condujo a la muerte de más de un centenar de personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema. Doce personas fueron desaparecidas. Y todo eso se justificó con el argumento de que se estaba “defendiendo la democracia”, según las palabras del coronel Alfonso Plazas, cuando respondió a un periodista que le preguntaba sobre lo que estaba haciendo al atacar con tanques y morteros un edificio lleno de rehenes.

Es irónico y doloroso que las dos tomas se hayan hecho en nombre de los derechos humanos y de la democracia, pues tanto los derechos humanos como la democracia tienen en su corazón una ética de la moderación en el uso de los medios para alcanzar ciertos fines. Así como hay fines que por su perversidad no justifican el uso de ningún medio, existen medios que por su desmesura no pueden ser justificados ni siquiera por los fines más nobles. Por ello, si bien la democracia y los derechos humanos son valores dignos de ser defendidos, existen medios injustificables para su defensa.

Lo que hicieron tanto el M-19 como el Ejército en esos terribles días no tuvo entonces nada de democrático, sino que expresó un profundo desprecio por la vida de los rehenes y por la justicia colombiana. Veinticinco años después, el sufrimiento ocasionado por las muertes y las desapariciones sigue siendo enorme. Pero, además, los operativos militares dejaron un terrible mensaje: en Colombia la vida de los funcionarios y la propia Rama Judicial podían ser sacrificadas impunemente en nombre del éxito militar.

Ese desprecio por la vida de los rehenes en el centro de Bogotá es posible que haya estimulado un desprecio por la vida semejante en el resto del país. ¿Podemos entonces extrañarnos de que la guerra sucia y la violencia homicida hayan aumentado significativamente en los años siguientes?

En cambio, la reforma de 1910, aprobada el 31 de octubre de ese año, tuvo un significado y un impacto muy distintos.

Esta reforma fue impulsada por la Unión Republicana, que buscó quebrar el autoritarismo de la Constitución de 1886, que había sido un instrumento hegemónico del Partido Conservador. Y lo logró con distintas medidas, como la protección de los derechos de las minorías y la limitación del poder presidencial. Pero su elemento más significativo fue el fortalecimiento de la Corte Suprema, a la cual le confirió la guarda de la Constitución, por un sistema de control único en el mundo: la posibilidad de que ese tribunal, por la petición de un ciudadano, pudiera anular las leyes o decretos que desconocieran la Constitución.

Esta reforma representó un avance significativo del Estado de derecho y tuvo un impacto civilizador notable, pues desde 1910 hasta finales de los años cuarenta, Colombia vivió unas décadas relativamente pacíficas.

Por sus significados opuestos, la reforma de 1910 y la doble toma del Palacio de Justicia nos legan paradójicamente la misma enseñanza: sin una justicia independiente y protegida, la democracia y la paz resultan imposibles.

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