La iniciativa parlamentaria de legalizar los roscogramas es como la que propuso el ex Presidente de reducir la corrupción a sus justas proporciones.

Desde hace varios años el país se ha reído – no se sabe si por su ligereza, cinismo u honestidad- de aquellas declaraciones del ex presidente Turbay en donde señaló que en Colombia había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. La premonitoria frase de Turbay podría hoy, casi treinta años después, hacerse realidad gracias a las propuestas que por estos días hacen varios congresistas acerca de la legalización de los roscogramas.

Todo empezó con las acusaciones mutuas y las defensas de quienes han participado en este rifirrafe. Cada quien ha defendido a la institución a la que pertenece argumentando que su clientelismo – una de las formas más eficientes de alimentar la corrupción- es, en proporción, menor al de las otras ramas del Estado. Es decir, lo grave no es que el roscograma exista, sino que se desborde.

El gobierno, por ejemplo, reconoció que en su primer cuatrienio nombró a familiares de los parlamentarios en cargos diplomáticos. Sin embargo, se excusa diciendo que el Presidente reconoció el error, pidió excusas al pueblo y, a partir de ahí, no volvió a nombrar ningún allegado de los legisladores. Lo que habrá que preguntar al presidente Uribe es si ese acto de contrición y esa solicitud de perdón incluían, preventivamente, la escrituración de la Defensoría del Pueblo y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al Partido Conservador y a Cambio Radical, respectivamente.

Lo que no resulta extraño es que nuestro órgano legislativo haya aprovechado la oportunidad para buscar su trucha en este río revuelto. Las propuestas ya empezaron a escucharse. El primero en pronunciarse fue el Presidente del Senado, quien con mucha tranquilidad señaló que esa práctica ha sido “tradicional” y lo importante es que el tema se ponga sobre el tapete. De hecho, nadie niega ni reprocha que el roscograma exista, la cuestión es cómo legalizarlo. Y fue eso precisamente lo que propuso una parlamentaria que sostuvo que el debate debería darse respecto de cómo reglamentar el clientelismo de una manera clara, abierta y con transparencia.

En otras palabras: ¡mamola a la meritocracia, a la lucha contra la corrupción y, en últimas, al fortalecimiento del Estado y la profesionalización de sus instituciones! Y eso es sólo a nivel nacional. Quienes han estudiado el clientelismo en Colombia han encontrado que el problema es mayor en zonas rurales, las cuales se caracterizan por prácticas tradicionales y jerarquizadas en el ejercicio de la política.

La pregunta que debemos hacernos es hasta cuándo vamos a permitir que estas prácticas subsistan en nuestra sociedad. Cuándo dejaremos de percibir al poder político y al Estado como algo destinado únicamente para el interés personal y empezaremos a verlos como componentes esenciales de la organización social.

La construcción de una sociedad moderna, inclusiva y democrática tendrá que pasar por una drástica reforma de esa cultura de corrupción y de desapego por lo público. En ese empeño deberán confluir al menos dos factores. De un lado, se debe construir una cultura basada en los derechos y no en los favores. Por el otro, es necesario avanzar en una sociedad más igualitaria. Como han demostrado los estudios sobre el tema en América Latina, el clientelismo además de mostrar una práctica perversa de concepción de lo público, también se configura como una respuesta a la pobreza, en la medida en que la “palanca” se convierte en un instrumento obligatorio para acceder a los servicios del Estado, al empleo, la seguridad social, los subsidios, la seguridad, etc.

Mientras no combatamos esta cultura del clientelismo, la corrupción seguirá pavoneándose por nuestras instituciones, riéndose en nuestra cara, y repitiendo otra célebre frase de otro célebre ex Presidente: ¡aquí estoy, y aquí me quedo!