Desde junio, cuando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad dio a conocer los primeros resultados de su investigación sobre el conflicto armado colombiano, en Dejusticia comenzamos a hacer una lectura reflexiva sobre los capítulos, con el ánimo de entender estos hallazgos y de contribuir a que la sociedad colombiana haga lo mismo.

Es por ello que durante los próximos meses estaremos compartiendo en nuestra página web y en redes sociales los apuntes sobre nuestras lecturas del Informe Final. Si usted quiere compartir esta información en sus entornos laborales, familiares, académicos o informativos, le invitamos a hacerlo con el hashtag #ElLegadoVive.

En esta primera entrega analizamos el capítulo de Impunidad, del tomo de ‘Hallazgos y recomendaciones’, que nos muestra cómo la negligencia, la falta de acceso a la justicia, el temor y la burocratización se convirtieron en poderosas armas durante el conflicto armado.

¿Cuáles son las principales ideas del capítulo Impunidad?*

*Encuentre el capítulo de Impunidad en las páginas “527-594” del tomo de Hallazgos y recomendaciones del  Informe Final. Las ideas que aquí resaltamos tienen una vocación pedagógica y no resumen la totalidad de este volumen. 

1. En nuestro país, la justicia ha sido controlada por la política, usada al servicio de intereses privados y atacada por actores armados. Este déficit histórico debilita la legitimidad de las instituciones.
   
2. Las cifras de los informes de la Fiscalía muestran que en las conductas relacionadas con el conflicto armado cuatro de cada diez casos reportados no identifican siquiera el grupo que cometió los delitos. El delito de desaparición forzada, por ejemplo, solo fue incluido como un delito en el año 2001. Esto, en un país que tiene más de 120.000 desaparecidos entre 1985 y 2016. (Esta cifra sigue en discusión y no es un reporte exacto).
3. La escasez de recursos técnicos y humanos para cubrir las demandas de la justicia ha generado un doble impacto en términos de impunidad: es un factor de victimización y transmite menosprecio por las vidas de las víctimas que sienten que lo que les pasó a nadie le importa.
4. La justicia no ha logrado llegar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Cuando los funcionarios judiciales y de investigación intentaron adelantar investigaciones con resultados positivos, fueron objeto de amenazas y ataques que obstaculizaron su trabajo.
5. Las justicias de excepción bajo el Estatuto de Seguridad, utilizadas hasta la década del 80, vulneraron el derecho al debido proceso e incrementaron la denuncia de torturas, allanamientos sin orden judicial, desapariciones, anulaciones del derecho de defensa y falta de independencia.
6.  A pesar de los avances en las investigaciones de Justicia y Paz, el derecho a la verdad se vio truncado por las medidas de extradición, que se incrementaron durante el periodo de Álvaro Uribe. Siguen pendientes las investigaciones sobre terceros civiles, agentes del estado no combatientes y presuntos financiadores del conflicto armado producto del esclarecimiento que realizó Justicia y Paz.
7. La CEV señala que en el país no existe una «instancia que sistematice el esclarecimiento que ha brindado la actuación de la justicia y que haga accesible para la sociedad sus hallazgos sobre lo ocurrido con perspectiva de no repetición»–Tampoco existe una memoria detallada de las víctimas que hicieron parte del sistema judicial.
8. No se ha escrito la historia de los jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, abogados de presos políticos o miembros de las guerrillas o litigantes contra las Fuerzas Armadas asesinados, amenazados o bloqueados para el cumplimiento de su deber.

¿Cuáles son nuestras reflexiones sobre el capítulo Impunidad?

1. La justicia es un elemento esencial para frenar la impunidad, garantizar los derechos de las víctimas y combatir la violencia del conflicto.
2. Por eso, como garantías de un Estado democrático de derecho, insistimos en el llamado a la independencia y autonomía judicial, y en mantener la prohibición de mecanismos de excepción que interfieran en la administración de justicia.
3. También enfatizamos en la necesidad de que la oferta de justicia pueda llegar a los territorios de manera integral, y con enfoques diferenciales, para que las mujeres y población LBTQ+ puedan acceder sin barreras.

¿Qué quedó faltando en el capítulo Impunidad?

No hay hallazgos particulares sobre  mecanismos alternativos de resolución de conflictos ni de justicias propias y comunitarias, aunque sí se encuentran recomendaciones al respecto para mejorar la justicia local. 

Es un vacío relevante por varios motivos. Primero, no solo la justicia ordinaria ha sido objeto de persecución sino también la Jurisdicción Especial Indígena, que ha sido relevante para atender y juzgar las graves vulneraciones en los territorios, y que ha soportado el asesinato y amenazas a las autoridades étnicas.

Segundo, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos tampoco han podido actuar de manera eficiente en los territorios, al verse imbuidos por la conflictividad y la desconfianza que la institucionalidad genera en lugares de conflicto.

¿Por qué Colombia debe hablar sobre  la impunidad en el conflicto armado? 

Porque la justicia debe ser concebida como un derecho y un bien público. La CEV hace un llamado a la independencia del sistema judicial y de la Fiscalía para que se planteen mecanismos de rendición de cuentas y de control institucional y ciudadano que permita monitorear sus avances,  fortalecer a los funcionarios y a las políticas de lucha contra la impunidad.