¿HASTA QUÉ PUNTO EL PLAN DE DESArrollo (PND) del gobierno Santos, que esta semana será discutido por las plenarias del Congreso, asume un enfoque de derechos humanos?

Es una pregunta importante, pues una de las bases de la legitimidad de las democracias es la garantía de los derechos humanos. El PND, que es la carta de navegación de un gobierno, debería entonces señalar con claridad, con metas e indicadores precisos, cómo las autoridades van a avanzar en la realización efectiva de los derechos de todos, y en especial de aquellos de las poblaciones discriminadas. Y eso en el fondo es un enfoque de derechos.

Una lectura del extenso documento que presenta las “bases del PND” lleva a conclusiones mixtas, pues en ciertos campos hay avances en la incorporación de un enfoque de derechos, pero en otros el atraso es evidente.

El Gobierno intenta asumir ese enfoque en tres temas: i) en el desplazamiento forzado, pues acepta que la meta es avanzar en el goce efectivo de los derechos fundamentales por los desplazados; ii) cuando presenta las estrategias frente a las mujeres y los grupos afros e indígenas, pues reconoce que es necesario un enfoque “diferencial”, que incorpore las necesidades específicas y prioritarias de esas poblaciones; y iii) en las estrategias de seguridad, pues toma en consideración los deberes derivados de las normas de derechos humanos.

En otros campos, en cambio, el enfoque de derechos está ausente. Un ejemplo significativo es en educación, en donde las “bases del PND” sólo hablan una vez del “derecho a la educación”, mientras mencionan explícitamente en 76 ocasiones que el propósito de las estrategias es formar “capital humano”.

En principio la idea de capital humano es armonizable con la garantía del derecho a la educación. Pero son enfoques distintos. La teoría del capital humano se centra en los potenciales aportes de la educación al crecimiento, por lo cual la inversión pública debería centrase en aquello que más aporte al desarrollo económico. En cambio, el derecho a la educación tiene un contenido más amplio, pues supone que toda persona debe poder acceder a una educación digna y de calidad. El Estado tiene entonces que brindar el servicio educativo a todos, incluso cuando no resulte ser una inversión productiva para el desarrollo.

Es obvio que el desarrollo, la garantía de los derechos sociales y la estabilidad macroeconómica no son en principio incompatibles. Es más, una buena estrategia de desarrollo favorece el goce de los derechos sociales y, a su vez, la garantía de los derechos sociales suele ser beneficiosa para el desarrollo. Pero es problemático que el Estado sólo garantice aquellos derechos que sean rentables para el desarrollo. La restricción en el PND del tema educativo a la formación de capital humano es entonces empobrecedora y podría ser incluso incompatible con los deberes del Estado frente al derecho a la educación.

Este ejemplo muestra por qué es importante que el PND y las políticas públicas incorporen un enfoque de derechos humanos. Pero en muchos campos aún no es así. O el enfoque se asume de manera puramente discursiva, sin que se traduzca en herramientas concretas de evaluación de las políticas. Pareciera entonces que el Gobierno asume ese enfoque a regañadientes, pues lo hace en aquellos ámbitos en donde diversas intervenciones judiciales han impuesto su uso, como en el desplazamiento forzado. Ha sido gracias a decisiones de la Corte Constitucional que se ha aceptado que el éxito de una política se mide por el grado en que logre que los desplazados gocen de sus derechos. ¿Será mucho pedir que, sin necesidad de que haya requerimientos judiciales, el Gobierno incorpore en todas sus políticas un enfoque de derechos semejante, que además no se quede en el puro discurso?