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El Tea Party sin Estado

María Paula Saffon Sanín
octubre 19, 2013

Publicado en: El Espectador

Cuenta un artículo del New Yorker de la semana pasada que algunos miembros del Tea Party —la franja radical del partido republicano estadounidense— empezaron a dudar sobre su decisión de apoyar el bloqueo del gasto estatal para oponerse a la implementación del Obamacare cuando vieron que implicaba la disminución del cuerpo de policía y el cierre del monumento a la segunda guerra mundial.

 

Al ser testigo del momento en el cual un conductor derribó una barricada de la Casa Blanca, uno de los políticos del Tea Party que votó a favor del bloqueo dijo sentir miedo por que tal cosa ocurriera justo cuando había pocos policías para perseguir al infractor. Y al ver que los viejos soldados veteranos de la segunda guerra no podían visitar el monumento que les rinde homenaje, varios miembros del Tea Party ofrecieron fondos del partido para lograr su reapertura.
A los republicanos radicales, poco o nada les importaba que hubiera cientos de agencias estatales cerradas y miles de empleados públicos que no recibieran su salario. Pero que no hubiera policía en las calles o no se celebrara la grandeza de los soldados les parecía inconcebible. Los republicanos, como la derecha en general, sienten desprecio por la intervención del Estado, pero no están dispuestos a enfrentar las implicaciones que su ausencia tiene para los valores que defienden, como la seguridad y el patriotismo.
Esa postura se basa en una distinción entre la intervención activa y pasiva del Estado. La primera consiste en que el Estado haga cosas por sus ciudadanos, como prestarles servicios sociales u otorgarles subsidios. La segunda consiste en que el Estado permita que los ciudadanos puedan hacer cosas por sí mismos, sin que otros ciudadanos o el propio Estado se los impidan. Según los críticos del intervencionismo estatal, este solo existe en el primer caso, que resulta reprochable pues genera una injerencia indebida en las libertades y un gasto público criticable.
Sin embargo, como lo pusieron en evidencia Cass Sustein y Stephen Holmes en su libro El costo de los derechos, la distinción entre la intervención activa y pasiva del Estado es problemática porque el Estado también interviene activamente y gasta recursos en el segundo caso. Por ejemplo, para que la policía garantice que los ciudadanos puedan caminar tranquilos por las calles sin que corra peligro su vida, se necesitan cuantiosos recursos para pagar los salarios de los agentes y ofrecerles la infraestructura y el entrenamiento adecuado. También se requiere que los agentes puedan ejercer violencia contra quienes incumplen la ley.
Así pues, la intervención del Estado para permitir que los ciudadanos desarrollen sus libertades no es pasiva. Y una vez se admite que el Estado debe intervenir y gastar recursos para proteger ciertos derechos, entonces la crítica al intervencionismo per se es contradictoria. El miedo de los republicanos a los efectos que podía tener la parálisis del Estado que ellos habían promovido evidenció esa contradicción. Su oposición a la intervención estatal a través del Obamacare era selectiva, no absoluta; pero al manifestarla apoyando un bloqueo total del Estado pusieron en riesgo los valores que tanto dicen promover.
Aunque intentaron hasta último momento responsabilizar a Obama por ese resultado y por la crisis económica que podría generar, al final los republicanos se dieron cuenta de que para los votantes la culpa era toda suya. Por ello terminaron claudicando, y muchos apoyaron el proyecto para aumentar el tope de la deuda y terminar la parálisis del Estado.

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