Si los congresistas aprueban la Ley Lleras 3.0, que el Gobierno planea presentar, los primeros que irían a la cárcel serían ellos mismos. Porque varios de sus proyectos de ley son plagios de estudios de expertos, legislaciones extranjeras y hasta páginas de internet.

La contradicción surge de dos aproximaciones extremas al balance que debe haber entre los derechos de autor y el acceso al conocimiento. De un lado están los que no le ven problema a copiar o parafrasear textos, sin citar las fuentes ni los autores. Es una práctica común entre los estudiantes de la cultura del copy-paste, que campea también en el Capitolio Nacional.

Cual estudiante aficionado al Rincón del Vago, el presidente de la Cámara presentó un proyecto de ley que fusila textos de Monografías.com, según El Tiempo. El mismo diario sostiene que el representante Pablo Salamanca tomó, sin revelar la fuente, párrafos enteros de estudios internacionales en su propuesta de reforma pensional; que las definiciones de un proyecto de ley de la representante Gloria Díaz fueron tomadas de una ley mexicana sobre violencia de género, y que la senadora Alexandra Moreno parafraseó la página web del ICA en su propuesta sobre biodiversidad y semillas. La tapa es el senador Édgar Espíndola, que fusiló una excelente propuesta del GDIP de la Universidad de los Andes, y la presentó como su propio proyecto de Código Penitenciario, según La Silla Vacía.

Por supuesto, no hay nada de malo en inspirarse en otros estudios y legislaciones. El conocimiento es para eso: para circularlo y enriquecerlo con adaptaciones e innovaciones. Pero la obligación ética y jurídica elemental es citar a quienes han trabajado duro en la creación de esas ideas y propuestas. Ese es el espíritu de la propiedad intelectual, que permite citar textos sin permiso previo del autor, siempre y cuando se den los créditos respectivos y las citas se limiten a una cantidad razonable de la obra.

Paradójicamente, el mismo Congreso aprobó la Ley Lleras, que encarna el polo opuesto, también nocivo, del debate. Por presión del Gobierno, los parlamentarios endosaron a pupitrazo la ley, que castigaba con cárcel de hasta ocho años una gran cantidad de usos legítimos de trabajos de otros. Por ejemplo, los usuarios de internet corrían el riesgo de ir a la cárcel por copiar un CD, aunque fuera una sola vez y para fines personales, o por colgar porciones de programas de televisión en las redes sociales. También limitaba los préstamos de películas en bibliotecas y los usos razonables que reconocen otros sistemas jurídicos para permitir que la cultura circule, la innovación florezca y los ciudadanos tengan acceso al conocimiento.

Afortunadamente, la Corte Constitucional tumbó la ley, por errores que el Gobierno y el Congreso cometieron durante la aprobación. Era la segunda vez que el Gobierno fracasaba en su terco intento por imponer una regulación desbalanceada; la versión 1.0 había naufragado en medio de miles de trinos de protesta de cibernautas.

Todo indica que el Gobierno no tomó nota de sus errores, porque anuncia que presentará la Ley Lleras 3.0 y que será idéntica a la anterior. Se equivoca el ministro Diego Molano al decir que los errores de la versión 2.0 eran sólo de forma. Como varios lo sostuvimos ante la Corte, el fondo de la ley es inconstitucional, porque viola la libertad de expresión y el derecho a la educación.

La solución al plagio indefendible no es una ley que nos trate a todos como si fuéramos piratas. Mucho menos si la aprueba un Congreso que parece no entender la diferencia.