Las últimas cifras del DANE muestran un dato aterrador: el 35% de la población fue pobre en 2019 y todavía es incierto hasta dónde llegará la cifra en 2020 por cuenta de la pandemia. La incertidumbre económica ha sido una preocupación común para millones de personas que han perdido sus empleos, pero algunas mujeres se han enfrentado a un panorama especialmente difícil. Estos meses han sido para ellas un intento permanente por sobrevivir al hambre sin ingresos, sin ahorros y con varias personas a su cargo.

Desde Dejusticia conocimos los casos de 24 mujeres en estas condiciones; 15 de ellas son migrantes y 9 son trabajadoras domésticas. A pesar de que todas necesitan un ingreso mínimo para garantizar la comida, el techo y la supervivencia de sus familias, no han sido incluidas en el Programa Ingreso Solidario (PIS) —el subsidio de $160.000 mensuales que creó el Gobierno para los hogares más pobres durante la pandemia—. 

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El impacto en las cuidadoras

Luz Nereida, quien ejercía el trabajo doméstico hasta inicios de la cuarentena, es una de ellas. Es madre soltera y de sus ingresos dependen económicamente sus tres hijos y un sobrino, dos de ellos en situación de discapacidad. Hoy no cuenta con un ingreso mínimo para sostener a su familia. Como Luz, más de 350 mil trabajadoras domésticas han perdido su trabajo en el último año según el DANE, especialmente a causa del confinamiento. 

La situación de Meilyn es similar. Ella migró hace dos años desde Venezuela con sus dos hijas y su madre, quienes dependen de lo que Meilyn consiga pintando uñas a domicilio. Con la pandemia, el trabajo se volvió muy esporádico y ahora solo comen dos veces al día. Esto le ocurre al 74% de las personas migrantes que, según una encuesta del Grupo Internacional sobre Flujos Migratorios Mixtos, se privaron de al menos una comida diaria en los meses más críticos del confinamiento.

Las historias de Luz Nereida, de Meilyn y de las otras 22 mujeres son una muestra de cómo el PIS puede estar dejando por fuera a muchas otras personas vulnerables. De hecho, calculamos que casi 1 millón de hogares* en situación de pobreza en el país no están recibiendo ningún tipo de transferencia del Estado. Esto se traduce en más de 3 millones de personas pobres sin ningún alivio económico.

Las fallas en el PIS

Al analizar estos casos encontramos algunas fallas en el diseño y en la implementación del PIS que pueden estar causando la exclusión de millones de personas. Por un lado, los criterios para escoger a las personas beneficiarias no son claros ni públicos. 

Además, existen varias barreras para acceder al programa. Una de ellas está relacionada con el Sisbén, no es claro el puntaje que se debe tener, pero además existen trabas para que se aplique la encuesta o se actualice el puntaje. Este es el caso de algunas mujeres migrantes que entrevistamos, quienes tenían un puntaje que no las ubicaba en los sectores más pobres antes de la pandemia, pero que vieron un deterioro en sus condiciones de vida con el aislamiento.

Todas estas situaciones llevaron a este grupo de mujeres a presentar una acción de tutela con el apoyo de Dejusticia. En ella, le piden al Gobierno que las incluya en el PIS de manera urgente y así garantice sus derechos al mínimo vital, la salud, la seguridad alimentaria, la vivienda, el acceso a servicios públicos, la seguridad social, la información y la igualdad. También le piden al juez que ordene al Gobierno publicar los criterios de selección para acceder a este programa y corregir las fallas institucionales en este procedimiento. 

Es necesario que el Estado garantice que las políticas de protección social creadas para contener el impacto económico de la pandemia cumplan con los estándares que ha recomendado el Relator de la ONU sobre pobreza y derechos humanos. Es decir, que cuenten con enfoque de género, que sean incluyentes de las personas migrantes y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas.

*Este cálculo lo hicimos con base en cifras del Departamento Nacional de Planeación, según el cual el 89% de los hogares vulnerables está recibiendo al menos una transferencia social durante la pandemia. Esto quiere decir que el 11% de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad no está recibiendo ninguna ayuda monetaria del Estado, lo que equivale a 971.205 hogares. Al multiplicar esto por el número de personas en promedio por hogar (que según el censo de 2018 es 3.1) el resultado son 3’010.735 personas.