El debate sobre la reforma constitucional a la justicia parece comenzar en serio pues el gobierno presentará su proyecto en los próximos días, luego de intentar infructuosamente durante varios meses concertarlo con las altas cortes. Es importante que los ciudadanos estemos pendientes de este tema pues la reforma a la justicia no es (ni debe ser) únicamente un asunto de especialistas sino que debe estar articulada a una discusión ciudadana vigorosa e informada, pues ahí se juega un poco el futuro de nuestros derechos. En el fondo, el goce efectivo de un derecho depende en parte de que tenga una protección judicial efectiva.

Ahora bien, tengo muchas dudas tanto de procedimiento como de sustancia sobre la propuesta gubernamental.

Primero ¿por qué el gobierno intentó concertar la reforma solo con las altas cortes? Obviamente la visión de las altas cortes es muy importante pero es limitada, pues éstas sólo tienen la perspectiva de quien administra justicia desde la cúpula. La mirada de los jueces de primera instancia o de los usuarios de la justicia, como los abogados o los propios ciudadanos, puede ser muy distinta a aquella de los magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. ¿Por qué buscó entonces el gobierno sólo discutir y concertar con las altas cortes?

Limitar la discusión de la justicia al acuerdo de las altas cortes y el gobierno es como creer que la reforma a la educación es sólo un asunto entre el gobierno y los rectores de las universidades más prestigiosas.

La discusión social sobre la reforma a la justicia ha sido entonces insuficiente: el gobierno debió plantear una consulta más amplia, que incluyera a todos los jueces, a los abogados, a las facultades de derecho y a la ciudadanía en general, antes de que la reforma entrara a la discusión parlamentaria. Como no se hizo, nos toca ahora adelantarla.

Segundo, en cuanto al contenido, no es muy claro que busca el gobierno con esta propuesta de reforma judicial pues hasta ahora ha hablado de modificar varias normas constitucionales relacionadas con la justicia, como las relativas a la tutela o al Consejo Superior de la Judicatura, pero no ha ofrecido ningún diagnóstico ni exposición de motivos sistemático del propósito de estas reformas.

Lo que ha dicho el gobierno es en general bastante vago, como que quiere una justicia pronta y equitativa. ¿Quién puede oponerse a esa pretensión? El problema es cómo lograr esa pretensión, lo cual suponer explicitar qué es lo que funciona y no funciona en la justicia colombiana y como se pretende corregir sus defectos y reforzar sus aspectos positivos. Y hasta ahora ese diagnóstico gubernamental no se conoce.

El diagnóstico es importante pues la justicia colombiana es ambigua y paradójica. Ni es excelente ni está colapsada. Tiene cosas que funcionan bien, incluso muy bien, pero otras son terribles.

Algunos ejemplos de cosas buenas: en general la tutela parece haber logrado una justicia pronta y cumplida, ya que en poco tiempo soluciona temas que afectan intensamente a las personas. Por eso su popularidad. Igualmente, la Corte Constitucional ha logrado evitar abusos, como el uso permanente de los estados de excepción, o la tentativa de Alvaro Uribe por perpetuarse en el poder presidencial. Y la Corte Suprema y a veces la Fiscalía han logrado enfrentar temas complejos de criminalidad organizada.

Pero hay cosas desastrosas: un proceso de reparación ante la justicia administrativa toma unos tres años si el caso se queda en el tribunal de distrito. Pero si va al Consejo de Estado, hay que sumarle unos 10 años más. Y el llamado “choque de trenes” entre las altas cortes, debido a la falta de acuerdo sobre la tutela contra decisiones judiciales, aunque sea excpecional, tiene efectos graves sobre el respeto a las sentencias.

¿Qué es entonces lo que busca mejorar o reformar el gobierno y por qué? No parece claro. Es como si el gobierno tuviera soluciones para problemas parciales, pero no una concepción de conjunto acerca del sistema judicial.

Esa falta de diagnóstico general dificulta el debate de las propuestas específicas pues no se sabe qué pretende el gobierno ni qué tan coherentes son las distintas propuestas de reforma.

Sin embargo, a pesar de eso, debemos también discutir los temas específicos propuestos por el gobierno, como la regulación de la tutela contra sentencias o la supresión o modificación del Consejo Superior de la Judicatura, pues la mayor parte son trascendentales. En Dejusticia hemos hechos propuestas específicas frente a algunos de esos temas, como la tutela contra sentencias, pero son bienvenidas las propuestas y discusiones sobre otros.