Al frente de una institución para la rehabilitación de personas en situación de discapacidad —el CIREC— existe una pequeña bahía, donde se pueden estacionar algunos vehículos sin obstaculizar para nada el escaso tráfico de la calle. Sobre el lado de la bahía no existe ninguna señal que prohíba parquear. Por eso, los familiares de las personas que van a rehabilitación dejan ahí sus carros mientras las acompañan a la terapia. En todos los casos los autos cuentan con el distintivo de discapacidad.

Un día un policía decide inmovilizar los vehículos estacionados en la bahía, sin siquiera indagar por sus propietarios. Éstos, ya bastante atribulados con las dificultades que acarrea la discapacidad, tienen que someterse a los vericuetos administrativos para recuperar sus vehículos.

Lo primero que oyen en la Secretaría es que si aceptan el comparendo les condonan la mitad de la multa (un incentivo poderoso). Sin embargo, una de las afectadas decide impugnar. Entonces le dicen que con seguridad parqueó en un lugar donde estaba prohibido. Ella demuestra que no era así. Los funcionarios de la Movilidad examinan el comparendo y encuentran que la multa había sido por abandono del carro en la vía pública.

Indignada, la propietaria responde que cómo se puede hablar de abandono cuando su vehículo estaba estacionado frente a una institución de rehabilitación y contaba con las señales correspondientes. No hacía falta mucha perspicacia —les dice— para saber que la propietaria del vehículo estaba adentro. A pesar de todo, la Secretaría confirma la multa, aduciendo que el vehículo estaba abandonado en la vía pública.

La decisión de la Movilidad es sorprendente. ¿Acaso no vemos por todas partes autos estacionados sobre las vías, incluso en calles donde está prohibido parquear y en las que existen personas que trabajan día a día como “cuidanderos oficiales”? ¿Y para qué existen entonces las señales de prohibición de estacionamiento? Porque si está prohibido parquear en todas las vías, esas señales lo que hacen es inducir a error al ciudadano.

El Código de Transporte sí establece que se pueden inmovilizar los vehículos abandonados sobre la vía pública. ¿Pero cuándo se produce ese abandono? La Movilidad dice que hay abandono cuando pasan pocos minutos de estar estacionado el auto sin la presencia del conductor, independientemente de si la calle es concurrida y de la condición de las personas. Una interpretación de este tipo favorece la corrupción, pues a diario miles de conductores infringen la norma y los policías tienen que decidir a quién se la aplican.

Pero para el caso relatado lo más importante es que esa interpretación desconoce las obligaciones del Estado colombiano en materia de atención a las personas en situación de discapacidad. Ciertamente, el Estado ha dictado innumerables normas —entre ellas la Ley 1346 de 2009, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— dirigidas a proteger los derechos de estas personas y a favorecer su rehabilitación e integración social. No creo que la interpretación de la Movilidad se ajuste a esta obligación.

La dueña del vehículo considera si debe acudir a la justicia. Pero los costos y el tiempo que ello demanda, y el deseo de pasar la página, la llevan a desistir de hacerlo. Luego, piensa si debe pagar o si mejor espera a que prescriba la multa o a que se apruebe uno de esos recurrentes descuentos para las sanciones impagas. Pero el deseo de olvidar el mal momento la induce a pagar. A pesar de todo continúa considerando que lo que hizo la Secretaría de la Movilidad constituye un abuso. Yo pienso lo mismo.