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El procurador y el Palacio

Rodrigo Uprimny Yepes
noviembre 15, 2015

Publicado en: El Espectador

Está muy bien que el procurador saque un comunicado en memoria de los magistrados y los miembros de la Fuerza Pública que perdieron la vida en la toma y contratoma del Palacio de Justicia. Lo malo es que esa actitud contrasta con su silencio e insensibilidad frente otras víctimas de esos hechos: los desaparecidos y sus familias.

 

Esta insensibilidad llegó hace pocos días a un extremo insultante.

El 20 de octubre, después de tres décadas, fueron encontrados los restos de tres desaparecidas del Palacio: Cristina Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. Los restos de las dos primeras aparecieron en las tumbas de otras dos víctimas: Libia Rincón y María Isabel Ferrer. Unas familias encontraron algún sosiego mientras que otras quedaron sumidas en una atroz incertidumbre.

¿Qué hizo entonces el procurador? ¿Expresó su solidaridad con esas familias o su indignación por el terrible manejo de la escena del crimen por los militares, que permitió esa confusión de restos, que tanto dolor ha ocasionado? ¿Llamó a que se investigaran estos atropellos?

Nada de eso. La reacción del procurador fue muy distinta: el 28 de octubre envió un oficio a la ministra de Relaciones para aplazar indefinidamente el pago de las indemnizaciones que la Corte IDH había ordenado a favor de las familias Guarín, Portela y Oviedo, en la condena contra Colombia en 2014 por los hechos del Palacio. Su argumento: la condena de la Corte IDH era por “los delitos de desaparición forzada”, por lo que había que “diferir dicho pago hasta tanto se logre plena certidumbre en el asunto” pues, debido al encuentro de los restos, ya no era claro que esas tres personas habían sido desaparecidas. Y que él, como procurador, debe defender el erario público frente a esas “millonarias indemnizaciones”.

La insensibilidad de esta posición del procurador es tremenda pues antepone una supuesta defensa de los dineros estatales frente al dolor de estas familias, que por 30 años han padecido una terrible incertidumbre, que es culpa del Estado, ya sea porque agentes estatales desaparecieron a sus seres queridos, o al menos porque el manejo de la escena del crimen provocó dicha incertidumbre. Pero además el desconocimiento (¿o atropello premeditado?) del derecho por el procurador es manifiesto, pues i) invita a incumplir una sentencia de la Corte IDH, que es obligatoria e inapelable; ii) desconoce que esa Corte no condena a personas por delitos sino a los Estados por violaciones a los derechos humanos, que es una cosa distinta; y iii) que por eso, en esa misma sentencia, la Corte IDH condenó también a Colombia por el caso de Ana Rosa Castiblanco, a pesar de que sus restos habían aparecido en 2001, pues la Corte IDH concluyó que la incertidumbre de su paradero por 16 años era responsabilidad del Estado y constituía en sí misma una violación a los derechos humanos, que el Estado tenía que reparar.

Esta selectividad del procurador en este campo suscita muchas dudas de la autenticidad de su compromiso real con las víctimas.

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