La nulidad de la elección de Viviane Morales puede trastornar la situación de los procesos penales de varios funcionarios del Gobierno anterior, sobre todo de aquellos que son acusados directamente por la Fiscal. Sin duda el uribismo entiende ésta como una oportunidad que no puede desperdiciar.

Algunos abogados de funcionarios del Gobierno anterior le han apostado a señalar que las actuaciones de la Fiscal perdieron validez como consecuencia del desplome de su nombramiento y han anunciado que pedirán que se revoquen. Pero esto es incorrecto.

Por el contrario, los actos realizados por la Fiscal se mantienen como consecuencia de una vieja doctrina jurídica acerca de los funcionarios de hecho. Estas personas son quienes, de buena fe, ocuparon un cargo con fundamento en un título irregular, con la misma forma y apariencia como la hubiera desempeñado una persona designada regularmente.

En tanto estos funcionarios aparentemente ejercían funciones de manera legítima y así lo percibía la opinión general, sus actos son válidos y están amparados por la presunción de legalidad.

La lógica de esta doctrina es que sería caótico invalidar cientos de actos de funcionarios cuya elección es luego declarada irregular. Es un asunto básico de seguridad jurídica y de confianza legítima de la ciudadanía en los actos públicos.

El Consejo de Estado, quien seguramente decidirá los efectos de la sentencia de nulidad del nombramiento de Morales, ha mantenido esta teoría desde 1963. Al respecto, se pueden observar sentencias de los últimos años aquí y aquí.

Un buen ejemplo es una sentencia de inicios de octubre del año pasado, en la que el Consejo de Estado anuló la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Previendo el despelote que se iba a armar si estos funcionarios dejaban sus cargos en plena época electoral, el Tribunal decretó una nulidad diferida que permitía que los magistrados ejercieran sus funciones unos meses más. Esto demuestra cómo la formalidad acerca de las irregularidades de un nombramiento cede a valores sustanciales más importantes como la seguridad jurídica o la confianza electoral.

Los abogados interesados pueden alegar en los micrófonos lo que quieran. Pero lo que prima son los argumentos jurídicos plasmados en la jurisprudencia.