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Ask the cocalera women, they have answers
During the implementation of the Peace Agreement, women growers should have the opportunity to say in what ways to transform their territories, and how the promise of a peasant and solidarity economy and lasting peace could be realized.
Por: Isabel Pereira Arana |Ā May 27, 2017
“I sow this seed, and as a woman, I commit myself to the task of peace. Because – the men who are here will forgive me – the task was too big for you. “Peasant farmer. Puerto AsĆs. April 2017.
Mientras en Putumayo sienten el ocaso de la guerra, otras angustias con sus posibles dolores permanecen. Las mujeres del sur del paĆs estĆ”n llenas de preguntas y reclamos, pero tambiĆ©n de convicción por defender sus vidas campesinas, y sus territorios como fuentes de vida. Al hablar de los programas de sustitución que hoy ofrece el gobierno nacional, son varias las voces de alerta: āQue esto no sea otro Plan Colombiaā, āNo podemos permitir que nos quiten nuestro territorioā, āQue los anuncios de plata no nos dividanā, āHay muchos que nos quieren confundirā. Insisten ademĆ”s que āarrancan la coca, pero si el Estado cumple con lo que se ha comprometido en tantos paros y marchasā.
El sĆ”bado en la maƱana del 28 de abril confluimos en Puerto AsĆs con cuarenta mujeres de Putumayo, Cauca, CaquetĆ” y NariƱo, en un encuentro de importancia coyuntural e histórica, pues uno de los triunfos logrados en La Habana fue reconocer que el conflicto armado ha impactado de manera diferenciada a las mujeres, y asĆ mismo la construcción de la paz territorial deberĆ” atender a sus vivencias e incluir sus voces. Estos cuatro departamentos del sur concentraban en 2015 el 68% de los cultivos de coca en el paĆs, y tienen ademĆ”s el 10% del total de vĆctimas registradas en el territorio nacional. Tan solo en el Putumayo, el 41% de la población es vĆctima del conflicto armado, segĆŗn el Registro Ćnico de VĆctimas. Sin embargo, en un paĆs donde las drogas y el narcotrĆ”fico han ocupado el debate, sabemosĀ muy poco sobre el rol de las mujeres en la coca. Los estudios sobre las dinĆ”micas territoriales de los cultivos ilĆcitos hablan de hectĆ”reas, familias, veredas, o municipios, pero casi nada delĀ tipo de involucramiento de las mujeres en la economĆa cocalera y de quĆ© maneras la coca ha transformado sus vidas.
Aprovechamos el espacio del encuentro para socializar el Acuerdo de Paz. La lideresa de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) para la región andino-amazónica presentaba a sus compaƱeras lo que quedó sobre la āSolución al problema de las drogas ilĆcitasā. Les mostraba la estructura institucional al mando de esta implementación, que contarĆ” tambiĆ©n con comitĆ©s asesores territoriales, donde hay representación de organizaciones sociales. De toda la avalancha de siglas ā RRI, PDET, PISDA ā surgió en particular una avalancha de preguntas sobre el PAI.
El Plan de Atención Inmediata ā PAI, es un paquete de ayuda de transición que el gobierno entregarĆ” a las familias que tengan cultivos de coca, o que vivan en veredas con presencia de coca. Estas mujeres, hacen varias preguntas sobre escenarios posibles, para saber quiĆ©n sĆ y quiĆ©n no entrarĆ” al PAI. Por ejemplo: Āæuna familia que haya erradicado recientemente, recibirĆ” esta ayuda? ĀæA quiĆ©n en la familia se consignarĆ” el dinero? ĀæAl hombre? ĀæA la mujer? Āæ50/50? ĀæLos proyectos productivos de corto plazo serĆ”n concertados con las familias? ĀæQuĆ© pasarĆ” con los raspachines? ĀæCómo se va a diferenciar entre los que estĆ”n estables en los territorios y quienes se van moviendo? ĀæSi una familia recibe subsidios de otros programas de gobierno, serĆ” tambiĆ©n incluida en el PAI? ĀæCómo hacer para que este proceso no genere conflictos comunitarios? Todas estas dudas reflejan la evidente necesidad de hacer efectiva la participación de las mujeres cocaleras en el diseƱo e implementación de las intervenciones dispuestas por el Acuerdo de Paz.
AdemĆ”s, parece que en el rĆo revuelto de la construcción de paz, hay quienes quieren sacar su tajada. Se habla de que EjĆ©rcito y PolicĆa cobran a los campesinos por no erradicar, que āles dejen tomar la foto de un par de matas arrancadas y les pasen 300 mil pesosā. Los politiqueros quieren hacer su agosto, y cobrar cuotas por ingresar a las familias en elĀ Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso IlĆcito (PNIS), aun cuando el ingreso a dicho plan no tiene costo alguno.
Hablamos tambiĆ©n sobre el tratamiento penal diferenciado que trae el Acuerdo de Paz, y el posible impacto que tendrĆ” sobre las mujeres cocaleras, sus familias y vecinas judicializadas. Les explicamos que para recibir este beneficio judicial, el Gobierno exige compromiso con erradicación de todos los cultivos ilĆcitos, y que el incumplimiento de esos acuerdos de sustitución conllevarĆa a consecuencias graves, como la rejudicialización y la exclusión de los programas del punto 1 y 4 del Acuerdo. AllĆ surgió la pregunta del millón: āĀæQuĆ© condena hay para el Estado si incumple?ā.
Por momentos es difĆcil escoger entre la esperanza y el miedo. Nuestro silencio fue incómodo, pues lo cierto es que no existe una sanción para el incumplimiento del Estado. Para las mujeres es claro que ellas han cargado el estigma y las consecuencias de nacer y vivir donde viven, sin que el Gobierno haya cumplido las promesas de bienestar y desarrollo. En estos territorios, donde los aƱos oscuros del Plan Colombia, y el ruido de las avionetas hacĆa llorar a los niƱos al saber que acabarĆan con el sustento de sus familias, el Estado tiene la colosal tarea de reconstruir la confianza con sus ciudadanos. El recuerdo de amargura y dolor que trae la āfumigaā y el desplazamiento, resulta ser lo primero que asocian al Estado. Dicen con tristeza que āPor acabar las drogas, tambiĆ©n vinieron a acabar con nosotros como seres humanosā.
En el entretanto, los presurosos delegados del Gobierno llegarĆ”n a iniciar la negociación de los Acuerdos de Sustitución. Las mujeres saben que el trabajo serĆ” arduo: transformar sus fincas, ordenarlas bajo el conocimiento de la tierra, sembrar productos que garanticen la soberanĆa alimentaria, tener comercialización y generar ingresos suficientes para el sustento familiar. Para emprender esta tarea, habrĆa que empezar por reconocer, de manera franca y honesta, que el Estado, les ha fallado a las campesinas cocaleras, por obra y omisión. Es inaudito que las comunidades del Naya tengan que atravesar a lomo de mula, una trocha durante nueve horas para llegar a la carretera, y que a esos lugares sĆ haya llegado el Estado para fumigar, pero no para construir. Para este y próximos gobiernos en Colombia, todo avance en la construcción de la paz territorial estarĆ” mediado por su capacidad de ser humildes ante el dolor que han vivido, lo que han perdido, y lo que la guerra se llevó a su paso.
Desde la humildad, se podrĆ” empezar a construir la paz, con mujeres cocaleras que no solo tienen preguntas sino muchas respuestas. Son ellas quienes deberĆan tener hoy la palabra para decir de quĆ© maneras transformar sus territorios, apostarle a la economĆa campesina y solidaria, y exigir el respeto del Estado para definir la paz estable y duradera. Solo desde el reconocimiento y aprendizaje de numerosos fracasos, se podrĆ” empezar a construir con honestidad, de la mano de mujeres defensoras de sus vidas y sus territorios.
Posdata: Agradecimientos especiales a las lideresas de Fensuagro y de la COCCAM, por su trabajo cotidiano en defensa de los derechos de las mujeres campesinas y la construcción de paz y su invitación a participar en el Encuentro.