El inicio del PNIS fue anunciado por el Gobierno nacional y las FARC-EP el pasado mes de enero, y ha servido de referente para la suscripción de múltiples Acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria y concertada con algunos representantes comunitarios y organizaciones ubicados en zonas con cultivos de coca.

El comunicado, elaborado por diferentes organizaciones de la sociedad civil – entre las que se cuenta Dejusticia -, centros de investigación y académicos, resalta la importancia de implementar las intervenciones dirigidas a sustituir los cultivos ilícitos en el marco de una agenda amplia de desarrollo rural integral – y no como una respuesta fragmentada a un problema específico. Para ello, es necesario un incremento de recursos, definir qué instituciones se harán cargo de administrarlos y por último, la creación de indicadores y metas que ilustren la  transformación real de los territorios y no sólo de hectáreas erradicadas o sembradas.

Por otra parte, el actual diseño del PNIS, así como el comunicado publicado en enero y los acuerdos con las comunidades, no permiten dilucidar la manera en la que las FARC-EP  van a cumplir con el compromiso suscrito de contribuir a solucionar el problema de las drogas ilícitas. Es necesaria una mayor concreción de los mecanismos de contribución y el papel de las FARC-EP en ellos, por ejemplo el Consejo de Dirección permanente.

De igual manera, del análisis de los Acuerdos ya firmados con las comunidades se puede concluir que se hará énfasis en la entrega de subsidios directos a las familias. En nuestra opinión, existe la necesidad de mejorar el balance entre la inversión en subsidios directos con aquella efectuada en bienes y servicios públicos, siendo esta última más eficiente para la generación de procesos de desarrollo territorial. 

Aquí el documento con estas y otras observaciones que consideramos de vital importancia para la implementación efectiva del punto 4 del Acuerdo de Paz. 

Foto: kavilando.org