Uno de los indicadores señalados como exitosos fue la participación del sector privado en la COP16. Bajo el ropaje de la economía verde, el gobierno nacional y el empresariado buscaron posicionar un mensaje de avances en materia de diversificación económica y transición energética a partir de las oportunidades que ofrece el mercado ambiental. 

En concreto, el evento concluyó con la aprobación oficial de 35 eventos y 240 expositores nacionales e internacionales que estuvieron presentes en zona verde y azul, además de la Feria de Economías para vida que sirvió de preparatorio para la Conferencia, y los conversatorios y eventos privados que se realizaron de manera independiente paralelos a las áreas oficiales de la COP. 

La relación de las empresas con la triple crisis planetaria es innegable. De un lado, no solo enfrentan repercusiones directas de los cambios climáticos, sino que también están entre los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI). Es así como, en 2017, el 66% de las empresas colombianas reportaron impactos significativos debido a fenómenos climáticos extremos como El Niño y La Niña, y solo 100 corporaciones internacionales son responsables del 71% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GHG). Pero también, la apuesta por la solución de este enorme problema ambiental requiere de la generación de otras alternativas económicas más sostenibles que garanticen la conservación y la reproducción de la vida de las comunidades locales que habitan los bosques y los territorios de mayor biodiversidad al mismo tiempo. 

En Colombia, como en otros países, la salida que se ha adoptado es el crecimiento verde. Sin embargo, ante la complejidad del problema queda la duda sobre la capacidad de este tipo de respuestas frente a los desafíos en relación con la desigualdad social y ambiental  y vulneración de derechos humanos que ha soportado el modelo económico.

En este artículo, ponemos de presente dos casos asociados con la gran empresa que consideramos deben ser valorados con mayor detalle antes de celebrar la victoria de Colombia en la carrera por la transición a economías sostenibles  con justicia social. 

Agroindustria vestida de verde: más contradicciones que esperanzas

Desde el aeropuerto hasta la zona azul, el camino estaba plagado con vallas publicitarias que promocionan la COP y el compromiso del empresariado vallecaucano con la protección de la biodiversidad. El lugar de las negociaciones se realizó en Yumbo, municipio industrial rodeado de cañaduzales y empresas papeleras, el cual es reconocido por su relevancia económica y los graves problemas de contaminación atmosférica que lo hace una ciudad que nadie quiere habitar. 

Al igual que varios sectores industriales, el de la azúcar, aprovechó la COP16 para realizar anuncios públicos sobre los proyectos que emprenderán en su compromiso con la biodiversidad. Ante la fallida iniciativa del paisaje cultural de la caña, hubo consenso en la firma de un compromiso para la suspensión de la quema de caña y creación de “la autopista de la biodiversidad”. Esta consistiría en la reserva de un corredor biológico en las rondas de río y humedales presentes en el área cultivada de caña.   

Ésta es una de las estrategias de innovación que ha venido implementando este gremio en los últimos años para atender las demandas de reducción de carbono y su incursión en los mercados verdes con su línea de azúcar orgánica. Y aunque sin duda estas acciones constituyen un mensaje positivo para nuestros indicadores de emisiones, dejan de lado otras demandas asociadas con los derechos humanos y la justicia ambiental. Son ellas, por ejemplo, la vulneración de derechos laborales de los llamados “corteros” de caña, el acaparamiento del agua y la tierra, así como los bajos estándares de aplicación de la debida diligencia en sus procesos internos. Al respecto, hay que advertir que el área cultivada en caña de azúcar es un poco más de 207 mil hectáreas que constituye el 66% de las tierras más productivas de todo el departamento. Es decir, el principal monocultivo regional. Adicionalmente, la construcción de pozos profundos y desviación de rondas hídricas para garantizar un sistema de riego y producción continua durante de las diferentes etapas del año es otra de las denuncias que las comunidades locales han visibilizado incluso previo a la COP.  

Aunque estas contradicciones fueron evidenciadas por el mismo presidente de la república, gran parte de estas empresas contaron con un stand de exposición en la zona verde, la publicidad sobre producción sostenible se sigue transmitiendo y difícilmente los consumidores del mundo puedan saber en qué condiciones fue producida la azúcar orgánica de su preferencia. 

Situaciones como esta evidencian algunos puntos ciegos del discurso de la descarbonización y la reconversión a las economías verdes. De un lado, la esperanza ilimitada en la innovación tecnológica parece ser el mantra de respuesta a todos los desafíos ambientales de la industria olvidando las enseñanzas que nos dejó en el pasado la revolución verde. Por otra parte, espacios como la COP parecen ser interpretados como “una oportunidad de nuevos negocios” más que un reconocimiento de corresponsabilidad y reparación socioambiental. 

Mercados de biodiversidad: la solución basada en la naturaleza que se abrió camino en la COP16

La COP16 fue también escenario para el lanzamiento de la emisión y oferta pública del primer bono ordinario de biodiversidad por un valor de 50 millones de dólares a nombre de un banco colombiano. Este evento se realizó con el respaldo del gobierno nacional, quién a pesar de que meses antes había manifestado la necesidad de “ponerle freno a este mercado” para estudiarlo bien y evitar los problemas del mercado de carbono, celebró la llegada de donaciones internacionales y resaltó los beneficios económicos que trajo la realización de la COP en el país. 

Al igual que el mercado de carbono, los créditos de biodiversidad son estrategias que hacen parte del arsenal de mitigación climática propuestos en estos tratados y convenios internacionales. En el caso del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), está vinculado con la meta 19 de financiamiento, los cuales funcionan como unidades económicas que a través de la emisión de certificados, cuantifica y monetiza en el mercado de valores las áreas con alto potencial ecosistémico y de biodiversidad. En términos simples, es un título valor donde un comprador paga porque una zona se conserve o restaure según sus características de importancia ambiental.    

Complementario a la transición energética, las soluciones basadas en la naturaleza son estrategias que buscan la construcción de nuevos mercados a partir del potencial económico ambiental. La premisa es que los bienes y servicios ambientales son una riqueza no sólo simbólica sino concreta que puede empezar a ser monetizada y constituir un nuevo motor económico “sostenible” de los países tropicales que componen el sur global. Una vez más, el mercado sería la respuesta a las crisis ambientales y de pobreza mundial. 

En la COP16 este mensaje se repitió en muchas partes. Se rastrearon al menos 11 conversatorios sobre el tema en Zona Azul, además de la gran cantidad de eventos privados que se realizaron el día del financiamiento según la agenda oficial. Los protagonistas: la empresa privada y la banca multilateral. Cercarbono fue una de ellas. Empresa amonestada por la Corte Constitucional Colombiana por la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en el caso mercados de carbono en el resguardo Pirá Paraná. 

Ante las críticas, las empresas argumentan avanzar en las lecciones que dejó el mercado de carbono, presentando los créditos de biodiversidad como un modelo de negocio más garante. Sin embargo, hasta el momento estas iniciativas también operan en el mercado voluntario, las metodologías de valoración y certificación de la biodiversidad son disímiles y responden al portafolio de servicios de cada compañía y aunque parecen moverse propuestas, tampoco existe una regulación nacional como ocurrió en el mercado de carbono. Esto constituye una vez más un riesgo para los derechos de las comunidades locales, además de la poca evidencia disponible que garantice su efectividad frente a la contención de la deforestación y la pérdida de biodiversidad.     

La urgencia por encontrar alternativas que armonicen el desarrollo económico y la conservación ambiental es indudable. En este contexto, aunque las decisiones sobre las soluciones de mitigación y adaptación climática se promuevan entre los Estados, las empresas se encuentran al centro de la implementación de estas estrategias. Sin embargo, hacer “atractivo” para el mercado la protección del ambiente y de los DDHH, no sólo es un gran desafío, sino que además puede traer el riesgo de simplificar las complejidades de la crisis continuando la expansión de la economía bajo nuevas banderas, sin reflexionar sobre las causas que nos trajeron hasta aquí.   

Esta dimensión exige una responsabilidad empresarial que se ha puesto en duda principalmente por los actores de la sociedad civil. No basta con promover que las empresas se involucren en soluciones para la adaptación o mitigación climática. Es imperativo, por el contrario, que las políticas aborden las desigualdades subyacentes y se orienten hacia diseños que comprendan las dimensiones de justicia y derechos. Resolver esta crisis requiere una revisión profunda del sistema de impunidad corporativa y la implementación de una diligencia y responsabilidad empresarial que se refleje en las políticas climáticas. Hacer este trabajo, implica además explorar las diferentes escalas de esta crisis, y revisar las dinámicas de poder entre el Sur y Norte Global que perduran en el sistema internacional.