Las empresas son centrales para el mundo moderno. Un país sin tejido empresarial es un país que no crece. En muchos casos son fuente de trabajo, innovación y una vía que facilita el acceso a bienes de primera necesidad como medicinas o alimentos. Sin embargo, en América Latina, hemos sido testigos de cómo muchas empresas han impactado de manera negativa los derechos de las personas y las comunidades donde operan. Las hay que no respetan los derechos de sus trabajadores, no pagan todos los impuestos que deberían, contaminan, persiguen a líderes sociales o interfieren en la construcción de políticas públicas. Este tipo de conductas se ve favorecida por la falta de una regulación estatal que limite el actuar corporativo y les obligue a actuar con la debida diligencia.

Por supuesto, no todas operan de esta manera. Pero las que lo hacen, generan consecuencias tan fuertes en las vidas de las personas y pueden llegar a afectar a una población tan amplia, que alguien tiene que contar estas historias. De eso se trata este Newsletter. De los impactos que ejercen algunas empresas en los derechos sociales, de la ausencia de regulación en este campo y de los esfuerzos de Dejusticia por construir una agenda latinoamericana para impulsar estándares de responsabilidad comunes. 

Los dos artículos iniciales que presenta este Newsletter ilustran cómo las empresas han impactado negativamente el acceso a medicamentos esenciales y ha favorecido la exposición de niños y niñas a la publicidad de ultraprocesados. Nos interesa visibilizar estos casos que han sido poco discutidos, no por ser menos graves, sino por tratarse de afectaciones más sutiles. 

El primer artículo, de Maria Gabriela Vargas, ilustra el caso del Dolutegravir. Un medicamento que es parte del tratamiento de primera línea para las personas que viven con VIH. El tratamiento es ofrecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a 45 dólares al año, pero en Colombia costaba unos 1.235 dólares. La razón está en las patentes de propiedad intelectual que aseguran un monopolio de producción al productor e impiden la competencia. En 2023 Colombia inició el trámite para establecer una licencia obligatoria para este medicamento, con el fin de permitir la fabricación de genéricos que abaraten el coste. Como era de esperarse, las compañías demandaron dicha declaratoria alegando que es desproporcionada y contraria a la legalidad. Sin embargo, las patentes, como cualquier otro ejercicio al derecho de propiedad, pueden ser limitadas cuando se cumplen ciertos requisitos. Tal como pasó durante la pandemia donde junto con otras organizaciones nos unimos para solicitar un  waiver a la patente de vacunas para Covid-19, este tipo de flexibilidades, siempre que estén justificadas bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad, son legítimas, no violan los derechos de propiedad y tampoco limitan la innovación. 

El segundo artículo, de Adriana Torres, muestra cómo las empresas de ultraprocesados utilizan técnicas de publicidad agresiva para dirigir sus productos no saludables (por ejemplo, altos en azúcar, grasa o sodio) a niños y niñas. Estas estrategias inciden en las elecciones de compra de este grupo y crean patrones alimentarios no saludables que pueden llevarlos a padecer de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles cuando son adultos. Normas como el etiquetado frontal de alimentos, las restricciones a la publicidad de estos productos, entre otras medidas resultan efectivas para desestimular el consumo. Esta tendencia, que ya constituye la regla en varios países de América Latina (Chile, Colombia, México, Brasil, Perú, etc.) también empieza a ser adoptada en países europeos como el Reino Unido mostrando que los esfuerzos regulatorios para disminuir el impacto en salud del consumo de este tipo de productos dan resultados y tienden a generalizarse.

Como se ve, en ambos casos lo que está de fondo es la discusión sobre cuál es la normatividad existente para regular el actuar corporativo, evitar que las empresas impacten negativamente los derechos y hacer que respondan por las violaciones causadas. En este campo la región más avanzada es sin duda Europa, que ya cuenta con una legislación establecida. Con el fin de discutir estos avances regulatorios, incluimos en este Newsletter un Blog Global que reflexiona sobre la Directiva de debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. La Directiva, aprobada por el Consejo de Europa en mayo de este año, avanza en el entendimiento de lo que debe ser la debida diligencia empresarial, y complementa las legislaciones que ya existen en Países Bajos, Alemania y Francia. El Blog Global, escrito por Julián Gutiérrez y Berta Flores, discute los avances de esta Directiva, pero también aquellas deudas que quedan con el movimiento social (particularmente del Sur Global) que por tanto tiempo ha reclamado un mayor compromiso de Europa en este tema.

En América Latina todavía estamos en proceso de regular este campo. Se destacan algunas decisiones de la Corte Interamericana, como la  sentencia en el caso de la Oroya, en la que una metalúrgica peruana fue condenada por daños ambientales y a la salud debido a la polución que ocasionó al aire. También se destacan algunos pronunciamientos por parte de la REDESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y algunas iniciativas de ley en Chile, Colombia, Brasil y México que se encuentran estancadas. 

Justamente, atendiendo a la necesidad de reflexionar cómo región sobre el tipo de regulación que necesitamos, nos dimos cita en Bogotá, del 17 al 21 de junio, para llevar a cabo el IV Curso de Empresas y Derechos Humanos.  Fueron 27 profesionales de Perú, Bolivia, México, Chile, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos y Colombia, dentro de los que se incluían asesores empresariales, representantes de organismos internacionales y miembros de la sociedad civil, además de importantes líderes en el campo que actuaron como docentes y panelistas. El curso mezcló componentes teóricos y prácticos para una reflexión latinoamericana sobre lo que significa responsabilizar a las empresas por su quehacer empresarial. Dicha reflexión nos llevó a pensar en modelos regulatorios que no sólo fomenten la prevención y la debida diligencia -tal como lo hace el modelo Europeo- sino que también prioricen la participación de las comunidades y la justa reparación a los daños cometidos. Les presentamos el video de resumen como un abrebocas de lo fue esa semana intensa de discusiones. 

Como ven, el trabajo de Dejusticia en el campo de Empresas y DD.HH, no para. Esperamos que disfruten los artículos y no olviden suscribirse al boletín para conocer más reflexiones sobre derechos humanos desde El Sur Global.