La defensa de Nieto Loaisa ante la Corte Interamericana por el caso del Palacio de Justicia es realmente ofensiva: es un ataque a la justicia colombiana en vez de una buena representación jurídica del Estado colombiano; y su escrito es una ofensa a la inteligencia, a la verdad y a las víctimas.

Aclaro, para evitar suspicacias, que considero que la principal responsabilidad por los muertos del Palacio es del M-19 por su demencial ataque. Pero esa injustificable toma guerrillera no excusa las atrocidades cometidas por el Estado colombiano en la retoma y en los días posteriores.
La Corte Interamericana debe examinar la posible responsabilidad del Estado colombiano, no por la retoma como tal, sino por las desapariciones ocurridas en las horas y días siguientes a que la Fuerza Pública tomara control del Palacio. Es un drama humano terrible pues son “12 personas de las que se desconoce su paradero”, como lo reconoció el presidente Santos en su discurso del 4 de noviembre de 2010. Son pues familias que llevan más de un cuarto de siglo buscando justicia y que se aclare lo que pasó con sus seres queridos, aún desaparecidos.
Y frente a ese doloroso drama humano y a la posible responsabilidad de Colombia, el abogado Nieto responde con un escrito que ofende por su desprecio al rigor jurídico y al dolor de esas familias.
El escrito es jurídicamente precario. En nuestro blog de La Silla Vacía examino su arrogante pobreza jurídica. Pero lo que más ofende es su desprecio hacia las víctimas y sus familias. A veces con mezquindades, como cuando dedica todo un punto a señalar que una de las víctimas, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, no era “magistrado auxiliar” sino “abogado auxiliar”, como intentando disminuir su importancia. Qué bajeza, pues todas las víctimas merecen nuestro respeto. Pero, además, qué ignorancia, pues durante un período los magistrados auxiliares del Consejo de Estado fueron denominados… “abogados auxiliares”.
Pero la mayor ofensa a los familiares y el mayor error jurídico de Nieto es que se arroga el derecho de concluir, como representante de Colombia ante la Corte Interamericana, que no hubo desapariciones, contradiciendo sentencias judiciales internas, el informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia y las propias declaraciones presidenciales.
El escrito es esencialmente un ataque contra las condenas de la justicia colombiana por esas desapariciones. Nieto actuó entonces como si fuera un abogado que sustenta en un proceso penal interno la apelación de algún militar condenado por esos hechos. Pero su labor era otra: representar al Estado colombiano ante un tribunal internacional de derechos humanos. Nieto se confundió de función y repitió el mismo error estratégico que utilizó en el caso Santo Domingo: atacar a la justicia colombiana en vez de representar al Estado colombiano, con lo cual logró un triple efecto negativo: ocultar la verdad, insultar a las víctimas y asegurar la condena internacional de Colombia.