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Vehicular Seguridad

Únicamente 40 países del mundo implementan al menos 7 de los 8 reglamentos técnicos prioritarios de las Naciones Unidas relacionados con la seguridad vehicular. | Dejusticia con imagen de EFE

Elaboramos un informe sobre la relación entre seguridad vial y DD.HH.

La inconsistente aplicación de las regulaciones sobre seguridad vehicular y control de emisiones contaminantes se traduce en efectos desfavorables y hasta mortales sobre el derecho a la salud, la vida y el medio ambiente sano de millones de personas. En este documento lo explicamos.

Por: DejusticiaAugust 27, 2021

Sea para ir al trabajo, al colegio, a la universidad o solo para conocer nuevos lugares, cada día hacemos uso de medios de transporte para trasladarnos de un sitio a otro y movilizarnos por las ciudades. Transportarnos es, entonces, una necesidad que es vital para funciones esenciales como educarnos y recrearnos, así como para impulsar la economía con el transporte de bienes y servicios.

Las formas de transporte son variadas y distintas, pero el vehicular es una de las más habituales. De acuerdo con datos de la Alcaldía de Bogotá, se estima que en la capital y su área metropolitana se hacen alrededor de 2,3 millones de viajes diarios en vehículos particulares.

Sin embargo, con el incremento del transporte vial también aparecen las alertas sobre cómo incide precisamente esta situación en la salud de las personas, que en las vías están expuestas a traumatismos por siniestros de tránsito y a enfermedades respiratorias por la contaminación del aire. La lista de reportes de siniestros viales crece cada día e, incluso, según la Organización Mundial de la Salud—OMS—, las muertes en las vías son una de las 10 primeras causas de pérdida de vidas humanas en el mundo. 

Aunque estas situaciones suelen presentarse como “accidentes”, atribuidos con frecuencia a los comportamientos y/o los estados de los usuarios, la ausencia de estándares de seguridad vehicular y control de emisiones contaminantes terminan impactando, ya sea de manera directa o indirecta, a las vidas humanas.

Para entender mejor los efectos en la salud pública de los siniestros viales, las obligaciones de los Estados en esta materia y entregar algunas recomendaciones al respecto, presentamos el documento Omisiones que matan. Estándares en seguridad vehicular y calidad del aire, su impacto en los derechos humanos de los investigadores Paula Angarita Tovar, Johnattan García Ruiz y Diana Guarnizo Peralta.


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Una de las premisas principales que aborda este documento radica en que el grado de aplicación de las normas de seguridad de los vehículos y de control de emisiones contaminantes sigue variando enormemente de un país a otro, lo que implica que en algunas regiones las regulaciones son adecuadas, mientras que en otros son escasas o inexistentes. Además, si bien el sector vehicular es uno de los principales emisores de gases contaminantes, no todos los vehículos cuentan con las mismas características unificadas para garantizar un transporte más seguro, menos contaminante y más sostenible.

A pesar de que los reglamentos técnicos en materia de seguridad vehicular buscan evitar que los fabricantes y comercializadores ofrezcan a los consumidores de vehículos un nivel de protección menor del mínimo definido por la comunidad internacional y cuenten con dispositivos que controlan las emisiones contaminantes, los Estados aún se quedan cortos en la aplicación de un marco jurídico que garantice los derechos a la vida, la salud, la integridad personal y el medio ambiente sano. Esto, pese a las obligaciones internacionales a nivel global y regional que respaldan este tipo de medidas.

El reporte del estado global de seguridad vial (Global status report on road safety 2018) de la OMS advirtió que para el 2018 únicamente 40 países del mundo implementan al menos 7 de los 8 reglamentos técnicos prioritarios de las Naciones Unidas relacionados con la seguridad vehicular. En América Latina y el Caribe, cuatro países —Argentina, Brasil, Ecuador, y Uruguay— aplican de 2 a 6 normas de seguridad de los vehículos y 24 países no han puesto en práctica ninguna.

Mientras esto ocurre, el problema de siniestralidad vial no da treguas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.35 millones de personas mueren al año a causa de siniestros en las vías, y estos son la principal causa de defunción en los niños y jóvenes de 5 a 29 años. Entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo sufren traumas no mortales que, en la mayoría de los casos, generan algún tipo de lesión.

Un estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en torno a al cumplimiento de los estándares en seguridad vehicular en la región, reveló que la exigencia en los países de América Latina de los Reglamentos de las Naciones Unidas podría llegar a tener diferentes impactos en la salud pública de la población. Dos de los efectos son, la reducción del número de siniestros vehiculares y la disminución en la cantidad de personas que al año mueren y se enferman como consecuencia de la emisión de efectos contaminantes emitidos por los vehículos. Lo anterior se traduciría en una disminución de 1.400 vidas al año que fallecen por los siniestros viales, para Colombia.

En ese sentido, es evidente que el cumplimiento de los estándares en seguridad vehicular y calidad del aire en la región es un asunto crucial, pues de ello depende una posible reducción del número de siniestros vehiculares y la disminución en la cantidad de personas que al año mueren y se enferman como consecuencia de la emisión de efectos contaminantes emitidos por los vehículos.

 

Algunas conclusiones de este documento:

1. Los efectos directos e indirectos sobre la salud pública que se generan como consecuencia de poner en circulación vehículos automotores que no cumplen con la normatividad internacional en torno a los elementos de seguridad vehicular y calidad del aire son variados, pero todos se expresan en vidas humanas.

2. Los Estados deben garantizar y proteger los derechos incluidos en los distintos instrumentos internacionales, en particular en lo relacionado con la injerencia y el daño producido por el sector privado. Para ello, es esencial adoptar y aplicar un sólido marco jurídico que permita a las empresas respetar los derechos a la vida, la salud, la integridad personal y el medio ambiente sano, dando especial énfasis a los grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes.

3. La industria automotriz debe velar porque los vehículos incluyas las tecnologías necesarias —que salvan vidas y permiten reducir la emisión de efectos contaminantes— cuando se venden en países donde la reglamentación es escasa o inexistente, y además deben asumir las obligaciones que el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado, bajo los deberes de llevar actividades de debida diligencia y prevención.

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