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El Presupuesto General de la Nación 2024: un desafío
Por: Mariana Matamoros | Septiembre 19, 2023
El Presupuesto General de la Nación (PGN) es el instrumento de manejo financiero más importante de la política fiscal colombiana, donde se programa y registra el gasto público y su forma de financiación.
A la fecha, el proyecto de ley del PGN ya se presentó al Congreso de la República y está en discusiones en el marco del primer debate en comisiones económicas. Este presupuesto respaldará principalmente los programas y proyectos que se aprobaron con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Sin embargo, la asignación presupuestaria que, si bien parece responder a la proyección de los recursos que hizo el PND a través de su plan plurianual de inversiones (PPI), no deja ningún margen de maniobra frente a la coyuntura para responder ante menores ingresos o posibles gastos adicionales, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de muchos de los objetivos de este gobierno.
La distribución de los recursos en el PGN para la vigencia 2024 debe contribuir al logro de los objetivos y prioridades del PND 2022-2026, posibilitando la financiación de proyectos fundamentales para el desarrollo de sus cinco ejes transformadores.
Según el PPI del PND, los recursos totales necesarios para impulsar dichos ejes sumaron $1.155 billones, 16 por ciento menos que los recursos disponibles en el PPI del gobierno anterior (sin tener en cuenta la inflación).
Dentro de esos recursos disponibles para el actual PND, el 64 por ciento está dirigido al eje transformador de seguridad humana y justicia social. El principal objetivo de este eje es mitigar la desigualdad, a través de:
- La reducción de la pobreza multidimensional de un 12,9% en 2022 a un 9,5% en los próximos años.
- El aumento de la cobertura en educación de un 53,9% en 2021 a 62% al final de cuatrienio.
- La disminución de la mortalidad de los niños por desnutrición de 5,71 a 3,37 por cada 100 mil habitantes.
- El impulso a los micronegocios de la economía popular.
En ese marco, los principales recursos de inversión en el PGN para el 2024 parecen obedecer a los principales objetivos del PND, pues se dirigen a las poblaciones más vulnerables del país.
Así, la asignación presupuestal de inversión más grande es de $22,3 billones en el sector de la prosperidad social, lo que representa el 22,9% de los $97,7 billones de inversiones totales para el próximo año. Cabe anotar que el presupuesto de inversión de estas entidades está distribuido así:
- 10,3 billones para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que está a cargo de los programas de las transferencias no monetarias relacionadas con la política de “hambre cero”, las monetarias como el programa de renta ciudadana y la creación del programa Jóvenes en paz.
- 9,6 billones para el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (Icbf), que esencialmente promueve el desarrollo y la defensa de los niños, niñas y adolescentes.
- 2,4 billones para la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y el Centro de Memoria Histórica, que desarrollan programas y políticas orientadas a las víctimas del conflicto armado.
Se enaltece que la mayoría de recursos de inversión estén ligados a programas que pretenden mitigar la desigualdad.
Sin embargo, durante las sesiones conjuntas de las comisiones económicas del 29 de agosto en el Congreso, los Ministerios de Transporte y Agricultura (que cuentan con el 13,9% y el 8,3% del total de inversión del PGN) revelaron la necesidad de contar con recursos extraordinarios ($7,7 billones) para el desarrollo de sus planes y programas y para suplir contingencias.
Según un análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), esto no sería posible, pues las proyecciones de ingresos que componen el PGN del 2024 son demasiado precisas.
Tanto así que podrían verse afectadas ante desviaciones de los supuestos macroeconómicos o ante situaciones que restrinjan el alcance de la meta de recaudo tributario, que harían necesario un ajuste de gasto o una reposición de los ingresos con una fuente alternativa para lograr mantener el cumplimiento de las metas financieras del país.
Las necesidades de los Ministerios de Transporte y Agricultura no son menores. Por un lado, el ministro William Camargo Triana solicitó un 28 por ciento de recursos adicionales para invertir en la construcción de 10.350 km. (durante 2024) de caminos comunitarios para conectar las zonas rurales con el resto del país, pero solo se les asignó recursos para construir 1.650 km.
Y lo más inquietante es la falta de $2 billones para invertir en el mantenimiento de 580 puentes vehiculares que están en estado crítico.
Así mismo, la ministra Jhenifer Mojica Flórez pidió una asignación adicional del 29 por ciento para invertir en compras de tierras para los campesinos, en proyectos de agro industrialización y en la búsqueda general de la estabilidad de la producción del campesinado de cara al cambio climático.
Es entonces desafiante para este gobierno crear ingresos permanentes o estructurales para financiar a largo plazo el gasto de las transferencias sociales, que se empezaron a implementar este año y que están a cargo del DPS.
Ea difícil enfrentarse a solicitudes de adición de recursos para inversión de sectores relevantes para el desarrollo económico del país, prometer subsidios que no están contemplados en los gastos del 2024 (como la tarifa preferencial de gasolina a los taxistas) y pretender aprobar dos reformas, una a la salud que, según el Carf, necesitaría de $6,7 billlones promedio por año y otra a las pensiones que necesitaría 4,3 billones anuales tan solo para el pilar solidario.
Todo ello sumado a un presupuesto sin margen de maniobra para enfrentar contingencias que afecten los ingresos proyectados.
Por lo tanto, no se trata solamente de buscar ingresos para suplir las necesidades extraordinarias, también se trata de ser eficientes en el gasto, de buscar prioridades, de invertir en los sectores que disminuyen la desigualdad, que jalonan la economía y que permitirían cumplir con las metas trazadas en el PND, al menos en el eje más ambicioso, el de seguridad humana y justicia social.
En ese caso, ¿por qué no centrarse y hacer seguimiento de las políticas que ya están andando, que se marcaron en el PND y que representan gran parte del PGN como políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social (DPS)? ¿Por qué no optar por una gestión eficaz de los recursos disponibles y evitar políticas con impactos fiscales que puedan ser insostenibles a largo plazo?
Por ejemplo, buscar una reforma a la salud rural que permita conectar los territorios dispersos con el centro del país y no cambiar todo el sistema, o eliminar del todo la regresividad en el sistema pensional (no más subsidios para quienes tienen mayor capacidad de ahorro).
De este modo se logrará disminuir la presión sobre el PGN del 2024 y de los próximos años, así como buscar el cumplimiento de los objetivos relacionados con la mitigación de la desigualdad, el acceso a la educación y la promoción de la economía popular, que como se señaló son objetivos bastante ambiciosos.
