Más que la defensa de la vida, se oponen al aborto para preservar el papel de la mujer como reproductora, sin derechos ni autonomía.

En los últimos días, el aborto ha vuelto ser noticia. A pesar de la multiplicidad de actores y publicaciones, los términos del debate siguen excluyendo la perspectiva de las mujeres. Se sigue planteando la discusión como un enfrentamiento entre el derecho a la vida y la libertad de las mujeres, sin asumir directamente que es un debate entre un modo tradicional de ver la sociedad y el papel de las mujeres en ésta y una perspectiva que ve a las mujeres como ciudadanos plenos.

La renovada atención de los medios al tema ha sido positiva al menos por tres razones. En primer lugar, nos ha recordado a todos que el derecho es dinámico y que se crea en múltiples niveles jerárquicos (como por ejemplo en decretos, directivas internas y decisiones de jueces en primera instancia que definen la viabilidad de los casos, los requisitos exigidos y el procedimiento correspondiente en relación con el aborto) y no sólo en las más altas Cortes, el Congreso y los Ministerios; en todas las ramas del poder y no sólo en la Legislativa; y en distintos puntos geográficos y no sólo en Bogotá. En este sentido ha sido importante explicar que la sentencia de la Corte ha sido leída y aplicada de maneras muy diversas por médicos, jueces, hospitales y funcionarios públicos en distintos lugares del país.

En segundo lugar, nos ha mostrado nuevamente hasta qué punto traducir una batalla política al lenguaje jurídico no la “termina” sino que produce nuevos escenarios y argumentos de debate. En este caso, ante la determinación de la Corte Constitucional de hacer cumplir el fallo, los opositores han planteado una discusión sobre separación de poderes y una sobre la intervención del Estado.

El debate en torno a la separación de poderes se refiere a la posición del Consejo de Estado cuando establece que un decreto, como el expedido por el Ministerio de Protección Social después de la sentencia, no puede reglamentar la Constitución. Sin embargo, este no es el primer caso, ni será el último en el que la administración necesita expedir unos decretos para cumplir con una sentencia.

Frente a los intentos de la Corte Constitucional por hacer que las instituciones de carácter privado se vuelvan garantes de derechos fundamentales (como con la cátedra de educación sexual y la interrupción voluntaria del embarazo) se han vuelto a invocar los argumentos de autonomía de la voluntad privada, libertad de conciencia y libertad de empresa tanto en el sector de la salud como en el de la educación.

En tercer lugar, ha llevado a poner en evidencia las acciones de la Procuraduría en este tema, que de otra manera podrían no haberse hecho públicas. En particular es preocupante que el Procurador General de la Nación, cuya obligación es “1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.” (C.P. art. 277) no haya sido capaz de entender su rol institucional y separarlo de sus intereses personales para acoger las decisiones de los jueces. Nilson Pinilla ha dado ejemplo de esto al salir a defender el fallo de la Corte Constitucional a pesar de haber solicitado su nulidad antes de convertirse en magistrado de la Corte.

Pensamos, sin embargo, que en esta nueva ronda del debate tampoco se ha enfatizado suficiente que el tema de fondo es mantener una visión de la familia, la sexualidad y el papel de la mujer al interior de la sociedad más que la mera defensa de la vida, que ha sido como se han presentado los argumentos de la oposición.

De esta forma, cuando a las mujeres no se les permite la interrupción del embarazo en los casos extremos permitidos por la sentencia (algo que sucede diariamente en este país) la oposición solo se refiere a la vida del que está por nacer y no al sufrimiento de las mujeres violadas o las que conocen que sus hijos no van a sobrevivir después de nacer.

Es esta incapacidad de ver a las mujeres como algo más que vientres ambulantes lo que lleva a que tampoco se pueda entender que a las mujeres les pagan menos, las maltratan, las matan y las violan, no excepcionalmente sino sistemáticamente como lo comprueban las noticias permanentes sobre diferencias salariales, acoso sexual, violencia doméstica y violencia sexual.

Ver a las mujeres simplemente dentro de su rol reproductivo tiene como consecuencia no solamente que no pueda interrumpir el embarazo en los casos permitidos, también tiene consecuencias sobre los trabajos que puede desempeñar (deberían ser compatibles con su maternidad), sobre su sexualidad (solo para reproducirse), sobre su autonomía (los hijos y la familia deben ir primero para cualquier madre) y sobre su tolerancia al dolor (debe aguantar todo pues es la garante de la unidad familiar, del bienestar de sus hijos y del honor de su marido).